Swift, que proviene del acrónimo inglés Society for World Interbank Financial Telecommunication, es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de todo el mundo en más de 200 países y supone un pilar fundamental del sistema financiero internacional. Con sede en Bélgica, es una cooperativa compuesta por una junta de 25 miembros y que dirige desde el 1 de julio de 2019 el español Javier Pérez-Tasso.
Como mencionamos, este código es una composición alfanumérica que van entre 8 y 11 dígitos. Los primeros 4 caracteres identifican al banco, los 2 siguientes el país de origen y los otros dos la localidad (en el caso de 8 dígitos).
Los últimos tres números son totalmente opcionales y sirven para identificar la sucursal desde la que se está haciendo la transferencia. Se pueden usar las siglas "XXX" cuando se trata de la sede central.
Actualmente, el código SWIFT tiene un rol protagónico en materia financiera mundial. A día de hoy, este tipo de código es utilizado por más de 10 mil instituciones financieras para enviar mensajes y órdenes de pago.
La relevancia mundial de este código es que, actualmente, no existe una alternativa a ella, por lo que es indispensable para las finanzas internacionales.
El uso de Swift supone "un arma nuclear financiera", ya que permite bloquear a las entidades financieras rusas el acceso a las transacciones con el resto del mundo, ha señalado Le Maire tras una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE sobre las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania. Le Maire ha anunciado este viernes que la UE estudiará "en las próximas horas" el posible bloqueo a Rusia.
Por su parte, el jefe de la diplomacia europea y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, ha asegurado este viernes que si las sanciones aplicadas contra Rusia no han incluido su exclusión del sistema de pagos Swift es porque, por el momento, no ha habido suficiente consenso, pero no descarta que esta medida se aplique en el futuro. A pesar de las discrepancias, tanto Francia como España han manifestado que son partidarios de que se excluya a Rusia de este sistema de transferencias, que por ahora se ha dejado fuera del segundo paquete aprobado.
Sacar a las entidades rusas de Swift, como ya ocurrió con algunas iraníes a raíz de las sanciones europeas del 2012, supondría cortar sus lazos financieros con el exterior al impedirles recibir divisas o realizar transferencias por sus transacciones comerciales. Pero al mismo tiempo afectaría a los países europeos, cuyos bancos están muy expuestos a la economía rusa. La última vez que se planteó marginar a Rusia de la plataforma Swift fue en el 2014 y entonces Moscú calculó que su PIB caería un 5%, lo que le llevó a establecer su propio sistema de mensajería financiera a escala doméstica, aunque solo se usa en el 20% de transacciones internas.
La embajada de Ucrania en Reino Unido pidió este jueves a las potencias occidentales aplicar diez sanciones económicas «urgentes» a Rusia por la invasión de su país, que incluyen excluir a Moscú del sistema SWIFT para transacciones financieras y de los mecanismos de pago Visa y Mastercard.
La embajada dirigida por Vadym Prystaiko colgó en su página web esta propuesta poco antes de que el primer ministro británico, Boris Johnson, anunciara en el Parlamento una nueva batería de medidas contra el Kremlin
La embajada ucraniana en Londres pidió también hoy «dejar de comprar petróleo y gas rusos» y «prohibir la inversión extranjera en Rusia y que los fondos de pensiones de los gobiernos occidentales inviertan en activos rusos».
Kiev propone asimismo «sancionar todas las transacciones secundarias de deuda y acciones rusas, del sector público y privado» y penalizar al Banco Central Ruso, entre otros.
La embajada insta a impedir «las transacciones en rublos con bancos occidentales», «retirar a Rusia de los índices de inversión en bonos y acciones» y congelar activos extranjeros rusos, lo que ya han hecho en buena medida Estados Unidos, el Reino Unido y la UE.
Ucrania conmina además a ir más allá en las sanciones a personas vinculadas al régimen del presidente Vladímir Putin, para que cubran no solo la congelación de activos y de visados, sino también la revocación de pasaportes y la repatriación a Rusia.