Por primera vez en Argentina, la Justicia ordenó bloquear una plataforma de criptomonedas debido a que la empresa se negó a proporcionar información en una causa por estafas.
La medida surgió a partir de un pedido de la fiscalía especializada en ciberdelitos de San Isidro, que solicitó bloquear el acceso a la exchange HTX en todo el país.
La razón fue que la empresa no quiso entregar datos sobre el titular de una billetera virtual involucrada en una investigación por fraude.
HTX es una exchange creada en China, con base en Seychelles, reconocido globalmente en el mundo cripto.
Esta es la primera vez que una plataforma de este tipo recibe un bloqueo en Argentina, medida que funciona también como un mecanismo de presión para que estas empresas colaboren con la Justicia en este tipo de casos
El fiscal Alejandro Musso, a cargo de la causa, investiga una denuncia de 2022, donde una víctima, identificada como M.R., perdió alrededor de u$s13.000 en un fraude conocido como "pig butchering", donde el estafador gana la confianza de la víctima para que invierta dinero.
La Justicia argentina bloqueó por primera vez a una exchange cripto
Tras la orden del Juzgado de Garantías N°4, la página y la app de HTX dejaron de estar disponibles en la Argentina.
Al no poder entrar a la plataforma, los usuarios mostraron su enojo en redes sociales, aunque sus fondos no se ven afectados, solo el acceso desde el país.
M.R. denunció que una persona con número del Reino Unido que, luego de ganarse su confianza, lo indujo a invertir en USDT, prometiendo ganancias por "minería con bonificaciones".
En total, la víctima invirtió unos u$s13.000 antes de descubrir la estafa.
Según la fiscalía, el dinero fue transferido a una billetera virtual vinculada al exchange HTX, la cual también recibía fondos de otra billetera relacionada con grupos involucrados en estafas similares y en el esquema Ponzi RainbowEx, que fue desarticulado en San Pedro el año pasado.
El cierre de la plataforma se genera por que la fiscalía solicitó la información KYC ("Know Your Customer"), que es el proceso legal para verificar la identidad de sus usuarios, pero HTX nunca respondió el pedido.
En la Argentina, las exchanges deben estar registrados en la CNV
Existe un antecedente donde HTX rechazó entregar datos argumentando que el trámite debía hacerse a través de autoridades de Seychelles, donde está registrada la compañía.
HTX comenzó en 2013 bajo el nombre Huobi y actualmente tiene más de 47 millones de usuarios en todo el mundo.
En la Argentina, opera desde 2021, y permitía comprar y vender criptomonedas con pesos argentinos.
Desde marzo de 2024, la Ley 27.739 incorporó a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), como las exchanges, dentro de los sujetos obligados a brindar información para prevenir delitos financieros, publicó Clarín.
Estas empresas deben estar registradas en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Actualmente, hay 158 firmas inscriptas en Argentina, aunque se estima que existen más de 800 exchanges globalmente. HTX no estaba registrada formalmente en Argentina.
"Desde el punto de vista penal, entendemos que resulta urgente identificar y bloquear el acceso a todas las plataformas que operan en el país sin registro y sin cooperación judicial", explicó el fiscal Musso.
Repercusiones tras la medida de la Justicia local
Musso añadió que "esta medida no solo fortalecería la transparencia del ecosistema cripto, sino que además brindará seguridad jurídica tanto a los inversores como a las víctimas de delitos vinculados a criptoactivos".
La orden fue comunicada al ENACOM y empezó a aplicarse la semana pasada. Sin embargo, dentro del sector cripto hay dudas sobre la efectividad del bloqueo.
En este contexto, un especialista explicó que los bloqueos de DNS o IP pueden ser eludidas facilmente a través de herramientas como VPN o proxies, por lo que el bloqueo podría no impedir el acceso real.
Además, algunos creen que la acción podría atraer más usuarios hacia el exchange, y aumentaría la actividad en lugar de disminuirla.
Las respuestas de las exchanges a pedidos de información judicial se demoran cada vez más, incluso hasta dos años, algo que dificulta la investigación.
En algunos casos, se evalúan sanciones como la revocación de licencias a las plataformas que no cooperen con la Justicia.
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