La norma redefine el régimen penal tributario con montos actualizados por inflación y beneficios para quienes regularicen su situación fiscal
07.01.2026 • 14:15hs • Reforma fiscal
Reforma fiscal
Ley de Inocencia Fiscal: qué cambia para los contribuyentes
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iproup.com/assets/jpg/2022/11/31609.jpg)
La Ley de Inocencia Fiscal redefine el vínculo entre contribuyentes y Estado.
La norma, sancionada por el Congreso el 26 de diciembre de 2025 y promulgada el 2 de enero de 2026 bajo el número 27.799, introduce un cambio de paradigma en materia impositiva, con reformas que buscan:
- simplificar trámites
- actualizar umbrales de punibilidad
- dar mayor previsibilidad a quienes cumplen con sus obligaciones
Entre las principales modificaciones, la ley eleva los montos mínimos para que la evasión sea considerada delito penal.
Por ejemplo, la evasión simple pasa de $1.500.000 a $100.000.000, algo que implica un cambio sustancial en la condición objetiva de punibilidad.
Este ajuste busca que la Justicia se enfoque en casos de mayor gravedad y liberar al sistema judicial de procesos menores.
La norma también introduce la Declaración Jurada Simplificada, un mecanismo pensado para reducir la carga administrativa de los contribuyentes y facilitar la regularización de ahorros no bancarizados.
Prescripción tributaria: plazos más cortos y unificados
El régimen está destinado a contribuyentes con patrimonio inferior a $10.000 millones y ganancias menores a $1.000 millones, siempre que no sean considerados grandes contribuyentes. Estas condiciones deben cumplirse de manera concurrente en los dos ejercicios previos.
Con este esquema, se pretende que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones de manera más ágil y transparente.
Otro aspecto relevante es la ampliación de los supuestos de extinción de la acción penal por pago.
En adelante, quienes cancelen íntegramente su deuda podrán evitar la denuncia penal, priorizando la recuperación de fondos por parte del Estado antes que la sanción.
El beneficio de extinguir la acción penal por pago se concede una sola vez por contribuyente.
En determinados casos, la cancelación debe incluir deuda, intereses y un 50% extra en concepto de multa, abonados dentro de los 30 días hábiles posteriores a la imputación.
Más detalles de la nueva ley
La ley también toca cuestiones de fondo al modificar artículos del Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimiento Tributario y el Código Civil y Comercial de la Nación.
Además, introduce cambios en normas vinculadas a la prescripción, como las leyes 23.660, 23.661 y 14.236.
La reforma unifica los plazos de prescripción bajo la Ley 11.683 y, en determinados supuestos, los reduce de diez años a tres o cinco.
En conjunto, estas reformas buscan dar mayor seguridad jurídica y limitar la arbitrariedad en la aplicación de sanciones.
Para el Gobierno la Ley de Inocencia Fiscal marca un cambio de paradigma a favor del ciudadano, poniendo fin a lo que se consideraba una persecución penal y administrativa injustificada. En ese sentido, espera que el nuevo marco equilibre la relación entre Estado y contribuyentes, con reglas más claras y previsibles.
Los montos establecidos se actualizarán mediante la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), algo que busca evitar que queden desfasadas frente a la inflación.
