La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Córdoba aplicó multas por $386.204.804,30 a bancos, billeteras virtuales y emisoras de tarjetas y lanzó una investigación de oficio que abarca a todas las entidades del sistema financiero que operan en su territorio.
Como parte de la investigación, la provincia quiere saber qué protocolos tiene cada banco y billetera para detectar operaciones sospechosas, qué herramientas de prevención usan y qué medidas concretas implementaron para reducir el riesgo de fraude.
Las sanciones de Defensa del Consumidor cayeron sobre Banco Galicia, Banco Macro, Banco Santander, Banco Supervielle, Tarjeta Naranja y Prisma Medios de Pago, entre otras.
Las fallas detectadas van desde la ausencia de mecanismos para identificar operaciones sospechosas hasta demoras en la atención de reclamos, informó InfoNegocios.
También hubo críticas por la falta de información clara a los usuarios que cayeron en estafas. Según el organismo provincial, las entidades no respondieron a tiempo ni brindaron soluciones cuando los damnificados reclamaron.
Por qué las multaron: la estafa que sigue activa desde 2020
"Las estafas virtuales crecen exponencialmente en todos lados y la más común es la que se realiza a través de la videollamada de WhatsApp", afirmó Ariel Juri, titular del organismo. "Empezó allá por el año 2020 y, a la fecha, los bancos, tarjetas y billeteras virtuales no han llevado ninguna acción tendiente a neutralizarla", alertó.
La modalidad se masificó durante la pandemia. Hoy, seis años después, sigue encabezando los reclamos. El estafador inicia una videollamada por WhatsApp y logra que la víctima comparta pantalla. Así captura credenciales bancarias en tiempo real.
Esa técnica no es nueva ni sofisticada, pero a los delincuentes les funciona. Y según las resoluciones provinciales, las entidades financieras no desarrollaron herramientas eficaces para frenarla ni para asistir a las víctimas una vez ocurrido el fraude.
Las resoluciones se apoyan en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240 y en la Comunicación "A" 7783 del Banco Central. Esta última exige a las entidades contar con herramientas eficaces para prevenir operaciones fraudulentas.
Qué revelan los números del sistema financiero argentino
La decisión de la Justicia de Córdoba llega en un momento en que el ecosistema de pagos digitales en Argentina crece a ritmo acelerado. Según datos de COELSA, el país cerró 2025 con más de 322 millones de cuentas bancarias y no bancarias.
Eso representa un aumento de 22,74% respecto al año anterior. El argentino promedio ya tiene cuentas en ocho entidades distintas. Más cuentas significan más superficie de exposición al fraude.
COELSA impulsó en los últimos años una Central de Prevención de Fraude que hoy nuclea a 117 entidades. Usa inteligencia artificial para detectar operaciones sospechosas. Sin embargo, más allá de los esfuerzos, la investigación cordobesa da a entender que esos avances no se tradujeron en mejoras concretas al menos hasta el momento.
Qué hizo el Banco Central y por qué no alcanzó
El BCRA endureció durante 2026 las reglas para billeteras virtuales. Impuso nuevas obligaciones de información, reguló la figura de proveedores de cuentas de pago a través de terceros y amplió las causales para dar de baja a un operador que no cumpla los estándares.
Pero las multas de Córdoba muestran que el marco regulatorio nacional no se tradujo en protección efectiva para el usuario. Las entidades tienen herramientas de prevención, pero el consumidor que cae en una estafa sigue sin recibir respuestas claras ni rápidas, alegan desde Defensa del Consumidor..
Qué viene ahora: apelaciones y nuevas exigencias
Las multas no están firmes. Juri explicó que las entidades pueden apelar y que serán las Cámaras Civiles las que confirmen o revoquen las sanciones. Ese proceso puede llevar meses.
Sin embargo, la investigación de oficio ya está en marcha. Cada banco, billetera virtual y emisora de tarjetas que opere en Córdoba deberá informar qué protocolos aplica para detectar operaciones sospechosas, qué herramientas tiene activas y qué medidas implementó para reducir el riesgo de fraude.
Lo que no admite espera, según el funcionario, es la respuesta del sistema financiero. La cantidad de denuncias no deja de crecer y la modalidad más frecuente sigue siendo la misma desde hace seis años.
