En el marco de una suba que fijó un nuevo récord histórico para Bitcoin, en Argentina el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil aprobó un documento oficial que impulsa la creación del "Peso Digital Argentino".
Esta iniciativa que busca regular el mercado de las monedas virtuales y que incluye hasta la creación de una criptomoneda que cuente con el respaldo del Estado nacional, provincial o regional.
Según la publicación de 10 páginas bajo el título; "La necesidad de una estrategia Fintech de país", Jalil justificó la iniciativa ante "la falta de oportunidades de inversión" en Argentina y porque la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de coronavirus obligó la implementación de nuevos instrumentos para el sector Fintech.
Pero además, el gobernador estudia la posibilidad de aplicar este tipo de operaciones para las regalías mineras, uno de los polos productivos del norte argentino y que suele necesitar de importantes inyecciones de capital.
"Hay distintos modelos teóricos de evolución de banca en el futuro, pero los límites del modelo actual y el paradigma de internet imponen la necesidad de desarrollar estrategias junto con planes de transición del modelo actual. Hace falta pensar en un nuevo modelo de servicios financieros", sostuvo Jalil en su propuesta.
Según el gobernador, el paso previo para llevar adelante una medida de esta talla implicaría el dictado de un marco regulatorio nacional "orientado a proteger al inversor, velar por la justicia y facilitar la formación de capitales". Asimismo, se debería constituir un organismo de control o bien ampliar las funciones de los existentes.
"Varios países detectaron esta necesidad de regulación ante un mercado en marcado crecimiento y diversificado en monedas digitales ‘de curso no legal’ que creció luego del éxito del Bitcoin", afirmó Jalil. "El desafío es pensar en el desarrollo de una Moneda Digital Argentina o de las Provincias del Norte Grande con respaldo del Gobierno Nacional y/o de los gobiernos provinciales", agregó.
El gobernador evalúa nombres y siglas de la posible unidad de valor, como el Peso digital Argentino (PDA) o del Norte Grande (PDNG), y estarían asociadas a las billeteras digitales y a la ‘tokenización’ de activos privados y públicos.
"La tecnología rompe no sólo las fronteras entre negocios sino que ya está alterando los equilibrios entre países. Aquellos que fomenten ecosistemas emprendedores y de adaptación al medio digital acogerán actividades de mayor valor añadido en sus territorios", explicó el texto oficial del gobierno de Catamarca.
Por otro lado, los controles estatales a las empresas fintech y a las herramientas financieras virtuales, son objeto de debate global actualmente, y en Argentina también está en la agenda oficial.
Debido a esto, el año pasado el Banco Central (BCRA) empezó a fiscalizar su actividad y estableció sanciones para las entidades emisoras que incumplan la ley de Entidades Financieras. Sin embargo, todavía no hay una reglamentación común que establezcan los mismos criterios: tanto el BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF) como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) utilizan distintos conceptos para este tipo de activos.
Ejemplos como Bitcoin, además de mostrar su la alta rentabilidad que se puede conseguir con este tipo de transacciones, sino que demostró su inestabilidad. En 2017, la Comisión Nacional de Valores (CNV) definió a estas operaciones como de alto riesgo por la "falta de regulación específica", "el potencial fraude" y por contar con un "inadecuado acceso a información relevante", entre otros aspectos.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que las inversiones en criptomonedas son susceptibles a las burbujas especulativas y los cambios bruscos en su valor de cambio, que creció en los últimos doce meses de u$s10.000 la unidad a más de u$s40.000. Son tan volátiles que un simple tuit de Elon Musk logró que la moneda crezca un 15%.
Jalil plantea en su proyecto salvar varios de estos inconvenientes con el respaldo de la emisión de una criptomoneda de carácter estatal, lo que "podría resultar en un menor riesgo implícito del capital", a raíz de que la cotización de las monedas digitales cuentan con un "alto componente especulativo". "Ofrecería una inversión más atractiva para perfiles de inversores menos especializados o con relativa aversión al riesgo", afirmó.
En base a esto, mediante la "tokenización" o digitalización de los activos, los eventuales inversores podrán "comprar riesgo empresario" en actividades relacionadas con el desarrollo local, como la explotación de recursos naturales, al sistema financiero y bancario, a desarrollos inmobiliarios, la expansión agroganadera o las energías renovables.
"Los gestores de los proyectos tendrán la posibilidad de acceder a líneas de financiación de muy bajo costo y rápida ejecución, poniendo los capitales del país dentro de un motor productivo que impacta directamente en la creación de empleos, la adquisición de bienes industriales, la implementación de mejoras continuas, en un ciclo de inversión positiva que esteriliza el efecto inflacionario de expansión monetaria", afirmó el gobernador norteño.
Asimismo, las empresas que emiten criptomonedas no estarían de acuerdo la posible intervención del estado. Ya hay dos proyectos de ley presentados en el Congreso para regular la actividad. Recientemente, el último caso fue el de Córdoba: una reciente ley impositiva introdujo una definición legal sobre monedas digitales, que serán pasibles de ser gravadas a través del impuesto de Ingresos Brutos. Jalil puso como ejemplo esa ley para acercar su propuesta oficial, publicó Infobae.