El Ministerio de Educación, Nicolás Trotta, y el de Interior, Wado de Pedro, firmaron un convenio esta semana para que los estudiantes universitarios puedan validar su identidad en los trámites y evaluaciones on line, mediante reconocimiento facial.
En el contexto de la pandemia y de la educación a distancia, la intención es que los alumnos deban demostrar su identidad de esta manera en la plataforma del Sistema de Información Universitaria (SIU). Para lograrlo, se utilizará la tecnología del Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente de la cartera de Interior, que será quien le preste asistencia técnica al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) para la verificación de identidad de alumnas y alumnos de universidades públicas nacionales y provinciales.
El secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, explicó que uno de los problemas que surgieron con la modalidad virtual "es que no se podía validar la identidad de un estudiante del otro lado de la pantalla" y que fue entonces cuando surgió la idea de integrar la Identidad Digital del Renaper en el sistema.
Paralelamente a la firma de este convenio surgieron objeciones desde organismos de protección de derechos civiles. En esa sintonía, aparecieron pedidos de acceso a la información, como el que formuló la ADC (Asociación de Derechos Civiles). Según Leandro Ucciferri, de ADC, hay varios aspectos a considerar cuando se llevan a cabo estos anuncios: "Por un lado, si previo a la implementación de la tecnología se llevaron a cabo las evaluaciones de impacto en derechos fundamentales.
En este caso están en juego derechos como la protección de datos personales, la privacidad, la no discriminación y el acceso a la educación. Por otra parte, si se realizaron análisis sobre la necesidad y proporcionalidad, es decir, si esta medida es la más indicada para resolver el problema que se busca solucionar de la manera menos perjudicial para los derechos en juego", explica el especialista. "A esta situación también se suman otros problemas, como puede ser introducir trabas innecesarias para personas con discapacidad si no se tienen en cuenta aspectos de accesibilidad digital en el software", continúa.
Según Trotta "el reconocimiento facial será una herramienta disponible a la que las universidades que suscriban podrán poner en la reglamentación que no sea obligatorio". Perczyk agrega que "no teníamos otra solución que funcionara en escala. Otra que nos garantice que es confidencial, segura y que tenga protección de los datos. Y esto es propiedad del Estado. Y el Estado es el único que tiene las identidades de todos, que certifica la identidad de todos".
El sistema del Registro Nacional de las Personas funciona como un servicio que es utilizado por más de 150 instituciones públicas y privadas. Entre los clientes se encuentra Migraciones, AFIP, ANSES, PAMI, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Transporte, el Poder Judicial, Poderes Legislativos y billeteras digitales o bancos. Con la pandemia, y con la necesidad de la verificación de identidad a distancia, se profundizó su uso.
Santiago Rodríguez, el director del Renaper, asegura que lo único que hace el Sistema de Identidad Digital es confirmar, a partir de una foto, si esa es o no la persona que está del otro lado, validándolo con la base de datos digital, que "siempre queda del lado del Renaper". "Luego esas imágenes enviadas se borran automáticamente", sostiene. "Los datos -continúa Rodríguez- no están en la nube. Y quien se encarga de buscar la coincidencia es el software de la compañía NEC", agrega.
"Lo que no es menor -responde Ucciferri- es que si hay un problema nunca se piensa en las alternativas. Si de repente el sistema te dice que no reconoce, no hay alternativa de uso", explica. Incluso hubo casos donde no hubo coincidencias entre el sistema de identidad digital y el Renaper. "Esto muchas veces genera trabas más que facilidades", agrega el especialista.
La ADC, con el anuncio, hizo un pedido de acceso de información al Ministerio de Educación y del Interior. Entre otras cosas, formularon las siguientes preguntas: ¿Hubo intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) a través de algún dictamen u otra manera para controlar que la iniciativa se adecua a la normativa sobre protección de datos personales? ¿Fueron analizadas otras medidas posibles para validar la identidad de los estudiantes sin depender del uso de reconocimiento facial? En total, es un cuestionario con 26 preguntas, informó La Nación.