Al menos doce jurisdicciones avanzaron con programas para refinanciar deudas, reducir tasas, consolidar préstamos y limitar el impacto de los pagos sobre los salarios.
Lo llamativo es la composición del grupo, que atraviesa el arco político completo y reúne tanto a opositores como a aliados habituales del oficialismo nacional en una coincidencia inédita sobre política económica provincial.
Entre quienes impulsaron estas iniciativas están los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja), enfrentados con la Casa Rosada, pero también gobernadores dialoguistas como:
A ese grupo se sumó Gustavo Melella en Tierra del Fuego, con un plan que entró en vigencia el 1 de septiembre de 2026, y la Ciudad de Buenos Aires con su programa de desendeudamiento aprobado por la Legislatura.
Que gobernadores aliados habituales del oficialismo nacional coincidan con sus opositores en este punto es el dato político de fondo.
Los programas comparten estructura pero difieren en el instrumento principal.
Tierra del Fuego aplicó la medida más directa sobre el costo. Se trata de una baja del 20% en las tasas de financiación de las tarjetas Fueguina Visa y Mastercard, que alcanza a unos 30.000 clientes del Banco de Tierra del Fuego, más una reducción del 10% en las tasas de préstamos personales para clientes con y sin acreditación de haberes. Incluye a quienes ya figuran en Veraz.
Santa Fe puso el foco en proteger el ingreso. El Plan de Protección de Ingresos, lanzado junto al Banco Santa Fe, alcanza a empleados públicos activos y pasivos, trabajadores privados, independientes, monotributistas, autónomos y municipales. Su cláusula más relevante es el tope: en el caso de los empleados estatales, garantiza que los descuentos no superen el 25% de los ingresos. Ya reunió casi 20.000 inscriptos.
Córdoba trabaja en dos niveles. El banco provincial Bancor tiene un plan de consolidación de deudas a pagar hasta en 60 cuotas, sin quita de capital ni de intereses. A eso Llaryora sumó el proyecto "Alivio Cordobés", enviado a la Legislatura, que contempla baja de tasas e invitación a los bancos privados a sumarse con refinanciaciones a tasas razonables.
Buenos Aires avanzó a través del Banco Provincia, que superó las 100.000 operaciones de refinanciación durante 2026 mediante su programa integral de regularización financiera. Del total refinanciado, el 96% corresponde a personas y el 4% a empresas.
Los números provinciales muestran diferencias que la cifra nacional del 12,8% oculta por completo.
Según el informe de EcoGo junto a la Universidad Austral sobre datos del BCRA, La Rioja registra una mora del 24,5% mientras La Pampa se ubica en 9,1%. Casi tres veces de diferencia entre un extremo y el otro.
Esa dispersión explica por qué las respuestas provinciales son tan heterogéneas y por qué gobernadores de signos políticos opuestos llegaron a conclusiones parecidas sobre la necesidad de intervenir.
Las provincias con estructuras de empleo público más grandes tienen además una herramienta que la Nación no tiene: pueden actuar directamente sobre los descuentos aplicados a los sueldos que ellas mismas pagan. Ese es el mecanismo detrás del tope del 25% que instrumentó Santa Fe.
Carolina Ferrari, economista especializada en finanzas provinciales, explica la lógica: "Un gobernador tiene dos palancas que el Gobierno nacional no está dispuesto a usar el banco provincial, donde puede fijar tasas por decisión política, y el código de descuento sobre el salario de sus empleados."
La experta considera que "con esas dos herramientas puede aliviar la carga de un porcentaje relevante de su población sin necesidad de una ley nacional ni de una normativa del BCRA."
La Casa Rosada ratificó que no intervendrá en la morosidad de las familias por considerarla un conflicto entre privados.
El argumento oficial es que los indicadores comenzaron a mostrar una merma tras haber alcanzado sus niveles más altos y que la tendencia empezaría a revertirse. Esa lectura sostiene la decisión de dejar que los bancos administren y refinancien las deudas de sus clientes.
Milei analizó el tema en la reunión de Gabinete del martes 1 de septiembre de 2026 en Casa Rosada.
En paralelo, el Banco Nación (que sí depende del Estado nacional) refinanció $476.300 millones desde enero a casi 90.000 clientes, con líneas de consolidación de hasta $100 millones a 120 meses bajo modalidad UVA y TNA del 12% o 14% según la situación de la deuda.
Es decir, el Gobierno no interviene con regulación, pero su banco sí opera con programas de refinanciación.
El debate escaló al plano legislativo y tiene fecha.
La oposición convocó a una sesión en Diputados para el 9 de septiembre de 2026 para tratar un paquete de proyectos sobre morosidad y endeudamiento familiar. Ya se presentaron alrededor de 30 iniciativas sobre el tema.
En la sesión anterior, Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y otros espacios reunieron 133 votos para introducir el tema en la agenda. No alcanzaron en ese momento, pero ese número les permitiría tener quórum el 9 de septiembre.
Para llegar a esa cifra contaron con el apoyo de diputados que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén) (casi todos aliados habituales del oficialismo).
La Libertad Avanza busca ahora convencer a esos legisladores de no dar quórum y convocó a la Comisión de Finanzas, que preside el libertario Santiago Pauli, con ese objetivo.
Sebastián Roldán, analista político, describe lo que está en juego: "Los gobernadores que lanzaron planes provinciales ya tomaron posición con hechos. Pedirles ahora que le nieguen el quórum a una sesión sobre el mismo tema que ellos están abordando en sus provincias es una contradicción difícil de sostener públicamente. Esa es la debilidad de la posición oficialista de cara al 9."