Junio de 2019. Un grupo de estudiantes de Ciencia Política de varias universidades participó de un simulacro en el Congreso para crear una ley que le dé estatus legal a Bitcoin, su tecnología subyacente –la blockchain– y activos criptográficos en general.
Los estudiantes no se hubieran imaginado que, un año y medio después, ese texto se convertiría no sólo en la base de dos proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados. También sería el encargado de abrir dos grietas. La primera ocurrió en el mismo recinto: entre los diputados Ignacio Torres, del PRO; y sus colegas Liliana Schwindt y Marcos Cleri, del Frente de Todos.
Tal como anticipó iProUP, Torres había partido del trabajo de los alumnos para generar un nuevo proyecto, mejorándolo con el aporte de expertos del mundo cripto. Antes de que pudiera presentarlo en el recinto, los legisladores oficialistas ingresaron el propio, con algunos ajustes menores al "TP" original.
El segundo conflicto estuvo centrado en el centro de la comunidad cripto: mientras algunos se muestran a favor del proyecto de ley, otros creen que no hace falta una regulación. Además, parte de los representantes de la ONG Bitcoin Argentina, que reúne a emprendedores y pioneros de la industria, se queja de no haber sido consultados sobre una posible regulación.
La idea original de la iniciativa es crear un marco normativo, ya que Argentina es una de las potencias mundiales en este rubro. No sólo a nivel de uso –se estima que hay unos 900.000 criptoahorristas–, sino también de desarrollo:
En este sentido, las dos iniciativas proponen la primera definición legal de criptoactivo. Torres lo califica como "la representación digital de valor, que usa tecnología blockchain como infraestructura fundamental y puede ser utilizado como medio de intercambio, almacén de valor y unidad de cuenta".
Además, fija las siguientes cuestiones:
La diferencia más importante entre ambos proyectos está dada por la autoridad de aplicación: mientras que el proyecto de la oposición busca que sea AFIP, la CNV o el Banco Central según corresponda, el del oficialismo propone a la Comisión Nacional de Valores.
La idea original de ambos textos es institucionalizar los instrumentos basados en blockchain para permitir que los bancos puedan hacer custodia de criptoactivos, proteger a usuarios para la compraventa y promover la inversión de capital en firmas de esta rama de actividad.
Dentro del ecosistema cripto local apuntan a que podría requerirse la "ayuda" regulatoria para promover el sector, pero advierten que los proyectos de ley no son idóneos y critican no haber sido consultados.
"Bajo el precepto de lo que no está prohibido está permitido, no se necesita una ley. Pero el problema con ello es que no hay certeza jurídica futura", advierte a iProUP Rodolfo Andragnes, cofundador y actual presidente de la ONG Bitcoin Argentina.
En su visión, "cierta certeza puede promover o reducir el incentivo al desarrollo de la industria", pero aclara que las iniciativas actuales, "por estar mal redactadas y no haber sido consensuadas con expertos idóneos, dejan abierta la puerta a la libre interpretación de parte del tenedor de bitcoin o del organismo de control".
"Este espacio es complejo y hay que tener una actitud activa de querer entenderlo antes de limitarlo. A la fecha, la ONG, con más de 150 abogados debatiendo temas de este estilo, no ha sido contactada, pero sí lo fueron alumnos universitarios y algún player", remarca.
El abogado Ricardo Mihura Estrada, ponderado por varios en la comunidad como uno de los letrados que más sabe del tema, afirma a iProUP que "no ve necesaria una clasificación legal" de criptoactivos.
"Las leyes son normas si establecen consecuencias jurídicas, en términos de derechos, obligaciones y sanciones. No le veo ninguna utilidad a una normativa que se entretiene en definir aspectos de la realidad o declamar objetivos de políticas públicas", critica.
Y señala que, "las leyes suelen equivocarse cuando definen la realidad, lo cual genera confusión. Y cuando fijan objetivos suelen obtener resultados totalmente contrarios. Cada criptoactivo existe de manera independiente a cualquier clasificación legal, actual o posible".
Sin embargo, Mihura Estrada, advierte que "el único punto urgente sería una norma, que no necesita ser una ley, puede ser una resolución del Banco Central o una buena sentencia judicial que prohíba a los bancos discriminar a clientes por realizar operaciones con criptomonedas".
"Hay muchos casos en que, por miedo, desconocimiento o competencia desleal, cierran sus cuentas a quienes declaran haber recibido fondos como contraprestación de ventas de criptomonedas, aun cuando pueden justificar perfectamente el origen de su patrimonio", destaca.
Por su parte, Manuel Beaudroit, cofundador de Bitex y CEO de Belo, advierte a iProUP que "la clasificación legal de la actividad, no de la tecnología, permite aclarar un escenario y reducir la incertidumbre de los fondos de inversión".
Sin embargo, resalta que en los proyectos que están en danza "no está bien contemplados los usos, costumbres y potencialidades que tiene la industria: se pone todo en la misma bolsa como si fueran activos financieros tradicionales".
"El hecho de tener certezas sobre la industria y que grandes jugadores se puedan sumar es positivo. Lo negativo es toda la persecución que proponen, como la licencia para la compraventa de activos: es como que te exijan una licencia para que puedas ahorrar en dólares", critica.
Desde la industria saben que el mercado cripto argentino tiene un enorme potencial y temen que una norma pensada con preceptos de las finanzas tradicionales termine en una ley que mate la innovación.
"En la industria no estamos en contra de la regulación per sé, siempre que ayude a que se desarrolle más y mejor. Pero la sensación es que tendrá el 'efecto Lipovetzky'", señala Beaudroit, en alusión al diputado que promovió la Ley de Alquileres para proteger a los inquilinos y provocó una escalada de precios.
Para Mihura Estrada, "algunos aspectos de regulación beneficiosa serían los que permitan la utilización de criptoactivos en ámbitos que ya están altamente regulados".
"Pueden ser instrumentos para canalizar inversiones en el mercado de capitales, de seguros o financiero. Tampoco se necesita ni serviría una ley para esto: con resoluciones de la CNV, Superintendencia de Seguros y Banco Central se podría avanzar muchísimo", asegura el letrado.
Y añade: "En todo lo que se refiere a las relaciones entre particulares, el Código Civil y Comercial y el Código Penal, más la libertad de contratación, son marcos más que suficientes para la industria". En este caso, Mihura Estrada remarca la normativa debería apuntar a las plataformas de compra/venta o inversión y promover:
En todos los casos, el letrado afirma que la norma debería aplicar a las empresas y permitir el accionar libre de los usuarios particulares.
Por su parte, Andragnes adelanta a iProUP que "ONG Bitcoin Argentina está iniciando un camino hacia el desarrollo de un proyecto de ley serio y la idea es hacerlo junto a la Cámara Fintech. Es el punto de partida correcto", remarca el experto. Así, buscarán evitar una regulación negativa.
"Los dos fantasmas que se suelen agitar para construir regulaciones que son explícita o implícitamente prohibicionistas: el lavado de dinero y la protección del consumidor ante estafas o inseguridad tecnológica. No son exclusivas ni típicas de los criptoactivos y se puede atender a ambos objetivos mediante los regímenes generales", remarca.
Como ejemplo de una mala ley, Mihura Estrada menciona a la reforma impositiva de 2017 que incluyó a las monedas digitales dentro de la renta financiera: "Fue un desastre. Por desconocimiento se definió mal el hecho imponible y hoy si vendés un bitcoin o si comprás algo con un bitcoin es imposible saber si tenés que pagar o no Impuesto a las Ganancias y cuánto", lamenta.
Por lo tanto, advierte que existe una "amenaza constante de que aparezca un legislador 'iluminado' con ínfulas de prohibir u obstruir actividades que hoy son legítimas y valiosas, y en las cuales hay emprendedores invirtiendo dinero, know how, reputación y tiempo. Esa inseguridad jurídica sin dudas pesa al momento de invertir".
En el mismo sentido, Beaudroit alerta sobre el peligro de que se "conforme un techo de cristal regulatorio como ocurrió con la ley Fintech de México, que termina matando la innovación y beneficia a los actores que ya están en el sistema".
El experto remarca que Argentina tiene un "potencial inmenso" para desarrollar la industria blockchain por su capital humano, por lo que llama a crear un programa para promoverla.
"El país cuenta con el 25% de los desarrolladores de Solidity (NdR: lenguaje de programación de contratos inteligentes) del mundo. Es infernal esa cantidad de gente y esa revolución del conocimiento es lo que realmente puede ayudar a cambiar el rumbo del país", afirma Beaudroit.
De esta forma, la industria cripto local podría tener en 2021 una ley que permita aprovechar el talento argentino y que ingresen nuevos jugadores, como los bancos y fondos de inversión. El ecosistema espera, como dice Mihura Estrada, que "no arreglen lo que no está roto".