En una gran apuesta, el Ministerio del Interior adquirió dos programas informáticos en los últimos dos años: uno de reconocimiento facial automatizado y otro sobre ciberpatrullaje.
En esta inversión, el primero es un software adquirido en febrero de 2020 tras una licitación pública que le costó al Estado u$s648.913 y un mantenimiento durante tres años de u$s238.178. El objetivo es distinguir a un criminal a través de las cámaras y reconocer su identidad de manera automática gracias a una base de datos.
Pero además, en marzo las autoridades adquirieron un software que analiza las interacciones sociales para identificar grupos criminales. Este programa, llamado Ucinet, es producido y comercializado por la compañía Analytic Technologies, a la cual el ministerio le compró dos licencias en 2020.
Por su parte, el Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc), una organización que vela por los derechos de los ciudadanos en la virtualidad, propuso al gobierno una mesa de diálogo para entender su uso y riesgos.
Esta organización lo hizo en el marco del quinto plan de acción nacional en la cual el gobierno le pide a la sociedad civil que proponga ideas o iniciativas que fortalezcan la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación y colaboración ciudadana y la innovación tecnológica. La idea es "cocrear" compromisos de parte de las autoridades sobre distintos temas.
Datysoc propuso la idea es generar un "instrumento de transparencia y espacio de participación ciudadana para la corregulación de los nuevos sistemas de vigilancia tomando en cuenta sus efectos sociales y el impacto en los derechos humanos".
El objetivo es que aumente la confianza de la ciudadanía en las actividades policiales "garantizando la existencia de protocolos y el buen uso de los sistemas de vigilancia automatizados en la actuación policial".
"Existe un proceso de gobierno abierto, que cristaliza en compromisos del gobierno. Eso está en plena construcción. Este mecanismo tiene su utilidad. En este caso Agesic (la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información) convocó al Ministerio del Interior en este tema porque había un reclamo de la sociedad civil", indicó Patricia Díaz, una de las integrantes de Datysoc.
En una de las charlas que mantuvieron este jueves con los integrantes de Datysoc con miembros de esa cartera se les explicó que la ley de acceso a la información pública no está siendo una "herramienta eficiente de transparencia" debido a que colocan la placa de "reservado" a todas las solicitudes sobre el tema.
De hecho, el consultor Gustavo Gómez hizo un pedido formal sobre una noticia divulgada en un portal de Salto en la que un abogado aseguraba que el área de Delitos Informáticos tenía identificadas a más de 200 mil personas por "expresiones con tonos de aparente delictivo".
Tras hacer la consulta a través de la ley de acceso a la información pública le respondieron que esa información era reservada. La respuesta llevaba la firma del ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
"Hay documentos públicos que nombran a Ucinet como una herramienta para hacer ciberpatrullaje. Pero no sabemos para qué la usan, cómo la usan, cómo la contrataron", expresó.
En cuanto al tema del reconocimiento facial automatizado, "no está explicado el alcance que tiene en un documento público, ni el protocolo de actuación", conlcuyó.
Fuente: El Observador.