La situación crediticia de las familias argentinas muestra un cambio significativo: la morosidad dentro del sistema bancario alcanzó 11,2% en febrero de 2026, de acuerdo con los datos difundidos recientemente por el Banco Central.
La cifra representa un fuerte incremento frente al 2,9% registrado durante el mismo mes del año anterior, evidenciando un deterioro marcado en la capacidad de los hogares para cumplir compromisos financieros asumidos.
Pese a la preocupación que genera la evolución del indicador, el análisis requiere contemplar el punto de partida, ya que Argentina exhibía niveles de incumplimiento reducidos en comparación con antecedentes históricos recientes.
Además, ningún mercado financiero de América Latina sostiene habitualmente tasas de mora inferiores al 4% o 5%, por lo que parte de la suba responde a una normalización tras años de crédito contraído.
Las estimaciones del mercado señalan que la morosidad podría estabilizarse cerca del 8%, una referencia considerada más alineada con los niveles observados en la región y con un sistema financiero nuevamente expansivo.
Sin embargo, la inquietud principal no pasa únicamente por el porcentaje esperado, sino por la velocidad del deterioro observada durante el proceso de ajuste registrado en los últimos meses.
Detrás de estas cifras aparecen millones de hogares con préstamos personales o deudas de tarjetas de crédito, que dejaron de cumplir pagos debido al creciente deterioro de sus finanzas.
El economista Gustavo Neffa señaló que numerosas familias recurrieron al financiamiento para cubrir consumos básicos, pero luego enfrentaron mayores dificultades por el aumento de tarifas, alquileres y servicios.
Según explicó el especialista, esos incrementos redujeron el ingreso disponible de muchos hogares, limitando su capacidad de pago y agravando problemas vinculados con obligaciones financieras previamente asumidas.
En paralelo, comenzaron a discutirse en el Congreso proyectos con congelamientos de cuotas, quitas obligatorias o límites a tasas de interés que, sin avances formales, ya impactan decisiones financieras.
El indicador general de mora del 11,2% no describe de manera uniforme el comportamiento del sistema financiero, ya que el Informe sobre Bancos del BCRA muestra diferencias marcadas entre distintos segmentos del crédito.
De acuerdo con ese relevamiento, la mora total correspondiente al financiamiento otorgado al sector privado alcanzó 6,7%, aunque los niveles de incumplimiento presentan contrastes significativos cuando se analizan familias y empresas por separado.
Los hogares concentran la mayor fragilidad, con una irregularidad de 11,2%, mientras que las compañías registran porcentajes considerablemente inferiores, cercanos al 2,9%, configurando una de las brechas más amplias observadas recientemente.
Las líneas con mayores dificultades son los préstamos personales y las tarjetas de crédito, herramientas utilizadas para financiar gastos cotidianos vinculados con alimentos, servicios, educación y también la compra de bienes durables.
En sentido contrario, las grandes empresas casi no evidencian atrasos relevantes en sus compromisos financieros, mientras que dentro del universo pyme la mora avanzó, aunque todavía permanece bajo niveles relativamente controlados.
El informe del BCRA también señala que la mora empresarial pasó de 0,8% en febrero de 2025 a 2,9% en febrero de 2026, una suba importante pero inferior a la registrada por hogares.
Una de las razones detrás de esta diferencia es la menor profundidad alcanzada por el crédito productivo, ya que las pymes no tomaron el mismo volumen de deuda que el consumo masivo.
La economista Lorena Giorgio, de EcoViews, atribuyó parte del fenómeno a la volatilidad de tasas en la segunda mitad de 2025 y afirmó que "el spread entre tasas activas y pasivas llegó a superar el 250%, lo que encareció fuertemente el costo del financiamiento".
La evolución de la mora está estrechamente vinculada con el escenario macroeconómico, donde el costo del crédito avanzó con mucha más velocidad que los ingresos percibidos por los hogares durante el período.
Según explicó Giorgio, se configuró un contexto en el que el financiamiento se encareció de forma acelerada, mientras los salarios crecían más lentamente, afectando la capacidad de pago de numerosas familias.
Frente a ese panorama, varias entidades financieras decidieron moderar el otorgamiento de nuevos préstamos con el objetivo de limitar riesgos y evitar un deterioro aún mayor de sus carteras crediticias.
Como consecuencia, se redujo la disponibilidad de financiamiento en el mercado y se volvió más complejo renegociar obligaciones vigentes, una situación especialmente visible dentro del segmento orientado al consumo.
La discusión política sobre eventuales regulaciones financieras instaló un debate más amplio acerca de las consecuencias indirectas que podrían surgir si se introducen cambios sobre el funcionamiento del mercado crediticio.
Según datos del BCRA, Argentina exhibe una relación entre crédito y PBI de apenas 13,6%, un porcentaje que se ubica muy por debajo del promedio regional, cercano actualmente al 45%.
Ese nivel refleja un sistema financiero con escaso desarrollo relativo, por lo que cualquier iniciativa que limite la actividad crediticia podría afectar no solamente a los deudores actuales, sino también al crecimiento futuro.
El economista Neffa sostuvo que herramientas como topes a las tasas de interés o quitas obligatorias pueden brindar alivio transitorio, aunque también reducir la oferta disponible y endurecer requisitos.
De acuerdo con su análisis, los sectores de ingresos medios y bajos serían los más perjudicados, debido a que dependen en mayor medida del financiamiento formal para sostener consumo.
Giorgio coincidió en que una intervención excesiva podría generar resultados contraproducentes para el sistema financiero y consideró fundamental preservar estabilidad de tasas junto con adecuados niveles de liquidez.
Además, advirtió sobre un posible impacto en los depositantes, ya que una mayor incertidumbre regulatoria podría impulsar la salida de parte del ahorro bancario y reducir fondeo crediticio.
La educación financiera aparece como una de las dimensiones más relevantes del debate sobre crédito, aunque con frecuencia queda relegada en las discusiones legislativas pese a su impacto duradero.
Para el economista Gustavo Neffa, comprender aspectos esenciales del sistema financiero puede marcar una diferencia significativa en las decisiones de los hogares frente al endeudamiento y la administración cotidiana.
En ese sentido, sostuvo que "saber los conceptos básicos como tasa de interés, costo financiero total, capacidad de pago y riesgo de endeudarse podría ayudar a muchas familias a tomar mejores decisiones y evitar créditos que luego no se puedan pagar".
Quienes conocen el funcionamiento de una tasa de interés y pueden estimar correctamente el costo total de una cuota cuentan con más herramientas para evaluar alternativas financieras.
También logran distinguir mejor entre asumir deuda para invertir y hacerlo para consumir, una diferencia que suele influir directamente sobre la sostenibilidad de los compromisos asumidos.
Según esta visión, la reducción estructural de la mora no depende exclusivamente de normas o proyectos de ley, sino de procesos de aprendizaje construidos gradualmente mediante información y herramientas concretas.
El crédito constituye una herramienta capaz de mejorar la calidad de vida, pero su aprovechamiento resulta más efectivo cuando las personas desarrollan conocimientos suficientes para utilizarlo de manera responsable.