Los damnificados del caso $LIBRA tendrán una nueva oportunidad para volver al expediente. La Cámara Federal convocó para el 10 de agosto la audiencia en la que decidirá si recuperan el rol de querellantes y pueden volver a impulsar la investigación por la presunta estafa.
La definición será clave porque determinará si las víctimas vuelven a tener un rol activo en la causa o si el expediente continúa siendo impulsado únicamente por el fiscal Eduardo Taiano.
El escenario cambió a principios de julio, cuando el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a un planteo de Mauricio Novelli, uno de los imputados, y resolvió apartar a los querellantes particulares del expediente.
La medida alcanzó a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo, quienes hasta ese momento participaban de la investigación como presuntos damnificados.
Para el magistrado, los querellantes no lograron demostrar un perjuicio "real, especial, singular y directo", condición necesaria para intervenir como particulares damnificados.
También consideró que haber comprado el token $LIBRA y haber perdido dinero no alcanza, por sí solo, para acreditar una afectación directa vinculada con la maniobra que investiga la Justicia.
Los afectados apelaron esa decisión y buscarán revertirla en la audiencia que la Sala I de la Cámara Federal el mes que viene: aseguran que el juez descartó de manera anticipada la hipótesis de una estafa y dejó de lado pruebas que consideran clave para la investigación.
Uno de los principales argumentos del recurso es que el caso no puede reducirse a una inversión fallida en una memecoin.
En la presentación sostienen que "esto no fue 'solo una memecoin con riesgo' ni su desplome dependió de las condiciones del mercado" y agregan que "el colapso de $LIBRA no fue una volatilidad del mercado; fue un Rug Pull pre-programado".
Según el escrito, la maniobra incluyó compras automatizadas realizadas segundos antes de la publicación del mensaje de Javier Milei en X, que impulsó la cotización del token, y la posterior extracción de u$s44,5 millones mediante el uso de información privilegiada.
Mientras la Cámara analiza el futuro de los querellantes, el expediente incorporó nuevas medidas para seguir el recorrido de los fondos.
En los últimos días, Martínez De Giorgi ordenó congelar decenas de billeteras de criptomonedas presuntamente vinculadas con la maniobra e intimó a exchanges internacionales para que entreguen información que permita identificar a los titulares de las cuentas.
Los exchanges requeridos son:
El requerimiento incluye documentación de apertura (KYC), registros de conexión, movimientos de fondos y direcciones utilizadas para enviar y recibir criptoactivos. Los exhortos serán tramitados por la Policía Federal y, cuando corresponda, mediante Interpol.
La medida fue impulsada por el fiscal Taiano después de que un informe del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal reconstruyera el recorrido de los activos desde las denominadas "Team Libra Wallets" hasta distintas plataformas de intercambio.
Un especialista en regulación de criptoactivos consultado por iProfesional explicó que la información que poseen las exchanges puede ser determinante para reconstruir la operatoria.
"Estas plataformas tienen información sobre las transacciones, los orígenes, las billeteras de destino, la geolocalización de los usuarios y su perfil. Con esos datos pueden analizar el comportamiento del usuario".
El experto agregó que las plataformas que operan en Argentina están obligadas a responder a un requerimiento judicial, mientras que las radicadas en el exterior suelen colaborar, aunque el intercambio de información demanda más tiempo por realizarse mediante exhortos internacionales.
La resolución que adopte la Cámara Federal no definirá la responsabilidad penal de los investigados, pero sí quiénes podrán participar activamente del proceso durante el resto de la investigación.
Si los jueces revocan la decisión de Martínez De Giorgi, los damnificados volverán a intervenir como querellantes, con la posibilidad de solicitar medidas de prueba, controlar el avance del expediente y apelar futuras resoluciones.
Si confirman el apartamiento, el impulso de la causa quedará concentrado en la fiscalía mientras continúa la investigación sobre el presunto fraude vinculado al lanzamiento de $LIBRA.