A través de una Acordada, el Superior Tribunal de Justicia de la Río Negro decretó que a partir del 1 de agosto, todos los fueros del Poder Judicial tendrán expedientes íntegramente digitales, desde el inicio de la tramitación hasta la sentencia.
Según expresaron los jueces en el documento publicado, el objetivo de la medida es procurar una mayor celeridad en los procesos, la descongestión de las mesas de entrada, "aún más transparencia en la información, ahorro de insumos y el cuidado del ambiente".
El STJ explicó que, en contexto de pandemia, esta modalidad permite una mayor independencia relativa de los estatus sanitarios de cada región, ya que para muchos operadores del sistema que no se encuentran en cabeceras circunscripcionales, implica un acortamiento en las distancias y tiempos.
En la Acordada se define al expediente digital como el "conjunto de actos procesales, accesibles por las partes a través de los sistemas de publicación y gestión del Poder Judicial de Río Negro, constituidos por datos, documentos, trámites y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales correspondientes a un proceso judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga y el formato en el que se hayan generado".
El sistema de expedientes on line (SEON) fue desarrollado por el propio Poder Judicial a través del área de Informatización y regirá para los fueros civil, laboral, de familia y de Juzgados de Paz.
En el caso de los procesos ya iniciados por la MEED, continuarán su tramitación digital. Aquellos que tramitaron en papel, se resguardará el expediente físico pero a partir del 1 de agosto todos las presentaciones y decisiones nuevas se harán en modo electrónico.
El documento cuenta con un anexo donde se detallan los procedimientos de trabajo de los organismos. Prevé, además, un plazo de adaptación al nuevo sistema para los operadores, donde se buscará subsanar eventuales inconvenientes en las presentaciones.
El STJ explicó que, en contexto de pandemia, esta modalidad permite una mayor independencia relativa de los estatus sanitarios de cada región, ya que para muchos operadores del sistema que no se encuentran en cabeceras circunscripcionales, implica un acortamiento en las distancias y tiempos.