No todos los argentinos que usan criptomonedas lo hacen por las mismas razones. Hay quien guarda USDT en una billetera porque el plazo fijo en pesos no le alcanza para cubrir la inflación. Hay quien compra Bitcoin todos los meses como plan de ahorro de largo plazo. Y hay quien interactúa con protocolos DeFi para prestar, tomar prestado o generar rendimiento sin intermediarios. La Clarity Act, si se convierte en ley, les habla a los tres de maneras muy diferentes.
La Digital Asset Market Clarity Act (aprobada el 14 de mayo en el Comité Bancario del Senado con 15 votos a favor y 9 en contra, en una votación que incluyó a dos senadores demócratas) es un texto de 309 páginas que establece por primera vez un marco federal para el mercado de activos digitales en Estados Unidos.
Divide jurisdicción entre la SEC y la CFTC, regula stablecoins, protege la autocustodia y define condiciones para los desarrolladores de software. Aún debe pasar por el pleno del Senado con 60 votos y reconciliarse con la versión de la Cámara. La Casa Blanca apunta al 4 de julio como fecha de firma. Pero el texto ya existe y sus efectos ya comenzaron a preverse.
La pregunta para Argentina no es abstracta. El país tiene uno de los niveles de adopción cripto más altos del mundo. Chainalysis lo ubicó en el top 15 global por años consecutivos. Millones de personas usan USDT como refugio contra la inflación, decenas de miles tienen posiciones en Bitcoin y Ethereum, y una comunidad de desarrolladores construye en DeFi con creciente actividad. Para todos ellos, lo que pase en Washington tiene consecuencias directas.
Ahorristas en USDT
El capítulo de stablecoins es el más claro del proyecto y el que tiene consecuencias más directas para el perfil de usuario más común en Argentina. Se trata de quien guarda dólares digitales porque no confía en el peso.
Raúl Mihura, abogado especialista en Bitcoin y profesor en criptoeconomía en la UCEMA, identifica el primer gran efecto: "Lo primero parecería que va a resultar en un éxito de los emisores y operadores de stablecoins centralizadas por sobre los bancos. El programa del gobierno siempre fue utilizar las stablecoins como plataforma para la colocación y 'exportación' de bonos del tesoro. Por ello creo que se estará aprobando una regulación que permita alguna forma de incentivos financieros para la tenencia y operación de este tipo de stablecoins."
En términos prácticos para el argentino, las plataformas que ofrecen USDT o USDC van a tener más respaldo legal para expandir sus productos en mercados emergentes. Eso significa tasas de rendimiento sobre stablecoins con más certeza jurídica, mayor competencia entre plataformas por captar usuarios, y la posibilidad de productos que vinculen stablecoins con bonos del tesoro estadounidense (una forma de invertir en treasuries sin abrir una cuenta en EEUU).
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Claves de la Clarity Act
Karina Caudillo, Manager Regional de OKX, pone el foco en el efecto indirecto: "Este tipo de avances en Estados Unidos suelen generar un efecto cascada sobre otros mercados, especialmente en Latinoamérica. La región viene mostrando altos niveles de adopción cripto, pero todavía enfrenta desafíos vinculados a previsibilidad regulatoria, acceso financiero y atracción de inversiones. Cuando una economía líder establece reglas más claras, también acelera conversaciones regulatorias más maduras en otros países."
Inversor en Bitcoin y Ethereum
El segundo perfil es quien acumula Bitcoin y Ethereum como inversión. También sale favorecido por la Clarity Act, aunque de forma menos directa.
Con la clasificación de BTC y ETH como materias primas digitales bajo jurisdicción de la CFTC (y no como valores bajo la SEC) las instituciones financieras estadounidenses tienen vía libre para incluirlos en portfolios, fondos de pensión y productos de gestión patrimonial sin el riesgo legal que hasta ahora frenaba esa exposición. Eso implica mayor demanda estructural de largo plazo para ambos activos.
Los ETF de Bitcoin al contado (que en 2025 captaron más de u$s35.000 millones) son solo el inicio de lo que puede venir. Si las instituciones tienen certeza regulatoria sobre qué pueden y no pueden tener en cartera, el flujo hacia BTC y ETH puede crecer de forma sostenida. Para el inversor argentino que acumula estos activos mes a mes, eso se traduce en mayor profundidad de mercado y, potencialmente, menor volatilidad en las correcciones.
Caudillo conecta ese escenario con el contexto argentino: "Argentina es uno de los mercados con mayor nivel de adopción de activos digitales en la región, impulsado por la necesidad de protección frente a la inflación y por una comunidad tecnológica muy desarrollada. La experiencia de Estados Unidos puede servir como referencia para avanzar hacia regulaciones que promuevan innovación, protección al usuario y desarrollo económico, sin frenar el crecimiento del ecosistema."
Usuarios DeFi
El tercer perfil es el que sale peor parado del análisis de la Clarity Act, y es también el que menos aparece en los titulares.
Los usuarios y desarrolladores de protocolos DeFi (quienes prestan, toman prestado o generan rendimiento sin intermediarios a través de contratos inteligentes) enfrentan un texto que, por un lado, incluye la Blockchain Regulatory Certainty Act para proteger a desarrolladores no custodiales, pero por el otro abre una cláusula que permite procesamiento criminal si existe "intención específica" de facilitar transferencias ilícitas.
Mihura es categórico sobre este punto: "En las reformas de la Clarity Act están primando los intereses gubernamentales de supervisar el sector, y están dejando puertas abiertas para la persecución de personas y de soluciones innovadoras en DeFi. Esto es muy preocupante para todo el mundo, porque ya hemos visto cómo el gobierno norteamericano avanza contra las personas y las herramientas, sin límites territoriales."
El caso Roman Storm (desarrollador de Tornado Cash procesado por el Departamento de Justicia por el protocolo de privacidad que construyó) fue el ejemplo recurrente en la audiencia del Comité. Según fuentes consultadas durante la sesión, las nuevas disposiciones no habrían impedido ese procesamiento.
"El interés del gobierno está en maximizar el control y la recaudación fiscal, y para ello les resulta atractivo limitar las finanzas descentralizadas y la libertad. Siempre con el cuento del financiamiento del terrorismo, el narcotráfico y las armas de destrucción masiva. Por eso, en el corto plazo soy pesimista", concluye Mihura.
Para Argentina, donde protocolos DeFi operan con usuarios que mueven activos entre billeteras sin intermediarios, la extraterritorialidad del enforcement estadounidense no es un detalle menor. Si Washington puede perseguir a desarrolladores de código abierto en cualquier jurisdicción, como hizo con Storm, ningún desarrollador argentino que construya herramientas de privacidad o protocolos sin custodia queda completamente aislado de esa amenaza.
Lo que el BCRA y la CNV deberán decidir: adaptarse o resistir
El efecto de mayor escala de la Clarity Act sobre Argentina no pasa por los usuarios individuales, sino por las instituciones que regulan el sistema financiero local. Y aquí el análisis de Mihura llega al punto más incómodo.
"El efecto en Latinoamérica, por la fuerte influencia de los Estados Unidos, creo que va a ser fenomenal. A muchos gobiernos podrá no gustarles y seguramente no están preparados para esto, pero la avanzada de las stablecoins como medio transaccional, y también de ahorro, y de inversión puede causar una reducción en la demanda de las monedas locales y en los poderes efectivos de los bancos centrales para financiar el gasto público mediante política monetaria."
La mecánica es simple. Si el marco regulatorio más influyente del mundo convierte al USDT y al USDC en instrumentos financieros con respaldo legal, rendimiento y accesibilidad masiva, la demanda de pesos argentinos (ya erosionada por décadas de inflación) enfrenta una competencia nueva: no informal, sino institucionalizada por Washington. El BCRA tiene dos opciones estratégicas:
- Puede adaptarse (profundizando la regulación de PSAV, habilitando más productos cripto en bancos y construyendo un marco que capture parte del valor de esos flujos)
- Puede resistir con controles que, como enseña la historia argentina, nunca ganaron la batalla contra la demanda de dólares
La CNV, que ya regula a los proveedores de servicios de activos virtuales, tiene la posibilidad de posicionarse como referencia regional si actúa antes que sus pares latinoamericanos.
La Clarity Act no es ley todavía. Necesita 60 votos en el pleno del Senado, reconciliación con la Cámara y la firma presidencial. El 4 de julio es una fecha ambiciosa; los meses de implementación técnica son una certeza. Pero el texto ya existe, el debate ya ocurrió y las consecuencias ya son previsibles.
Lo que diferencia a Argentina del resto de América Latina no es su marco regulatorio, que todavía tiene brechas, sino su base de usuarios. Millones de personas que ya usan USDT, ya compran Bitcoin y ya interactúan con DeFi son el activo más valioso que cualquier política regulatoria puede capitalizar o dilapidar.
Washington establece reglas más claras y eso acelera conversaciones regulatorias más maduras en otros países. Argentina tiene la oportunidad de ser el país de la región que convierte esa aceleración en ventaja competitiva. O puede esperar, como casi siempre, a que las reglas las escriban otros y lleguen ya hechas.
