La industria fintech no quiere saber nada con que el Congreso avance sobre la morosidad récord. Desde el ecosistema levantan la voz contra los proyectos de ley que buscan ponerle freno a un problema que golpea a 6 millones de personas y, en el caso de las billeteras virtuales, tocó su pico máximo en los últimos meses.
Son conscientes de lo delicado del asunto, pero aun así rechazan de plano cualquier iniciativa legislativa. Insisten en que la solución tiene que salir de las propias empresas y no de una regulación "desde arriba" que puede poner un freno a la expansión del crédito.
Alejandro Tejero Vacas, director de Comunicación de la Cámara Argentina Fintech (CAF), es tajante: "Cualquier abordaje que busque, por fuera del mercado, establecer condiciones no va a ser positivo en ningún escenario".
En tanto, Mariano Francisco Biocca, Director Ejecutivo de la CAF, afirma que están "súperinvolucrados" con el tema y resalta el diálogo abierto que mantienen con funcionarios, con el eje puesto en "la necesidad concreta que tiene Argentina de que el crédito siga creciendo".
Remarca que "sería un problema grande" cualquier iniciativa que "imponga condiciones por la fuerza: la evidencia empírica indica que tiende a restringir más que a solucionar".
Hoy, circulan casi 30 proyectos de ley en el Congreso que, con distintos colores políticos y grados de intervención, apuntan a atacar la morosidad récord, fenómeno que golpea tanto a billeteras como bancos y otros proveedores no financieros de crédito.
Algunas de esas iniciativas, que esperan avanzar en comisiones, proponen condonar parte de los intereses o permitir que el cliente limpie su historial crediticio una vez saldada la deuda. Otras, bastante más severas, buscan limitar las tasas o fijar topes para financiación o que el pago de deudas no supere el 30% de los ingresos.
Todo esto ocurre en un panorama que empeoró en los últimos meses. En el universo fintech, la mora trepó hasta 30,5%, un salto de casi 128% frente a los valores de diciembre de 2024 (13,4%).
Tejero Vacas asegura que el incremento de los impagos es "circunstancial" y está vinculado a "un crecimiento muy grande del crédito en el último año y medio", aunque confía en que "lo esperable es que esa situación tienda a sanearse con el tiempo".
Cree que, si el Congreso impone una batería de requisitos, como "verificar que el préstamo no supere un cierto porcentaje del ingreso", el escenario se vuelve imposible. "¿Cómo hago? Las empresas no pueden prestar, entonces la persona que necesita ese dinero queda afuera del sistema", plantea.
Por eso, remarca que "todos los jugadores del sistema financiero, tanto fintech como bancos, están interesados en que mejore y buscan alternativas". Advierte que una regulación, sin importar si es más dura o más flexible, "no va a solucionar el problema de fondo: lo que terminará ocurriendo es que se dé menos crédito a menos gente".
Biocca pondera el papel de la industria fintech en la inclusión financiera. "Son los únicos actores del crédito formal que tienen capacidad, tecnología y apetito para darle préstamos a personas que, si las buscás en los burós tradicionales, no aparecen, son una hoja en blanco", remarca.
Sin desconocer lo delicado del momento, relativiza el peso real de la mora fintech dentro del sistema financiero apelando a cifras del último Informe de Crédito Fintech, elaborado en conjunto por la Cámara del sector y el ITBA: alcanza a 3 de cada 10 usuarios (superando a la banca, que ronda el 11%), pero en volumen total apenas representa el 8%.
"Cuando leemos distintos informes, artículos y declaraciones de legisladores, se le suele asignar un sobrepeso al universo fintech en esta situación sistémica. Pero de cada $100 involucrados en atrasos, apenas $8 corresponden a una empresa del sector", subraya el directivo.
Y agrega: "Si miramos la película completa, la participación es relativamente chica. Todos queremos que el panorama mejore. desde la Cámara trabajamos junto a las empresas para calibrar los portafolios, mantenerlos sanos y lograr que las familias puedan pagar y seguir accediendo a crédito para su desarrollo".
El sector genera cada vez más crédito: ya hay 8,1 millones de usuarios con préstamos fintech, casi 40% del total de carteras. Pero se trata, en su mayoría, de operaciones de ticket bajo, enfocados en consumos diarios o gastos puntuales, y en personas de ingresos medios, trabajadores, emprendedores, monotributistas y jubilados.
Sin embargo, que llegue principalmente a quienes no son sujetos de crédito de la banca es motivo de orgullo para la industria, también enciende las alarmas cuando la morosidad escala. A tal punto, que puede volverse contraproducente para el "corazón" de la industria y derivar en una regresión del financiamiento.
Este último punto no es menor: la expansión del crédito es una de las grandes prioridades de la industria fintech y el sistema financiero en su totalidad. Incluso del Gobierno, que empuja Open Finance como una de las puntas para lograrlo.
Para dimensionarlo: el financiamiento al sector privado hoy representa el 15% del PBI que, según Tejero Vacas, "es ridículamente inferior al promedio de la región".
En base a esto, por un lado, insisten en que las propias empresas sean las que "muevan fichas" y ofrezcan a los deudores una vía para salir de la situación. En las últimas semanas, varias entidades impulsaron propuestas de regularización y mecanismos a medida.
El enfoque cambia según la empresa, tipo de cliente y antigüedad de la deuda, pero el común denominador es la gestión personalizada y tecnología para anticipar el riesgo.
Por otra parte, apuntan contra cualquier iniciativa que pueda surgir desde el Congreso y que, con el argumento de hacer frente a la mora, termine imponiendo condiciones, limitaciones o directamente restricciones al crédito.
Del otro lado del mostrador, los legisladores parten de un diagnóstico opuesto: sostienen que el mercado no se autorregula y frente a tasas de refinanciación superan el 100% en algunos bancos y 300% en ciertas fintech, se vuelve imprescindible una intervención oficial para resguardar del sobreendeudamiento a la población más expuesta.
El razonamiento es que el Estado tiene la obligación de "equilibrar" el vínculo entre los actores del crédito y los usuarios, e impedir que el acceso al financiamiento termine convirtiéndose en una "herramienta de explotación" para quienes disponen de menos margen.
Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, asegura que "la sobreregulación del mercado de crédito sólo generará encarecimientos de costos y una restricción de los perfiles a recibir financiamiento".
Por eso, advierte que los proyectos buscan "atacar este mercado sin importar sus consecuencias" y desglosa algunos efectos colaterales:
"Si lo que se quiere es efectivamente ayudar a las familias, el camino no es la sobreregulación que proponen los proyectos de ley", concluye.