El Gobierno oficializó la Ley de Inocencia Fiscal, una medida que busca sacar a la luz los dólares guardados en el colchón, mediante un esquema simple para quienes decidan regularizar su situación.
La publicación del decreto puso en marcha el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, que plantea menos controles sobre el patrimonio, pero más exigencia en la facturación que se informa ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El punto central de la iniciativa es el "Régimen simplificado de Ganancias", pensado para patrimonios de hasta $10.000 millones. Este esquema ofrece tres beneficios principales:
La ley también redefine los límites que convierten un incumplimiento en delito penal: la evasión simple pasa a considerarse desde $100 millones, y la agravada desde $1.000 millones.
Además, el plazo de prescripción se acorta: de cinco años baja a tres, reduciendo el margen de acción del fisco.
También incorpora mecanismos para regularizar deudas y define nuevas sanciones. Estos son los puntos principales:
El objetivo de la medida es reforzar las reservas y dar un marco de previsibilidad a la inversión privada.
El Gobierno asegura que los dólares declarados bajo este régimen no serán perseguidos, lo que abre una nueva oportunidad para quienes mantienen ahorros en efectivo fuera del circuito financiero.
Si bien desde la Casa Rosada remarcan que la ley busca incentivar la regularización voluntaria de patrimonios no declarados, algunos sectores de la oposición y especialistas tributarios advierten sobre los riesgos de promoverla sin mayores controles.
Con la entrada en vigencia de la reglamentación, el Ejecutivo aspira a que los llamados "dólares del colchón" se conviertan en un recurso para dinamizar la economía, ampliar la inclusión financiera y reducir la fricción tributaria que históricamente marcó la relación entre contribuyentes y Estado.