La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de infraestructura bipartidista de u$s 1,2 billones que, si el presidente Joe Biden lo promulgara, haría cumplir nuevas disposiciones en relación con los informes de cripto-impuestos para todos los ciudadanos.
El proyecto de ley de infraestructura fue propuesto por primera vez por la administración de Biden con el objetivo de mejorar principalmente la red nacional de transporte y la cobertura de Internet. Sin embargo, el proyecto de ley exigía estrictos requisitos de reportes para la comunidad cripto, lo que requería que todas las transacciones de activos digitales por valor de más de u$s 10.000 se reportaran al IRS.
El proyecto de ley fue aprobado por primera vez por el Senado el 10 de agosto con una votación de 69-30, que fue recibida con una propuesta de enmienda de compromiso de un grupo de seis senadores: Pat Toomey, Cynthia Lummis, Rob Portman, Mark Warner, Kyrsten Sinema y Ron Wyden. Según Toomey: "Esta legislación impone un mandato de declaración de impuestos sobre criptomonedas muy defectuoso y, en algunos casos, inviable que amenaza la innovación tecnológica futura".
A pesar de la falta de claridad palabra por palabra, el proyecto de ley de infraestructura tiene la intención de tratar a los desarrolladores de software, validadores de transacciones y operadores de nodos de la comunidad cripto de manera similar a los corredores de las instituciones tradicionales.
La Cámara de Representantes aprobó el controvertido proyecto de ley de infraestructura al presidente Biden después de obtener una victoria de 228-206 votos. Además, la comunidad cripto mostró preocupación por la vaga descripción de la palabra "corredor" que, en consecuencia, puede imponer requisitos de declaración de impuestos poco realistas para subcomunidades como los mineros, indicó Cointelegraph.
Como repercusión, la imposibilidad de divulgar las ganancias relacionadas con las criptomonedas se tratará como una infracción fiscal y un delito grave.
Los expertos legales recomendaron enmiendas al proyecto de ley de infraestructura que considera que no reportar las transacciones de activos digitales es un delito.
Abraham Sutherland, profesor de la Escuela de la Universidad de Virginia, citó preocupaciones sobre la decisión del gobierno de EE. UU. de excluir a las subcomunidades cripto del término general intermediarios: "Es malo para todos los usuarios de activos digitales, pero es especialmente malo para las finanzas descentralizadas. El estatuto no prohibiría las DeFi por completo. En cambio, impone requisitos de presentación de reportes que, dada la forma en que funciona DeFi, harían imposible su cumplimiento".