El anuncio efectuado por el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, durante el primer debate presidencial, ha desencadenado un debate que se viene sosteniendo en otros países del mundo desde hace varios años.
En el contexto argentino, Massa resaltó la gravedad de la evasión impositiva en el país y enfatizó que la implementación de una moneda digital, o peso digital, podría ser un mecanismo eficaz para reducir significativamente la economía sumergida, que actualmente representa aproximadamente el 40% de la actividad económica del país.
Esta medida se presenta como un desafío clave para el crecimiento económico de Argentina.
Además, Massa destacó que la economía digital desempeña un papel crucial en la lucha contra la corrupción, ya que la transparencia inherente a las transacciones digitales reduce la informalidad y permite una mayor formalización de la economía. En términos de Producto Bruto Interno (PBI), esta formalización es de gran importancia para el país.
En este contexto, subrayó que la moneda digital vendría acompañada de una ley de blanqueo que se caracterizaría por ser amigable, agresiva en un sentido positivo y benévola, con el objetivo de incentivar a aquellos que operan en la economía informal a regularizar su situación.
Días después del anuncio del ministro de Economía, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, respaldó la iniciativa de implementar la moneda digital argentina (MDA) debido a su convicción de que esta herramienta posibilitará el "blanqueo de activos", lo que a su vez permitirá reducir impuestos y abordar el déficit fiscal de manera efectiva.
En su apoyo a esta propuesta, Jalil enfatizó la necesidad de avanzar hacia una economía más digitalizada, eliminando gradualmente el uso de billetes en papel.
Argumentó que esto brindaría un mayor control sobre las transacciones, abordando la tendencia a la evasión fiscal en el país. Además, subrayó la importancia de la participación de entidades como la AFIP, la Aduana y el Banco Central en este proceso.
El gobernador también compartió su experiencia de haber estudiado fintechs en Estados Unidos y destacó la importancia de regular los activos virtuales. Señaló que muchos países ya están avanzando en este sentido y están reformando sus instituciones financieras.
La implementación de la moneda digital argentina (MDA) no solo permitiría el blanqueo de activos y la reducción de impuestos, sino que también contribuiría a la digitalización de la economía y la disminución del déficit fiscal, al tiempo que fomentaría el uso de esta nueva tecnología financiera al reducir impuestos y comisiones.
José Ignacio de Mendiguren, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, ha respaldado la implementación de una moneda digital argentina y ha subrayado su importancia en la reforma del sistema tributario.
De acuerdo con Mendiguren, la moneda digital podría ser una herramienta para construir un sistema tributario más progresivo al expandir la base de contribuyentes.
En la Argentina actual, la evasión fiscal y la economía informal han dado lugar a que un número menor de personas paguen impuestos de lo que deberían, lo que resulta en una carga fiscal más alta para aquellos que cumplen con sus obligaciones tributarias.
La adopción de la moneda digital podría tener un impacto significativo al aumentar la cantidad de transacciones registradas, lo que, a su vez, permitiría reducir la presión tributaria sobre los contribuyentes existentes y atraer a aquellos que anteriormente estaban en la economía informal.
Esta transformación no solo podría mejorar la recaudación de impuestos, sino también contribuir a combatir la informalidad económica en Argentina, beneficiando a la economía y al sistema fiscal en general.
En contexto en el que el poder adquisitivo de los argentinos se erosiona producto de la inflación y el debate se centra en emisión de billetes de mayor denominación, la posibilidad de poner en funcionamiento un "peso digital" puede ser considerada.
"En Argentina podría existir esa posibilidad, pensándolo desde el aspecto de circulación del dinero y el volumen de billetes que se manejan. También, en referencia a los billetes de mayor denominación, esto podría ayudar a una escalabilidad más coordinada y estable. Pero todavía falta mucho en lo que refiere a regulación e implementación de las tecnologías necesarias", señala a iProUP Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango.
Guillermo Escudero, Chief Revenue Officer de CryptoMarket, asegura a iProUP que que una CBDC por sí sola "no genera una solución a la inflación o el tipo de cambio. Podemos tener una moneda digital atada al peso, incluso ya existen proyectos, pero lo que se logra acá en dinamizar los procesos, ser más escalable en operaciones, tener menores costos de transacciones y mejores tiempos".
Además, remarca que "no se solucionan los temas estructurales que dicha moneda fiat tiene por cuestiones propias de los gobiernos, traídos a raíz de una emisión monetaria que generó inflación y que tiene una alta relación con el tipo de cambio, el cual también afecta a la moneda local".
Según el experto, "entre la inflación y el tipo de cambio existe una correspondencia inversa: un aumento de los precios terminaría devaluando la moneda, pues lleva un aumento en el tipo de cambio para mantener los precios reales y alineados con los globales".
"En el caso de que la moneda local pierda valor frente a otras, el precio de los productos o bienes del exterior aumenta e impacta en el costo de producción de una empresa y la inflación. Ninguno de estos factores se resuelve con la creación de monedas digitales de los bancos centrales", completa.
Nicolás Verderosa, abogado y emprendedor cripto, menciona que el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 207/22 que modificó el estatuto de Casa de la Moneda y abrió la puerta para emisión de una CBDC al brindarle las siguientes facultades:
"La emisión de una CBDC implicaría que el BCRA tenga la facultad de emitir una forma digital del peso que sería como dinero de curso legal", enfatiza Verderosa.
Según el experto, esa divisa virtual "se expandiría a través de canales designados por el BCRA, como bancos comerciales o billeteras digitales. También podría incluir transferencias electrónicas o aplicaciones móviles respaldadas por el Banco Central".
Ismael Puccinelli, abogado y analista cripto, advierte a iProUP que el principal escollo del peso digital es el tamaño de la economía informal, ya que "implicaría una herramienta de obstaculización del anonimato que representa el uso de efectivo".
Así, el FMI promueve la generación de una CBDC, pero al mismo tiempo presionó al Gobierno para que desactivara la promoción de criptomonedas como Bitcoin en entidades financieras, que terminó con la marcha atrás de Galicia y Brubank. El organismo busca que los bancos centrales no pierdan soberanía sobre los flujos de dinero.
Camilo Jorajuría De León, vicepresidente de ONG Bitcoin Argentina, advierte a iProUP que un peso digital implicaría "centralizar" todo el control que actualmente poseen el BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). En tanto, para Verderosa, hay dos aspectos a evaluar:
En base a esto último, plantea que esto despierta preocupaciones en cuanto a la privacidad y el monitoreo de las transacciones por parte del Gobierno. En tanto, Puccinelli avisa que su implementación y puesta a punto dependerá enormemente de sus características, por ejemplo detalles sobre su desarrollo y potenciales cadenas de bloques de emisión.
"Las monedas digitales potenciarán al mercado criptográfico entero, ya que los ciudadanos tendrán dos opciones: apostar por las CBDC o por divisas descentralizadas. Si reduce el uso del efectivo, el ecosistema cripto se vería fuertemente beneficiado", resume el experto.
En 2017, Argentina pudo tener su divisa virtual: la Fundación Inclusión Productiva presentó al ex vicepresidente del BCRA, Lucas Llach, un proyecto para la creación del 'Peso Argentino Digital (PAD)', consistente en digitalizar el 100% del activo monetario circulante.
"El PAD aportará una mayor recaudación de impuestos por la evasión actual, estimada en un 30% del PBI, que podrá utilizarse para reparar desigualdades sociales que deja el sistema actual", aseguraba el proyecto.