El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó de "abusivas" las tasas de algunas fintech y billeteras virtuales, que llegan al 400% y hasta el 700% anual, pero descartó que el Gobierno vaya a intervenir para ponerles un límite. "Hoy no hay nada que les impida hacerlo", sostuvo el funcionario, y agregó que se trata de "un tema entre privados".
La definición llegó en la misma conferencia de prensa en la que Caputo anunció una flexibilización de los créditos en dólares para empresas, con el objetivo de ampliar el financiamiento disponible y bajar el costo del crédito en pesos, todavía elevado pese a la desaceleración de la inflación.
Consultado por los costos que enfrentan los usuarios fuera del sistema bancario, Caputo evitó comprometer una respuesta regulatoria.
Su argumento se apoya en la misma lógica que usó para descartar una asistencia estatal a las entidades golpeadas por la morosidad: "No hay que confundir la empatía con las políticas públicas", dijo, en referencia a que usar fondos públicos para compensar deudas entre privados no forma parte de los planes del equipo económico.
La postura del ministro contrasta con un proyecto que circula en el Congreso para regular los créditos instantáneos, fijar topes a las tasas y crear un registro obligatorio de entidades no bancarias bajo supervisión del Banco Central, impulsado por legisladores que señalan una mora del 32% en ese segmento.
El anuncio central del día fue otro: el Poder Ejecutivo modificará el artículo 23 del Decreto 905/2002, vigente desde la crisis de 2001, para que los bancos puedan prestar depósitos en dólares a cualquier empresa y no solo a exportadoras o compañías con garantías de generadores de divisas.
El nuevo esquema tendrá límites prudenciales: según confirmó el Banco Central, las financiaciones a clientes que hasta ahora no estaban habilitados no podrán superar, en conjunto, el 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada entidad.
Además, los bancos deberán exigir un capital mínimo equivalente al 125% del que corresponde a operaciones comparables, cumplir límites de exposición crediticia más estrictos y evaluar la capacidad de pago de las empresas ante distintos escenarios de tipo de cambio.
Caputo estimó que la medida podría liberar una oferta adicional de entre u$s6.000 millones y u$s10.000 millones.
El anuncio se da en un contexto de fuerte deterioro crediticio: un informe de First Capital Group midió que el stock de préstamos en pesos al sector privado cayó 1% real en julio frente a junio, mientras que el financiamiento en dólares creció 4,7% mensual y 45,1% interanual, hasta los u$s24.829 millones.
La morosidad es el otro dato que preocupa. Según un relevamiento de la Universidad Austral y EcoGo, en junio había 20,4 millones de personas con algún tipo de deuda y 5,3 millones estaban en mora, el 26,1% del total.
El problema es más agudo fuera de los bancos: la irregularidad entre proveedores no financieros, que incluye fintech, tarjetas no bancarias y casas de electrodomésticos, llegó al 31% medida por monto, contra 15,2% en el sistema bancario, ambos en máximos históricos.
Caputo aseguró que el Gobierno había advertido el problema en reuniones previas con los bancos, cuando les pidió "flexibilidad" para refinanciar a los clientes atrasados.
Según el ministro, buena parte de esas deudas ya se reprogramó a tres años con tasas de entre 20% y 25%, aunque la mejora podría tardar entre seis y doce meses en reflejarse en las estadísticas oficiales.