La Oficina Anticorrupción determinó que Javier Milei no infringió la Ley de Ética Pública al mencionar el proyecto "Viva la Libertad Project" y su criptoactivo $LIBRA desde su cuenta personal en la red social X.
La resolución, firmada por Alejandro Melik, titular del organismo que responde al Ministerio de Justicia, se tomó tras una investigación que analizó la conducta del Presidente y otros funcionarios por sus publicaciones vinculadas al proyecto.
Según el informe, no hubo delito ni uso indebido del cargo en la difusión del contenido, pese al impacto económico y judicial que generó la promoción pública de la iniciativa financiera en redes.
¿Qué dice la resolución sobre Milei y $LIBRA?
La resolución del 5 de junio analiza si Javier Milei difundió el proyecto "Viva la Libertad Project" desde un ámbito privado o si usó recursos públicos para promover intereses personales.
Esta investigación se enmarca en una causa judicial que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, bajo la jueza María Romilda Servini, con la Fiscalía Federal N° 3 a cargo del fiscal Eduardo Taiano.
Según el texto firmado por Melik, "no se ha detectado la existencia de un procedimiento, acto o contrato estatal respecto del referido proyecto y/o el criptoactivo $LIBRA".
Además, se indica que "dicho posteo, no conectado con actos administrativos, sin asignación de recursos públicos, ni acompañamiento institucional, debe interpretarse como un acto de comunicación individual o privada que no ha generado un direccionamiento oficial de políticas públicas".
Por lo tanto, se concluye que no hubo incumplimiento ni uso indebido del cargo en la difusión de este contenido desde la cuenta personal del mandatario.
Por qué Milei quedó bajo la lupa
El 14 de febrero de 2025, Javier Milei celebró en X el lanzamiento del "Viva la Libertad Project", un emprendimiento privado que prometía "fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos" mediante el uso del criptoactivo $LIBRA.
La publicación incluía enlaces al sitio oficial del proyecto y a la dirección del token en Solana, lo que derivó en una súbita suba de la cotización, seguida por una caída brusca, generando sospechas de posibles maniobras especulativas.
La denuncia judicial impulsada por Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad obligó a la Oficina Anticorrupción a abrir un expediente para evaluar posibles faltas éticas del Presidente y otros funcionarios.
La investigación analizó fuentes abiertas, declaraciones juradas, registros de audiencias y documentos oficiales, además de respuestas de organismos estatales sobre los actores vinculados al proyecto.
Se identificaron conexiones con empresas como KIP Protocol, Kelsier Ventures y Tech Forum SRL, y se evaluaron los vínculos con funcionarios, incluyendo el rol de Sergio Daniel Morales, exasesor de la CNV, con antecedentes en el sector cripto.
El análisis integral buscó determinar si existieron conflictos de interés o beneficios indebidos en la promoción del proyecto, en el marco de una causa paralela en la Justicia Federal.
Argumentos y conclusiones de la OA
La Oficina Anticorrupción determinó que el posteo de Javier Milei sobre el "Viva la Libertad Project" no constituyó un acto de gobierno, ya que no implicó uso de recursos públicos ni una decisión institucional.
Para sostener esta postura, el organismo citó jurisprudencia reciente y doctrina comparada, incluyendo fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos que diferencian expresiones personales de actos oficiales en redes sociales utilizadas por funcionarios públicos.
Según la OA, "las cuentas personales —aunque utilizadas por funcionarios públicos—, se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión", siempre que no se asignen recursos ni se ejerza autoridad institucional desde ellas.
También concluyeron que "la publicación sobre el proyecto ‘Viva la Libertad Project’ de fecha 14 de febrero desde la cuenta en ‘X’ @JMilei, no implicó una actividad gubernamental por parte del Dr. Javier Milei".
La Secretaría de Comunicación y Medios, por su parte, aseguró que "no gestiona y/o maneja y/o genera contenidos y/o de otra forma destina recursos para la cuenta personal del Sr. Presidente de la Nación en la red social X @JMilei".
Las respuestas de distintas áreas del Gobierno descartaron cualquier antecedente formal, convocatoria oficial o relación contractual con el proyecto o el criptoactivo $LIBRA, reforzando que se trató de una acción personal sin respaldo estatal.
¿Cuál fue la decisión sobre los otros funcionarios involucrados?
La Oficina Anticorrupción concluyó que Sergio Daniel Morales no infringió normas de ética pública ni incurrió en conflictos de intereses durante su rol como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en relación con el caso $LIBRA.
Determinó que Morales no tenía injerencia directa sobre las empresas vinculadas al proyecto ni sobre su propia firma, Morales Valores S.A.S., la cual no actuaba como agente regulado ni estaba operativa mientras ocupaba su cargo público.
Sin embargo, la OA aconsejó a la CNV evaluar si corresponde iniciar un proceso interno para establecer si Morales accedió a información confidencial que pudiera haber favorecido a los investigados en el expediente "$LIBRA S/ INVESTIGACIÓN".
Además, el dictamen refuerza la validez del cierre del caso contra el presidente Javier Milei, al sostener que no violó la Ley de Ética Pública al promocionar el criptoactivo desde su cuenta personal.
La resolución también establece responsabilidades institucionales futuras, ya que deja en manos de la CNV determinar si amerita profundizar la revisión administrativa sobre Morales y su rol en el sector fintech.