La Justicia salteña expuso detalles del fallo, fundamentos y condenas de los imputados en el caso de Generación Zoe en esa provincia, por estafas a más de un centenar de personas, por un monto total que supera los $776 millones.
El documento judicial, de más de 500 páginas, describe cómo la organización encabezada por Leonardo Cositorto desplegó una estructura piramidal encubierta bajo el rótulo de una empresa de coaching y liderazgo.
La organización prometía a los inversores retornos extraordinarios por participar en fideicomisos o en productos con nombres llamativos como el "bot navideño", que aseguraba la posibilidad de duplicar el capital en el breve lapso de tres meses.
En Salta, Generación Zoe tenía oficinas físicas, que eran administradas por personas cercanas a Cositorto, como Ricardo, Jorge y Ana Vilardel, y Vilma Albornoz.
Los testigos Martín Pérez, Javier Araníbar y Leonardo Feans, explicaron que estos socios eran los encargados de captar fondos, administrar el dinero y alimentar la fachada de un negocio rentable y legal.
Las supuestas ganancias prometidas podían chequearse a través de una plataforma digital, aunque ellos entregaban comprobantes, sin ningún valor legar o fiscal, similares a los recibos que se compran en una librería.
Además de las enormes promesas de rentabilidad, la Generación Zoe organizaba eventos masivos donde se sorteaban motos, dinero y bicicletas.
En muchos de estos encuentros, fue el propio Cositorto quien recibía el dinero en mano de los asistentes.
También tenían negocios satélite como:
Todo perseguía el mismo objetivo: dar una apariencia de legalidad y solvencia, aunque el mayor flujo de dinero venía casi exclusivamente de los nuevos aportantes.
El esquema ponzi detrás de Generación Zoe cayó en febrero de 2022, cuando se conoció una orden de detención contra Cositorto.
En ese momento, los responsables locales intentaron desviar la atención lanzando una nueva plataforma, "SUNRISE", y anunciaron que "Zoe Cash" dejaría de funcionar.
Sin embargo, tras la captura de Cositorto en República Dominicana, en abril de ese año, las oficinas locales fueron cerradas y los representantes dejaron de responder.
El análisis de los teléfonos celulares de los implicados fue clave para el juicio.
En uno de los chats citados en el fallo, Ana Vilardel escribió a una persona de confianza: "Tengo miedo de que no se pague y se altere la gente, a mí me chupa un huevo la gente".
A otro contacto le propuso: "Juntamos 100.000 dólares y nos vamos al pingo". La respuesta fue: "Re siii. Nos vamos a vivir a Noruega. De Ley".
Según los testimonios recopilados durante el proceso judicial, muchas personas llegaron a entregar todos sus ahorros, vendieron sus autos o tomaron préstamos con la ilusión de progresar.
Uno de los casos más fuertes fue el de una madre que buscaba pagar una operación para su hijo con discapacidad.
Los jueces remarcaron que el éxito del engaño se apoyó en una combinación de factores como la exhibición de lujos, el discurso motivacional con referencias religiosas, y la imagen de una empresa seria y en expansión.
Las condenas que definió la Justicia:
Las causas contra Cositorto continúan en otras jurisdicciones del país, como Córdoba, Santa Fe y el fuero federal, donde se investigan maniobras similares con alcance nacional.