La decisión judicial obliga a Argentina a transferir sus acciones de YPF tras perder un juicio por la expropiación a Repsol. El Gobierno apelará el fallo
01.07.2025 • 06:59hs • Fallo clave
Fallo clave
Por qué Argentina debe entregar sus acciones de YPF y cómo impacta en el mercado
Un nuevo capítulo judicial amenaza el control estatal sobre YPF. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir en un plazo de 14 días su participación mayoritaria en la petrolera a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon. La decisión responde a un fallo previo que condenó al país a pagar US$16.100 millones por la expropiación de la empresa en 2012, una cifra que el Gobierno buscará evitar mediante una apelación.
"Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales", aseguró el presidente Javier Milei a través de la red social X.
El conflicto legal se remonta a la estatización de YPF realizada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Argentina expropió el 51% que estaba en manos de Repsol. Dos fondos, Burford Capital y Eton Park, adquirieron derechos de litigio de sociedades quebradas vinculadas al Grupo Petersen, que había tenido un 25% de participación en la petrolera. Esas firmas no recibieron una oferta pública de adquisición, lo que derivó en la demanda.
El fallo generó un fuerte impacto en el mercado local: las acciones de YPF cayeron 5,42% en la Bolsa de Buenos Aires, mientras que las de Metrogas, también bajo su control, retrocedieron 5,6%.
Preska instruyó que, una vez depositadas las acciones en la cuenta de custodia, el banco deberá transferirlas a los demandantes "o sus designados" en el siguiente día hábil. La decisión podría redefinir el futuro de la mayor petrolera del país, que juega un rol central en la matriz energética nacional.
Fundada en 1922, YPF produce el 40% del petróleo y el 30% del gas del país, controla tres refinerías (con la mitad de la capacidad nacional de refinado), participa en la distribución de gas y lidera el desarrollo de energías renovables. También es clave en Vaca Muerta, donde encabeza megaproyectos de exportación de petróleo y gas licuado junto a socios internacionales.
Según su último balance, la compañía cuenta con activos por US$29.714 millones y un patrimonio neto de US$11.908 millones.
La sentencia judicial plantea un escenario de alta tensión jurídica y financiera para el Estado argentino, que deberá definir una estrategia legal urgente para evitar la pérdida de control sobre una de sus empresas más estratégicas.