El manejo de los datos personales siempre fue un factor clave para la comunidad cripto. Sin embargo, el viernes pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó un tuit más que inquietante. La propuesta tenía fecha y anunciaba que el próximo miércoles 7 de abril era el último día para que las entidades financieras argentinas envíen los datos de sus clientes que tienen, compran o venden criptomonedas.
En este contexto, el abogado Víctor Castillejo presentó este lunes un habeas data ante el Juzgado Nacional en contra del BCRA para frenar la recolección de datos de la entidad sobre las operaciones relacionadas los activos cripto. Y espera tener novedades para los próximos en quince días.
"Encima lo anunciaron el viernes, fin de semana de Pascuas con poco tiempo. Trabajé todo el fin de semaña para poder presentarlo hoy", afirma a iProUP.
Según el letrado, no solo se propone un tiempo muy corto para informar los datos (este miércoles), sino que se trata de una acción "ilegítima" que vulnera la privacidad de los usuarios.
"Los datos personales tienen un valor determinado y merecen ser protegidos. Mucho más cuando hablamos de los datos financieros de las personas. La intención del habeas data es plantear resistencia a esa base de datos que está tratando de crear el BCRA. La idea es que se elimine o se disocien esos datos y que expliquen por qué están acumulando esos datos, para qué sirven, a dónde los van a mandar y por qué razón. Esos son todos derechos que tenemos los ciudadanos y debemos saberlos", remarcó el abogado.
El letrado adviertió que "no hubo un comunicado", sino que "nos enteramos de casualidad el viernes por medio de un tweet que anunciaba que el miércoles vencía el plazo".
"Nosotros presentamos el expediente hoy, lunes. Ahora estamos esperando que el juzgado nos habilite a presentar adhesiones. Esperamos que el Banco Central dé explicaciones de por qué entiende que tiene potestad para pedir este tipo de información", afirma.
El tuit al que se refiere Castillejo fue dado a conocer el viernes por Franco Amati, representante de la comunidad cripto local. Se trataba de una planilla extendida por una asociación bancaria que, a pedido de la autoridad monetaria, solicita "cierta información que permita identificar a los clientes que posean cuentas para tenencia de criptoactivos o que hayan declarado o se tenga conocimiento que realizan operaciones de compra y/o venta y/o gestión de pagos mediante criptoactivos".
"Se mete de lleno con el derecho a la intimidad y privacidad de las personas, y el derecho a la protección de datos personales. Y también el derecho a que terceros se abstengan de inmiscuirse en el ámbito privado, a no ser que exista una ley mediante la cual puedan restringir ese derecho, y que un Juez lo permita. Consideramos que esta base de datos es Ilegítima", detalla.
En la presentación el abogado expone que el requerimiento viola el derecho colectivo y constitucional de la clase que busca representar y solicita que se lo tome como parte y representante de clase de quienes puedan verse afectados. De esta forma, y si se le hace lugar, miembros de la comunidad cripto podrán adherirse a la denuncia.
"El potencial incriminatorio que tiene es muy grande. Es especial cuando hablás de criptoactivos porque aún hoy se piensa que el que los usa es un delincuente y no refleja en nada a lo que es la comunidad", concluye el abogado.