El Gobierno de Javier Milei derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado en la gestión de Alberto Fernández y que buscaba regular precios de servicios de cable, Internet y celular.
El DNU, conocido como 690, declaraba estos servicios como públicos en competencia, congelando sus tarifas por un tiempo determinado y estableciendo al Estado como ente regulador de los aumentos futuros.
Sin embargo, esta medida fue parcialmente impedida por acciones judiciales interpuestas por las principales empresas del sector.
Aunque podría haber preocupación por posibles aumentos, actualmente los precios no muestran el retraso que podrían haber acumulado en un régimen de congelación total.
Por ejemplo, según fuentes del sector, la tarifa celular está actualmente dos puntos por debajo de la inflación.
La consultora EcoGo señaló que desde 2018, el índice general de precios aumentó un 2.519%, mientras que los servicios de telefonía e Internet se incrementaron 1.631%.
Mediante el nuevo decreto número 302, firmado por Milei y sus ministros, se derogan el DNU 690/20 y ciertos artículos de la Ley Argentina Digital N° 27.078, aprobada en 2014 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.
"Es de suma urgencia liberar el mercado y permitir el libre desarrollo de estos servicios", expresó el nuevo DNU.
En este marco, se eliminó el artículo 48 de la ley mencionada que establecía que "los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".
Además, se derogó el artículo 15 que reconocía el carácter de servicio público esencial de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
De esta manera, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ya no podrá intervenir en la fijación de precios, ni a través del decreto derogado de Fernández ni por los artículos de la ley que también fueron anulados.
El objetivo principal de estas modificaciones es evitar la interferencia estatal en las políticas de precios de las empresas.
Se espera que el nuevo decreto sea publicado en el Boletín Oficial en los próximos días.