La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) investiga automáticamente todas las transferencias bancarias y movimientos en billeteras virtuales que superen determinados montos en julio de 2026.
El sistema busca detectar inconsistencias fiscales y posibles casos de evasión. La entidad pone especial atención en contribuyentes que declaran ingresos bajos, pero mueven grandes sumas de dinero, en operaciones en efectivo no registradas y en ingresos no declarados provenientes de alquileres, ventas o servicios.
Concretamente, ARCA investigará toda transferencia que supere los $50 millones mensuales en personas físicas y los $30 millones en personas jurídicas. Asimismo, se fiscalizan extracciones en efectivo mayores a $10 millones y plazos fijos superiores a $100 millones en individuos.
Los contribuyentes que operen como individuos deben tener en cuenta que transferencias y acreditaciones por encima de $50.000.000 al mes generan un reporte automático a ARCA.
Lo mismo ocurre con saldos bancarios al cierre de mes que superen ese monto. En el caso de extracciones en efectivo, el tope es de $10.000.000 mensuales, mientras que los plazos fijos y las tenencias en sociedades de bolsa pueden alcanzar hasta $100.000.000 antes de activar controles.
Las compras como consumidor final tienen un límite de $10.000.000, y los pagos de cualquier tipo se fiscalizan a partir de $50.000.000.
Las empresas enfrentan parámetros más bajos: transferencias y acreditaciones de hasta $30.000.000 mensuales, saldos bancarios por el mismo monto y plazos fijos limitados también a $30.000.000. Los pagos generales se fiscalizan desde ese umbral, mientras que las extracciones en efectivo mantienen el tope de $10.000.000.
Cuando un contribuyente excede estos límites, los bancos y billeteras virtuales están obligados a informar automáticamente la operación a ARCA. El organismo cruza esos datos con las declaraciones fiscales y puede solicitar documentación adicional para justificar el origen de los fondos.
Entre los comprobantes más habituales figuran facturas emitidas, recibos de honorarios, boletos de compraventa de inmuebles o vehículos, comprobantes de préstamos declarados y certificaciones contables.
Si la información no se presenta en tiempo y forma, la operación puede derivar en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
La fiscalización no se limita a operaciones aisladas, sino que analiza el patrón mensual de comportamiento financiero, lo que significa que múltiples transferencias pequeñas pueden activar alertas si en conjunto superan los límites establecidos.