La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un capítulo inédito: la Justicia detectó movimientos de criptomonedas del jefe de Gabinete en plataformas de activos digitales.
El hallazgo pone en el centro del debate cuánto –y cómo– puede rastrearse la actividad cripto de un ciudadano argentino.
La fiscalía a cargo del fiscal Gerardo Pollicita detectó operaciones en exchanges de criptomonedas luego de que se levantara el secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni, su pareja Bettina Angeletti y las sociedades que ambos integran.
Los primeros informes de más de 20 exchanges –entre ellos Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango– confirmaron que Adorni realizó movimientos de "entrada y salida" con activos como BTC, ETH y USDT. Las fuentes judiciales aclararon que aún no se estableció en qué año se realizaron esas operaciones.
El punto más sensible es que en la última declaración jurada presentada por el funcionario no figuran operaciones con criptomonedas para el período fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2024, cuando la normativa establece que este tipo de activos digitales deben consignarse entre los bienes personales del funcionario.
La causa, en paralelo, ya acumulaba una cifra considerable de erogaciones en efectivo. En poco más de un año, el jefe de Gabinete movilizó u$s349.640, una cifra que la Justicia considera desproporcionada respecto a sus ingresos como funcionario público y cuyos comprobantes de bancarización o facturación no aparecen en los registros evaluados por la fiscalía.
Entre esos gastos se cuentan remodelaciones en un country, vuelos internacionales y estadías de lujo en el Caribe. Según trascendió, algunos de los datos arrojados por los exchanges darían cuenta de movimientos de montos "menores" en comparación con las cifras en efectivo que figuran en la causa. No se descarta la posibilidad de ampliar la información recibida con un estudio de "trazabilidad".
Adorni, por su parte, afirmó que todo quedará clarificado cuando se conozca su declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025, negando la veracidad de las cifras aportadas por el contratista que declaró haber cobrado en efectivo y sin factura.
Para entender el alcance de la investigación, conviene aclarar cómo funciona el almacenamiento de criptomonedas. A diferencia del efectivo, las divisas virtuales solo existen en la blockchain, una base de datos que recopila cada una de las transacciones que ocurren en la red. El usuario requiere de una clave privada –una larga lista de caracteres– o una frase semilla –secuencia de 12, 18 o 24 palabras– que le permiten acceder a su cuenta.
Expertos en el sector señalan que hay cuatro tipos de wallets o billeteras para guardar las divisas:
La distinción más relevante en términos de rastreabilidad es entre wallets frías y calientes. Tanto las de papel como las de hardware son llamadas cold wallets o billeteras frías, ya que no están conectadas a Internet y, por lo tanto, no pueden ser hackeadas. Las de software, en cambio, se denominan hot wallets.
Desde el ecosistema cripto, especialistas en fintech advierten que los exchanges son comparables con un banco: el usuario es propietario de las criptomonedas, pero no se encarga de su custodia. Esa delegación implica, entre otras cosas, que la plataforma queda en posición de responder a requerimientos judiciales o regulatorios.
La elección entre una u otra billetera no es menor. Según analistas del sector, si el objetivo del inversor es apostar a largo plazo y priorizar la seguridad, lo más indicado es almacenar el capital en una billetera fría. En cambio, si la intención es operar con frecuencia, un exchange resulta más conveniente, aunque implica mayor exposición regulatoria.
Aquí reside la clave del rastreo judicial: los exchanges y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) no son cajas negras. En Argentina, están sujetos a un marco regulatorio que los obliga a reportar información tanto al fisco como al organismo antilavado.
Desde fines de 2019, la ex AFIP –hoy ARCA– implementó un régimen informativo específico (Resolución General 4614), que obliga a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y a los sujetos que gestionan activos virtuales a reportar sus operaciones de manera mensual. Este régimen tiene como objetivo identificar movimientos de dinero relacionados con el comercio de criptomonedas.
Entre las obligaciones concretas, se encuentra informar ingresos y egresos que superen los $400.000 y saldos de cuenta que sobrepasen los $700.000, valores que se actualizan cada seis meses. Un exchange extranjero sin presencia directa en el país no está obligado a informar a ARCA, pero si usa una rampa fiat local – como un PSP argentino –, esa empresa sí debe cumplir la resolución, lo que genera un control indirecto.
Además del régimen fiscal, la Unidad de Información Financiera (UIF) tiene sus propias exigencias. La UIF impuso nuevas obligaciones a los PSAV mediante la Resolución General N° 49, entre las que se incluyen reportes sistémicos sobre movimientos de clientes y transacciones sospechosas, medidas que buscan prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.
En marzo de 2024, la Comisión Nacional de Valores (CNV) sumó otro nivel de control: una modificación de la Ley 25246 introdujo la figura de los PSAV bajo su supervisión, estableciendo un registro específico al que exchanges nacionales y extranjeros deben inscribirse. Empresas como Binance ingresaron a ese registro mediante una sociedad extranjera.
Lo que hace particularmente relevante este capítulo de la causa es la posibilidad de reconstruir el origen y destino de los fondos digitales. El avance en el rastreo de fondos digitales a través de exchanges y plataformas locales e internacionales representa un cambio de método en el seguimiento de presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito en funcionarios públicos.
Según la información disponible, nuevos análisis de "trazabilidad" de criptoactivos podrían ampliar el alcance de la causa y derivar en requerimientos adicionales a proveedores de servicios de pago.
La fiscalía avanza en la consolidación de la información pendiente y aguarda nuevos datos de billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas para precisar el monto total involucrado en las operaciones asociadas a Adorni y a Angeletti. También pidió al Banco Central que aporte el historial completo de cuentas desde enero de 2022.
El caso Adorni, en ese sentido, funciona como un espejo del nuevo ecosistema financiero argentino: uno en el que las criptomonedas ya no son un refugio opaco, sino activos trazables, regulados y completamente auditables cuando la Justicia lo requiere.