El Gobierno giró a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el régimen de Inocencia Fiscal con el objetivo de ampliar su alcance y reforzar las garantías para quienes decidan adherir.
La propuesta incorpora cambios reclamados por especialistas tributarios, aunque, según el Ministerio de Economía, mantiene intacto el objetivo original: facilitar la formalización de ahorros no declarados sin penalidades.
En concreto, el proyecto introduce tres cambios de peso para quienes adhieran al régimen:
Uno de los cambios centrales elimina los límites de ingresos y patrimonio que hoy condicionan la entrada al sistema simplificado de Ganancias.
Con el nuevo proyecto, cualquier persona humana o sucesión indivisa residente en el país podrá adherirse, sin importar el monto de sus ingresos o bienes.
La única excepción alcanza a los denominados Grandes Contribuyentes. Ese grupo podrá utilizar la modalidad simplificada para liquidar y pagar el impuesto, pero no accederá a las presunciones y beneficios especiales previstos por el régimen.
Para Sabrina Sena, contadora tributarista, la eliminación de esos límites "amplía el universo formalmente, pero no es lo que va a mover la aguja".
La especialista explica que "los topes dejaban afuera a un segmento de contribuyentes de patrimonio alto que, en general, ya tiene estructura de asesoramiento y resolvió su situación por otras vías. La persona que tiene ahorros en dólares fuera del sistema no está afuera porque un tope se lo impide: está afuera porque no confía".
A su juicio, "lo que efectivamente amplía la base es la combinación con las garantías de no fiscalización posterior. Los topes sacan una barrera formal; el tapón fiscal saca la barrera real, que es el miedo".
De todos modos, plantea que todavía habrá que analizar cómo queda redactada la excepción para los Grandes Contribuyentes porque "ahí puede reaparecer parte de la restricción que se dice estar eliminando".
El proyecto también modifica uno de los puntos más sensibles de la ley: cuándo una diferencia detectada por ARCA hace caer la presunción de exactitud de una declaración jurada.
Hasta ahora bastaba con que el ajuste determinado por el organismo superara el 15% de lo declarado. La nueva propuesta agrega un requisito adicional: además de ese porcentaje, la diferencia deberá superar un umbral económico.
En la práctica, si el monto reclamado no excede los $5 millones, el contribuyente conservará los beneficios del régimen aunque el ajuste supere el 15%.
Sin embargo, para Sena, el cambio más importante del proyecto no es la redefinición de la discrepancia significativa ni la eliminación de los topes, sino el refuerzo de las garantías para quienes exterioricen sus ahorros.
"El cambio central no es el que más se comentó, que es la eliminación de los topes, sino el refuerzo del tapón fiscal y la prohibición expresa de que ARCA presuma una venta omitida a partir de una compra hecha con fondos no declarados".
Según la tributarista, ese era el principal punto débil de la versión original del régimen.
"Una persona exteriorizaba, compraba un inmueble o un auto, y quedaba expuesta a que el fisco interpretara esa compra como evidencia de ingresos no declarados y le reclamara IVA por vía presuntiva. Es decir, el contribuyente entraba al régimen y el propio acto de usar el dinero podía volverse en su contra. Ningún beneficio compensa ese riesgo".
Para Sena, allí radica una de las principales explicaciones de la baja adhesión que tuvo el esquema hasta ahora.
"El problema nunca fue el costo de entrada, que ya era cero. El problema era la falta de certeza sobre qué pasaba el día después. Esta reforma ataca eso".
Otra modificación relevante habilita al contribuyente a rectificar su declaración jurada cuando ARCA detecte una discrepancia significativa.
Si el contribuyente presenta una declaración rectificativa y cancela la diferencia junto con los intereses dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, mantendrá los beneficios del régimen.
La legislación vigente no contempla esa posibilidad en la mayoría de los casos, por lo que la pérdida de los beneficios era prácticamente automática. El proyecto incorpora además un mecanismo de reintegro acelerado.
Si un contribuyente paga el ajuste para conservar los beneficios y posteriormente una resolución judicial revoca la impugnación de ARCA, el organismo deberá devolver el monto abonado con los intereses correspondientes.
La devolución deberá concretarse dentro de los 45 días hábiles desde que la sentencia quede firme.
Durante la presentación del proyecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que las modificaciones surgieron a partir de observaciones realizadas por tributaristas y que el objetivo fue reforzar las garantías para quienes evalúan adherir al régimen.
"Armamos una mesa de trabajo con tributaristas con el objetivo de aclarar algunos temas que hacen a que los ciudadanos se queden mucho más tranquilos de que, independientemente de quién sea el gobierno de turno, van a estar cubiertos ante estas situaciones", indicó.
El funcionario remarcó además que "el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada" y que la finalidad sigue siendo que "esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo".
Caputo también reiteró que el objetivo de fondo es incentivar la incorporación de ahorros al sistema financiero. Según indicó, mientras los depósitos en dólares rondan los u$s40.000 millones, estima que los argentinos conservan fuera del circuito bancario alrededor de u$s170.000 millones.
Sena coincide en que el proyecto representa "un avance real", aunque cree que todavía queda pendiente el principal desafío: generar confianza de largo plazo.
"Todavía queda un tema de fondo sin resolver, y es la estabilidad de la regla en el tiempo. Al fijar el 31 de diciembre de 2027 como límite, el régimen deja de ser permanente y pasa a funcionar como una ventana", explica.
Y añade que "la intención es crear urgencia y acelerar decisiones, pero para alguien que estuvo veinte años fuera del sistema, el efecto puede ser el contrario: le confirma que esto es otro blanqueo con fecha de vencimiento, no un cambio de reglas de juego".
Para la especialista, la principal garantía que todavía falta no es tributaria, sino de previsibilidad. "Que el contribuyente sepa que la protección no depende del gobierno de turno".
También advierte que el cronograma legislativo puede jugar en contra de ese objetivo.
"Si el tratamiento en el Congreso arranca recién en agosto, la reforma llega después de los vencimientos de la declaración jurada 2025. Mientras tanto, hay gente que tiene que decidir hoy, sin saber con qué texto final va a contar. Esa incertidumbre, en un régimen que se vende como generador de confianza, juega en contra".