Aunque no suene políticamente correcto y probablemente yendo en contra de la corriente, en mi opinión la regulación de las criptomonedas por parte de los Estados es beneficiosa.
Seguramente, estas dos primeras líneas hayan hecho causado una cierta resistencia en el lector, pero, si me lo permiten, a continuación me explayaré sobre los motivos que sostienen esta convicción.
Es cierto que la mayoría esta hipersensibilizada a la intervención estatal en todos los asuntos de la vida contidiana, por la excesiva intromisión en la misma, que acota libertades.
Sin embargo, en este caso en particular, que los Estados brinden un marco regulatorio al mercado de las criptomonedas, le otorga legitimidad y lo coloca en el centro de la escena, favoreciendo la discusión, el intercambio de ideas y la adopción por parte de aquellos que no se animan a entrar por falta de conocimiento.
Ahora bien, así como sostengo lo dicho anteriormente, también, debo aclarar que aplique lo expresado, las regulaciones deben ser abarcativas y no incompletas. Lamentablemente, este es el caso de todos los proyectos normativos vigentes en los países de Argentina, Chile, Colombia y España.
El auge del Bitcoin luego del halving de 2020 y la entrada a este mercado de grandes actores institucionales (MicroStrategy, Grayscale Investments, PayPal, Tesla, etc.) ha hecho que gente que nunca había oído hablar de las criptomonedas, se interiorizara en el tema y comprara sus primeros satoshis. Esto llevó a que finalmente se superara el máximo histórico de 20.000 dólares registrado en 2017, y trepara rápidamente de ahí a los 48.000 dólares en apenas dos meses.
Bitcoin ya no es parte de un nicho, sino que ha empezado a popularizarse y a aparecer en los grandes medios de comunicación. El tema ya está instalado y ni siquiera los Estados quieren quedarse afuera.
Este FOMO ("fear of missing out" o "temor a quedarse afuera") estatal ha llevado que las distintas legislaturas a nivel nacional y subnacional presenten diversos proyectos para regular el mercado pero, tristemente, todos se centran en una sola cosa: cómo recaudar más impuestos.
Así como, cuando me consultan a nivel individual sobre cómo hacer trading en criptomonedas, mi consejo es: "Antes de actuar, estudien e interiorícense". La misma advertencia les recomendaría a los legisladores que quieren abordar el tema cripto.
A nivel nacional se han presentado dos proyectos (uno por el oficialismo y otro por el principal partido opositor) para regular el mercado de los criptoactivos.
Si bien ninguno es totalmente abarcativo, el de los legisladores Liliana Schwindt y Marcos Cleri (Frente de Todos)al menos toca ciertos puntos interesantes.
Ese proyecto, sostiene Schwindt, condensó las ideas de alumnos de universidades, y apunta a cuatro principios: protección al consumidor; la prevención del fraude y otras actividades delictivas, promoción de la competencia privada y la innovación tecnológica.
Asimismo, se admiten a las criptomonedas como medio de pago (aunque no de curso legal) y limitado de acuerdo a lo que se quiera abonar (por ejemplo, no se puede usar para pago de cuotas alimentarias ni obligaciones laborales).
Por otra parte, sostiene la necesidad de otorgar licencias a las casas de cambio ("exchanges") y a quienes administren capital ajeno (ejemplo, fondos de inversión o traders).
El proyecto presentado por Ignacio Torres (PRO), también menciona la obligatoriedad de una licencia para la compra y venta, estableciendo que "serán sancionadas las sociedades o personas humanas que "realicen operaciones" con criptoactivos, sin previa autorización. Aunque esto puede ser viable para los exchanges, es completamente inaplicable para el mercado P2P ("peer to peer" o "persona a persona").
La naturaleza descentralizada de las criptomonedas hace que sea imposible controlar a quienes operen con ellas de forma particular. A nivel subnacional, la provincia de Córdoba busca aplicar el impuesto a los Ingresos Brutos a la compra de criptomonedas.
Entendiendo que los exchanges operarán como agentes de retención, y sumarán el monto del mismo al valor del activo, la consecuencia lógica es que los cordobeses vean encarecido el valor de las criptomonedas y se vuelquen al mercado P2P.
Con la creciente demanda de esta modalidad, y ante una limitada oferta, también los operadores P2P encarecerán sus precios. Y esto sin entrar en el detalle de la posible doble imposición que conllevaría la norma al aplicarse tanto a la compra como a la venta.
A pesar de no existir regulación acerca de los aspectos sustantivos de las criptomonedas, distintas autoridades se han pronunciado sobre ellas.
En este sentido, el Banco Central chileno ha señalado que, al no tener un emisor soberano que los respalde y asuma la responsabilidad de mantener su valor, no pueden considerarse como monedas en el sentido legal.
Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha establecido que, bajo el marco legal actual, las llamadas criptomonedas tampoco pueden considerarse valores.
El único organismo que ha creado normas para las criptomonedas ha sido el Servicio de Impuestos Internos, pronunciándose específicamente sobre la tributación de las rentas obtenidas en la compra y venta de criptoactivos.
En tanto que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) autorizó nueve alianzas entre bancos locales y exchanges de bitcoin para que participen en las primeras pruebas del sandbox regulatorio. El plan piloto para evaluar las transacciones con criptomonedas comenzó en marzo y podría extenderse hasta el 2022. El plan de trabajo de la organización consta de cinco etapas de las que ya se han ejecutado dos: aplicación y selección.
Esta actitud tomada por el organismo regulatorio, demuestra una genuina intención por interiorizarse en la materia, antes de tomar medidas o presentar proyectos específicos.Habrá que ver, luego de finalizada la prueba piloto, que camino toma el estado colombiano en esta cuestión.
Otro de los proyectos es el español, netamente recaudatorio. Afirma que las criptomonedas son demasiado volátiles y de escaza circulación como para ser consideradas reserva de valor o unidad de cambio.
Esto claramente demuestra un total desconocimiento de lo que intentan regular ya que asemejan las características del Bitcoin al resto de los criptoactivos. Su único propósito es establecer la obligatoriedad de declararlos como bienes extranjeros a efectos de aplicarle impuestos.
Aunque esto parezca contradecir mi afirmación con respecto a la conveniencia de la regulación por parte de los Estados en el tema abordado, lo cierto es que sería preferible continuar con un mercado desregulado.
Considerando la manera inacabada en que están desarrollándose los proyectos normativos recientes y su ostensible afán recaudador, de ser aprobados, los mismos están indudablemente destinados al fracaso.
*Nicolás Verderosa es abogado, experto en criptomonedas y embajador de la red KardiaChain. Fue jefe de Asociaciones para Latinoamérica de PrimeXBT y es Jefe de ventas para Latinoamerica de Arum Trade.