El Gobierno Nacional presentó un proyecto de Ley de Desregulación que introduce una de las reformas más profundas de los últimos años para el mercado de capitales.
La iniciativa, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, incorpora cambios para adaptar la normativa a nuevas tecnologías financieras.
La misma habilita, por primera vez, que los Fondos Comunes de Inversión (FCI) puedan destinar parte de su cartera a Bitcoin y otras criptomonedas. Uno de los ejes de la reforma es la incorporación de la tecnología blockchain al mercado de capitales.
Además de abrir la puerta a las inversiones en activos virtuales, se impulsa la tokenización de instrumentos financieros mediante blockchain, reconoce la validez de los contratos inteligentes y modifica el régimen de garantías, títulos de crédito y protección de los inversores.
Si el proyecto es aprobado, las acciones, obligaciones negociables, títulos de deuda y otros valores podrán emitirse, almacenarse, transferirse y negociarse mediante tecnologías de registro distribuido.
Al mismo tiempo, los FCI mencionados podrán emitir cuotapartes digitales e invertir parte de su patrimonio en criptomonedas.
El proyecto también establece que la titularidad y la fecha de emisión de un activo registrado sobre blockchain podrán acreditarse mediante un "sellado de tiempo criptográfico", con validez para procesos judiciales y societarios.
La iniciativa moderniza el régimen de garantías con la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías, una base de datos digital que unificará la inscripción de prendas y warrants.
Además, amplía los bienes que podrán utilizarse como respaldo de una obligación, al incorporar:
Por otro lado, reconoce la validez jurídica de los contratos inteligentes y establece un mecanismo para la ejecución de activos virtuales.
Ante un incumplimiento, un juez podrá ordenar a un exchange inmovilizar o transferir los criptoactivos del deudor, siempre que no se trate de una relación de consumo.
La propuesta también actualiza distintos instrumentos financieros. Los pagarés, letras de cambio y cheques de pago diferido podrán suscribirse con firma electrónica avanzada, mientras que las Obligaciones Negociables, emitidas en moneda extranjera con cláusula de pago exclusivo, deberán cancelarse únicamente en esa divisa, sin posibilidad de sustituir el pago por pesos.
Además, la Factura de Crédito Electrónica MiPyME podrá negociarse en plataformas registradas por el Banco Central sin intermediarios obligatorios, y los pagarés, cheques diferidos y certificados de plazo fijo de más de un año podrán negociarse libremente en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El proyecto también incorpora cambios para reforzar la seguridad jurídica de quienes participan en el mercado de capitales.
Por ejemplo, fortalece los fideicomisos en garantía y excluye determinadas operaciones financieras de las suspensiones previstas en los procesos concursales, lo que permite ejecutar garantías de forma inmediata.
Por último, establece que los fondos, criptomonedas y valores administrados por agentes de bolsa pertenecen a los clientes y no forman parte del patrimonio del intermediario.
En caso de quiebra de una sociedad bursátil, esos activos quedarán protegidos, un criterio que también se extenderá a los bienes que respaldan a los CEDEAR.