Las cifras del sector son elocuentes: 88% de las compañías sienten el impacto de la caída de la actividad producto de la cuarentena. En el caso de las pequeñas y medianas, el número de damnificadas asciende al 91%, mientras que en aquellas que poseen menos de 50 empleados es del 73%.
Las cifras, que denotan urgencia, corresponden a la industria argentina de software y servicios informáticos, un sector que gracias a su fenomenal expansión internacional pudo sortear en los últimos años el reguero de crisis económicas que se fueron acumulando, uno tras otro, en el ya maltrecho entramado industrial argentino.
Sin embargo, esta ventaja aparente no lo dejó inmune al avance del coronavirus, un fenómeno inédito en su alcance, ya que impactó a todo el mundo por igual. Como consecuencia, el derrumbe de múltiples negocios tuvo una espectral sintonía en todo el mundo.
El alcance del COVID-19 no conoce de fronteras; por ende, las empresas vinculadas a la llamada industria "4.0" no tuvieron donde refugiarse, tanto fronteras adentro como en su propio país.
Esta situación inédita tuvo además otro "palo en la rueda": el retraso de la promulgación de la esperada nueva versión de la Ley de Economía del Conocimiento, que otorga beneficios a las empresas del sector y que, hasta ahora, se mantuvo cajoneada a la espera de la apertura de las sesiones parlamentarias.
Vale repasar el recorrido de la iniciativa, no exento de turbulencias:
- En febrero, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma a la norma impulsada durante la gestión de Mauricio Macri, que había logrado su promulgación por unanimidad en el Senado el año pasado
- Sin embargo, la administración de Alberto Fernández consideró que esa ley "dejaba afuera" a las pequeñas y medianas firmas y que, además, contemplaba un costo fiscal diseñado antes de la profundización de la crisis
- En este marco, frenó su vigencia, al tiempo que la Secretaría del Conocimiento, encabezada por María Apólito, comenzó el trazado del nuevo borrador del que participaron también otras dependencias del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Todo indicaba que el proyecto se convertiría en ley a fines de marzo. Pero el coronavirus "metió la cola": las sesiones se suspendieron y el sector, que factura más de u$s3.000 millones anuales (y más de u$s7.000 millones si se suman otras unidades de negocios) quedó pedaleando en el aire a la espera de una norma que, en momentos de parate total, se hace más urgente que nunca.
Mayo aparece ahora como la línea de largada. Y tanto para el gobierno como para las empresas, se trata de una Ley que deberá estar en la "pole position" apenas se reanuden las actividades del Poder Legislativo.
Según pudo confirmar iProUP, el proyecto oficial será tratado este mes, si se logra consenso para la apertura del Congreso. En principio, presenta algunas diferencias sustanciales respecto de la iniciativa delineada por el macrismo, aunque intenta mantener parte de su esencia. - La Ley aprobada en 2019 reducía la tasa del Impuesto a las Ganancias a 15%, y permitía que si una empresa sustentaba buena parte de su funcionamiento (70%) en actividades promovidas, todas las rentas de la compañía pagaban esa alícuota
- Ahora la tasa será del 30%, pero establece que los beneficiarios del régimen tendrán una reducción del 60% en el monto del gravamen (aunque únicamente para actividades promovidas). Esto, en rigor, debería incentivar a que se desarrollen más actividades de este tipo.
- En cuanto a las contribuciones patronales, la actividad privada vio con buenos ojos que el beneficio sea de más simple aplicación: con un bono fiscal por el 70% de las efectivamente pagadas, que servirá para saldar el Impuesto a las Ganancias, IVA y anticipos.
- Si bien hay un tope para las organizaciones grandes (equivalente a 3.475 empleados), por encima del cual pagará la contribución completa para el excedente. Sin embargo, para las nuevas incorporaciones, posteriores a la inscripción, no habrá tope.
Si bien en un primer momento se barajó un número inferior de empleados, se buscó no afectar al mercado y no dejar afuera a las 10 compañías que más dan empleo en el sector, con Mercado Libre como punta de lanza.
Empujada por un contexto interno de profunda crisis económica, esta rama de actividad cerró 2019 con crecimiento del 44%. Si bien se trató de una de las más pujantes, sus números quedaron por debajo de la inflación anual, que superó el 50%. En ese sentido, ni los lucrativos contratos en el exterior, que reportan ingresos en dólares, pudieron con la fuerza centrífuga de la recesión.
"El sector es ‘cross’, le vende a toda la economía. Por ejemplo, aquellas que hacen software para turismo están completamente paradas. Lo mismo podes ir viendo sector por sector", grafica a iProUP Sergio Candelo, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI).
El directivo señala además que "lo diferente de esta crisis a, por ejemplo, la de 2002, es que vos tenías el mundo para ir. Hoy, las exportaciones comienzan a caer porque los rubros más golpeados caen también en todo el mundo". Así, esta rama de actividad por ahora no encuentra su vía de escape.
Candelo sostiene que prácticamente todas las empresas gastaron a cuenta de la promulgación de la nueva ley, por lo que su aprobación en el Congreso pasó de tener status de "necesaria" a "urgente". "Hasta el 18 de diciembre, arrancábamos 2020 con una nueva ley, por ende, todos tus costos incluían esta cuestión. En ese momento, los cálculos eran de u$s250.000 por año en beneficios para una empresa de hasta 100 personas, fruto de la nueva normativa", señala el ejecutivo.
"El 2 de enero nos enteramos que no se iba a implementar, pero que iba a salir una ley y estaba la promesa de que sería retroactiva. Así, tenías que resolverlo financieramente durante esos dos meses, pero no desde lo económico, porque ibas a tener el resultado a más tardar en marzo", revela Candelo.Y agrega: "Sin embargo, a la falta del nuevo marco legal se le sumó la pandemia, que frenó el Congreso y, al mismo tiempo, hizo caer gran parte del mercado". Lo que se dice, una tormenta perfecta.
Desde la CESSI confirman que se hicieron gestiones para, al menos en un esquema de emergencia, se habilitara la vieja Ley de Software a través de un DNU, aunque el pedido no prosperó dentro de Casa Rosada. Por otro lado, también hubo dificultades para acceder a las ayudas que brinda el Gobierno a las empresas afectadas por la pandemia (implementadas vía decreto 376/2020).
"La ayuda se segmenta de una manera en la que vos quedás afuera. Para pedirlo hay que tener una caída nominal en la facturación, pero al ser la inflación de un 50% y el crecimiento general de entre el 20% y el 30%, apenas 3 empresas del sector accedieron al beneficio", aclara el directivo de la CESSI.
Sin embargo aclara que, pese a algunos vaivenes, el diálogo con las autoridades nacionales sigue siendo fluido. Mientras, desde los despachos de la calle Balcarce ultiman detalles y proyectan a la propuesta "pique en punta" una vez que pise el Congreso.
"El sector siempre tiene buen diálogo con todos los gobiernos y todas las provincias. Se trata de una industria que no está en la grieta", explica Candelo, y agrega que "lo bueno es que el ministro de desarrollo también lo ve así, no hay que ir a explicarle que somos ni nuestra importancia".
Desde la cámara revelan que Matías Kulfas quiere que sea la primera ley en salir una vez que se reanuden las sesiones, y lo mismo repiten fuentes del ministerio consultadas por iProUP. "Están avanzadas las gestiones con el presidente de la Cámara (Sergio Massa) y con varios diputados para darle prioridad a la Ley de Economía del Conocimiento", aseguran desde el Gobierno.
Al respecto, aclara que, si bien el panorama es complejo porque no se sabe cómo va a sesionarse, "ya se se enviaron notas para efectivamente acelerar su tratamiento".
El orden en que se presenten las iniciativas en el recinto no es azaroso. Con propuestas polémicas, como el impuesto a las grandes riquezas en la lista, tiene sentido ubicar a la Ley de Economía del Conocimiento en la línea de largada, ya que los grandes debates quedarán para el final de lo que se vislumbra como una maratónica sesión.
Asimismo, todas las fuentes consultadas coinciden en que, a grandes rasgos, ya existe consenso general de aprobación respecto de la nueva ley. Palabras más, palabras menos, todos los actores están dispuestos a que salga ya mismo al ruedo.
"La relación con diputados oficialistas y oposición es de diálogo directo. Todos estiman que cuando salga, lo hará rápido. Incluso nos llaman para ver si está todo bien con lo que van aprobar", revela Candelo.
Es que, pasadas las discusiones de enero y febrero, donde incluso se limaron asperezas entre Mercado Libre y Casa Rosada (el primer borrador estipulaba condiciones que dejaban a la firma de Marcos Galperin fuera de los beneficios), finalmente se llegó a un acuerdo general entre los distintos sectores de la industria de la innovación y el ministerio de Desarrollo Productivo.
Por ende, tal como anticipó iProUP, una de las clavijas que se ajustará más fuertemente en el "ecualizador" de medidas es el de la equidad. Es decir, que los beneficios tengan mayor impacto en las pequeñas y medianas compañías pero sin perjudicar a los unicornios.
"Cómo vamos a ir en contra de Mercado Libre que genera mucho empleo de calidad, es una fuente de innovación y su apuesta es a la inclusión financiera, al permitir que cualquier comercio pueda aceptar tarjetas", se escuchaba en los pasillos de Irigoyen 250.
En este sentido, la nueva iniciativa busca flexibilizar los requisitos para las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al régimen de promoción con ventajas similares a las grandes.
"Es una ley pro-Pyme. Tienen menos requisitos de entrada y de revalidación que las grandes", remarca una fuente gubernamental a iProUP.
Ahora, con el impacto del coronavirus reverberando en cada fibra de la economía argentina, Kulfas y las empresas fumaron la pipa de la paz y avanzaron en un objetivo común: si entre ellos pelean, los devoran los de afuera; por ende, la Ley será primera.