La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó esta semana el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal. La iniciativa llegó al recinto en momentos en que Argentina registra la mora más alta en el sistema financiero en más de dos décadas, con más de 5,3 millones de personas con atrasos en sus pagos y una irregularidad en el segmento de familias que cuadruplica la del crédito corporativo.
El proyecto fue aprobado con el respaldo de casi todos los bloques, con la excepción de La Libertad Avanza, y ahora deberá ser promulgado por el jefe de gobierno, Jorge Macri, antes de ser reglamentado. Recién en esa instancia el Banco Ciudad comenzará a otorgar los préstamos, y otros bancos del sistema podrán sumarse voluntariamente si lo desean.
El objetivo declarado de la ley es reducir la carga financiera de los hogares, prevenir la exclusión crediticia y promover la regularización de deudas existentes. En términos prácticos, significa que personas que hoy no pueden pagar sus cuotas podrán acceder a un crédito nuevo, a una tasa sustancialmente menor que la del mercado actual, para cancelar lo que deben y volver a ser sujetos de crédito dentro del sistema formal.
Las condiciones financieras del programa tienen un techo pero no un piso, lo que le da a las entidades que adhieran margen para mejorar lo que la ley establece como mínimo.
La tasa nominal anual fija máxima es del 35% (menos de la mitad de la tasa promedio de préstamos personales en el sistema bancario, que en mayo de 2026 promedió el 68,3% anual). El plazo mínimo de devolución es de 24 cuotas mensuales, aunque puede extenderse si la entidad lo considera adecuado para el perfil del deudor.
El destino de los fondos no es libre. Los préstamos deben usarse exclusivamente para cancelar deudas con el Banco Ciudad o con cualquier otra entidad bancaria regulada por el BCRA. Esa definición tiene una consecuencia directa y polémica: quedan excluidas las deudas con billeteras virtuales, fintech y compañías financieras no bancarias.
La economista especializada en consumo Paula Guevara, consultada por iProUP, señala la paradoja que esa exclusión genera: "El programa ataca el problema justo donde es menos grave y deja afuera donde es más urgente".
Para la profesional, "la mora más crítica del sistema está en las entidades no bancarias, que llegaron al 27,5%. Al limitar el programa a deudas bancarias, el beneficio llega al segmento más solvente de los morosos."
Para solicitar el refinanciamiento, los interesados tendrán un plazo de 60 días desde la implementación de la ley y deberán cumplir simultáneamente con cinco condiciones:
En paralelo, hay cinco condiciones que excluyen automáticamente:
Esta última condición es la que más debate generó en el análisis del proyecto, ya que implica un rastreo del comportamiento cambiario del solicitante en el período previo, un dato que el banco deberá validar con información del BCRA o de la propia declaración jurada del interesado.
Para que el programa funcione más allá del Banco Ciudad, la ley incluyó un incentivo tributario para las entidades privadas que decidan adherir. Se trata de una reducción del 50% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre los intereses generados por los préstamos otorgados dentro del programa. La rebaja es relevante porque uno de los argumentos que los bancos privados suelen esgrimir para no bajar tasas en el segmento minorista es el costo impositivo que impacta directamente en sus márgenes.
La ley también contempla un mecanismo de pago directo. Si fuese necesario, el Banco Ciudad transferirá el monto adeudado directamente al banco que originalmente otorgó el crédito impago, sin que el dinero tenga que pasar por las manos del deudor. Ese circuito reduce el riesgo de que los fondos se usen para otro destino.
El asesor financiero Esteban Ferrero destaca la lógica de ese mecanismo, pero advierte sobre el alcance real del programa: "El diseño técnico es correcto. La tasa del 35% es competitiva, el plazo mínimo es razonable y el pago directo elimina el riesgo de desvío de fondos."
Para el experto, "el problema no está en el diseño sino en el universo al que llega: los morosos con atrasos de entre 60 y 180 días que todavía tienen ingresos formales verificables son una fracción del problema total."
"El 11% del crédito no bancario que ya está en situación irrecuperable (más de 12 meses de mora) no puede acceder a esto aunque quiera", concluye Ferrero.
La ley también incluyó una extensión específica para trabajadores no registrados y emprendedores: a través de Ciudad Microempresas, el Banco Ciudad podrá refinanciar deudas de ese segmento con la misma entidad, con los mismos topes de tasa y plazo, siempre que los atrasos sean mayores a 60 y menores a 180 días al 1° de junio de 2026.
La aprobación del programa en la Legislatura porteña no ocurre en el vacío. Hay más de 30 proyectos de tono similar presentados en el Congreso de la Nación como respuesta a la misma crisis de mora. En el sistema bancario y en el gobierno nacional, sin embargo, predomina una lectura cautelosa sobre este tipo de intervenciones.
El argumento central es que los programas de refinanciación masiva suelen impactar negativamente en el otorgamiento de nuevos créditos, porque generan la expectativa de que quien no paga eventualmente obtiene condiciones mejores que quien sí paga. El riesgo moral (el incentivo perverso para dejar de pagar anticipando un rescate) es la objeción técnica más frecuente entre los analistas del sistema financiero.
El Banco Central, por su parte, ya dejó en claro en su conferencia de prensa de mayo que no prevé intervenir con planes de refinanciación generales ni con flexibilizaciones normativas. La postura oficial del BCRA es que los bancos tienen capital suficiente para absorber las pérdidas sin necesidad de asistencia estatal, y que la mora hará su pico y empezará a bajar sola cuando los salarios reales mejoren.
El Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de CABA es, en esencia, un colchón para el segmento intermedio de morosos: quienes todavía están en Situación 2 o 3, con atrasos medibles en meses y no en años, con ingresos formales que les permiten acreditar el impacto de las cuotas sobre su presupuesto. Para ese perfil, la tasa del 35% y el plazo extendido pueden ser la diferencia entre regularizar la deuda o caer en la categoría irrecuperable.
Para quienes ya están en situación 5 (más de un año sin pagar, fuera del sistema formal de crédito), el programa no existe. Para quienes deben a billeteras virtuales y fintech, tampoco. Y para quienes viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires, el beneficio se limita a si los bancos privados de su jurisdicción deciden adherir voluntariamente.
El programa es una respuesta parcial a un problema sistémico. Que la Legislatura lo haya aprobado con amplio apoyo dice algo sobre la urgencia política del tema. Que La Libertad Avanza haya votado en contra dice algo sobre la tensión entre intervención y mercado que va a seguir definiendo la política crediticia del país hasta que los números de mora empiecen a mejorar solos, o alguien decida que no pueden seguir esperando.