La proporción de créditos en situación irregular para el segmento de familias alcanzó el 11%. Un año antes era del 2,94%, casi el cuádruple. No es un pico coyuntural, la morosidad lleva 16 meses consecutivos de ascenso y registra su valor más alto en más de dos décadas.
La distribución del problema no es uniforme: llega al 9% en bancos y 25% en fintech y otros proveedores. El BAPRO calcula que el 18% de los argentinos sufre atrasos, mientras un tercio tiene dificultades para pagarlo.
La raíz del fenómeno es clara: entre 2019 y 2025, las tasas nominales de entidades no financieras casi duplicaron a las de los bancos. En algunos, hasta llegó al 820%. Con salarios que no acompañaron, la brecha terminó en catástrofe.
Antes de hablar de diferencias, hay que entender el denominador común. Tanto bancos como fintech reportan a la Central de Deudores del BCRA (Cendeu) y las consecuencias de aparecer allí son las mismas independientemente del acreedor.
"El sistema clasifica a los deudores en cinco situaciones según los días de atraso", resume a iProUP el experto analista en consumo Gabriel Meloni. Va desde situación 1 (normal) hasta 5 (irrecuperable).
Esa clasificación es pública, consultable y la usan todos los actores financieros para evaluar el otorgamiento de créditos. "Aparecer en situación 3 o superior, ya sea por una deuda bancaria o fintech, bloquea el acceso a financiamiento en todo el sistema", asegura Meloni.
El plazo para que un incumplimiento genere consecuencias es similar. "Los atrasos entre 31 y 90 días comienzan a deteriorar la calificación. Con más de 90 días, la situación pasa a 'irregular' en todos los sistemas", precisa Santiago Gorla, abogado especialista en fintech.
La diferencia legal más importante entre ambos acreedores no está en los intereses ni en la clasificación, sino en los instrumentos de cobranza compulsiva disponibles. Y el riesgo de deberle a un banco es peor que a una fintech.
En los casos más extremos, el impago prolongado con un banco puede derivar en la inhabilitación de fondos y otros activos. Las entidades financieras son acreedoras con capacidad de ejecutar garantías reales (hipotecas, prendas) si el crédito las tiene y congelar cuentas bancarias, sueldos y bienes registrables a través de la Justicia con procesos relativamente ágiles.
En segundo lugar, el pagaré, el resumen de tarjeta o el reconocimiento de deuda tienen fuerza ejecutiva directa, lo que acorta el proceso judicial significativamente.
En cambio, las fintech suelen tener instrumentos de crédito con fuerza ejecutiva menor o nula. "Un préstamo digital no documentado con pagaré requiere una demanda ordinaria para ejecutarse judicialmente, un proceso más lento y costoso para el acreedor", puntualiza Gorla.
Eso no las deja sin herramientas (pueden iniciar acciones civiles, ceder la cartera a un estudio de cobranza o a un fondo de recupero) pero el camino es más largo y, en créditos de monto bajo, frecuentemente no resulta rentable ejecutarlo.
Esa asimetría explica, en parte, por qué la mora en fintech supera el doble que en bancos. El costo de recupero judicial es proporcionalmente mayor en créditos pequeños, lo que hace que muchas plataformas prefieran absorber la pérdida, ajustar el scoring y cerrar el grifo antes que litigar caso por caso.
Hasta 2024, la estrategia bancaria ante la mora era imponer sanciones, reportar a la Central de Deudores y judicializar los impagos. Ante la escalada actual, ya no es viable ni rentable. La mejor opción pasó a ser refinanciar, extender plazos o, en algunos casos, condonar intereses para recuperar el capital.
Entidades públicas como los bancos Nación y Provincia implementaron programas de refinanciación con condiciones diferenciadas según nivel de ingresos y grado de mora, incluyendo tasas reducidas y plazos de hasta 72 meses.
Las cámaras bancarias (ADEBA, ABA y ABE) también discuten una propuesta concreta: refinanciación del saldo a tasa fija de hasta 30% nominal anual y sin costos operativos adicionales.
El dato crítico es que estos acuerdos no se comunican masivamente, porque pueden generar malestar entre los clientes cumplidores. Es decir, existen, pero el deudor tiene que pedirlos. Quien no lo sabe, no accede.
"Si tenés una deuda, tenés que mostrarte preocupado por la situación y dispuesto a resolverla", aconseja un abogado financiero. En ambos sectores aplica la misma condición: el sistema no se acerca al deudor, éste debe dar el primer paso. Y cuanto antes lo haga, mejores serán las condiciones.
En las fintech, el mecanismo es similar pero más ágil. Los deudores deben comunicarse a través de la app o chat de atención para recibir opciones personalizadas.
Mercado Pago, que tiene líneas de crédito activas con 6,3 millones de clientes, revela su enfoque: "Buscamos mantener una comunicación proactiva a través de múltiples canales y ofrecer herramientas que faciliten la regularización. El objetivo es ayudarlo a sanear su situación para que, en un futuro y si lo necesita, pueda acceder a financiamiento".
Este año, el BCRA achicó una asimetría histórica entre bancos y fintech. A través de la Comunicación A 8411, sumó a los Proveedores de Servicios de Pago (Mercado Pago, Naranja X, Personal Pay y otros) al Grupo A de su régimen disciplinario, el mismo que rige para la banca. Así, una caída en una billetera puede tener impacto sancionatorio y reputacional similar.
Pero la convergencia regulatoria tiene un límite estructural: a partir del 1° de abril, la garantía de depósitos bancarios se duplicó de $25 millones a $50 millones. Los usuarios de billeteras carecen de un seguro similar: sus ahorros quedan expuestos a pérdida total ante problemas financieros de la plataforma.
Esa diferencia no es menor para quien tiene deuda en ambos sistemas. El banco que ejecuta también garantiza los depósitos hasta ese límite. La fintech no ofrece el mismo paraguas.
Además, el BCRA emitió una norma que regula a los Proveedores de Servicios de Pago, exigiendo mayor transparencia y herramientas más robustas de supervisión, mientras el Congreso debate el proyecto "Segunda Oportunidad", que contempla reestructuración de deudas con intervención estatal y un tope para que las cuotas no superen el 30% de los ingresos. La intención es que salga antes de julio.
La mora récord de 2026 expuso algo que el boom crediticio de 2024 había ocultado: dos mercados de crédito que funcionan bajo reglas distintas, atienden a poblaciones distintas y cobran de forma distinta cuando algo sale mal. En ambos casos, la variable que define es el tiempo. Cada mes que pasa sin negociar cierra una puerta y abre otra más cara.