El crecimiento de la mora dentro del sistema financiero argentino impulsó casi 30 proyectos legislativos destinados a crear nuevos mecanismos de rescate para personas endeudadas y consumidores afectados por incumplimientos.
La expansión de los impagos en créditos bancarios y otros financiamientos encendió alertas dentro del Congreso y generó preocupación entre bancos que buscan evitar mayores exigencias regulatorias sobre la actividad crediticia nacional.
Durante los últimos meses, la situación de los deudores argentinos se agravó en todas las líneas de crédito al consumo, debido al aumento de atrasos, la mayor antigüedad de las deudas y los problemas para refinanciar obligaciones.
Ante ese escenario, legisladores de distintos bloques comenzaron a impulsar proyectos destinados a modificar el régimen de defensa del consumidor y los procedimientos vinculados con reestructuración de pasivos dentro del sistema financiero nacional.
Entre los impulsores de las iniciativas aparece Gabriela Estévez, diputada de Unión por la Patria, quien promueve el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal junto con Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Mónica Macha.
También presentaron proyectos los diputados Germán Martínez y Pablo Carro, además de la senadora Juliana Di Tullio, todos enfocados sobre las consecuencias económicas y sociales derivadas del creciente sobreendeudamiento de numerosos hogares argentinos.
Las distintas propuestas parlamentarias apuntan especialmente a reducir el impacto provocado por ejecuciones judiciales, dificultades financieras y reportes negativos en registros crediticios que afectan cada vez más a consumidores endeudados.
Los proyectos legislativos incorporan herramientas de condonación parcial de intereses, suspensión temporal de embargos, procesos administrativos gratuitos y eliminación de antecedentes negativos tras cancelar las obligaciones pendientes.
Las distintas iniciativas promueven una participación estatal orientada hacia la regulación y supervisión de procedimientos, aunque descartan la utilización de recursos públicos para el financiamiento de soluciones crediticias.
En las propuestas presentadas, el sistema financiero aparece como principal responsable económico, debido a que debería absorber costos vinculados con quitas, intereses limitados y provisiones contables constituidas previamente.
El criterio de "esfuerzo compartido" aparece repetidamente dentro de los proyectos, y establece la participación conjunta entre acreedores y deudores, mientras que los jueces podrían ordenar reducciones sobre capitales e intereses ante créditos otorgados irresponsablemente.
Algunas iniciativas incorporan conciliaciones obligatorias previas a procesos judiciales y contemplan protección para hogares vulnerables encabezados por mujeres o grupos familiares que poseen menores de edad a cargo.
Los proyectos legislativos también fijan límites concretos para la carga financiera, prohibiendo que el pago mensual de deudas supere el 30% de los ingresos familiares disponibles.
Las iniciativas además obligan a bancos y emisores de tarjetas a verificar previamente la capacidad de pago de los solicitantes antes de aprobar nuevos préstamos.
La transparencia informativa, la comunicación clara sobre costos crediticios y la prevención temprana del sobreendeudamiento aparecen como pilares centrales dentro de los distintos textos legislativos debatidos.
El financiamiento previsto para estos mecanismos de regularización no contempla fondos públicos, debido a que bancos y entidades financieras deberían absorber el impacto económico derivado de quitas y refinanciaciones crediticias.
Algunos proyectos también proponen constituir fondos internos financiados por los bancos, destinados específicamente a sostener esquemas de regularización y garantizar la continuidad operativa de los futuros programas de alivio económico.
Los bancos reaccionaron rápidamente frente al avance legislativo y expresaron preocupación por posibles regulaciones adicionales que, según sostienen desde el sector, podrían afectar negativamente la oferta futura de créditos personales.
El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó: "Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito".
Cesario también defendió las acciones implementadas previamente por entidades para asistir clientes endeudados y afirmó: "El sistema bancario en general, se ha adelantado a lo que hoy lo quieren hacer".
Según explicó el titular de la ABA, la mayoría de las deudas actualmente en mora corresponde a créditos otorgados hace más de un año, cuya antigüedad promedio ronda entre 14 y 16 meses.
El representante bancario sostuvo además: "Al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada".
Numerosos bancos ya contactaron a sus clientes por distintos canales para ofrecer refinanciaciones ajustadas a tasas cercanas a la inflación y, cuando resultó imposible cobrar, transfirieron las deudas hacia terceros especializados.
Mientras tanto, el Congreso enfrenta presiones provenientes desde distintos sectores políticos y sociales para avanzar con soluciones integrales destinadas a deudores afectados por problemas vinculados con sobreendeudamiento.
Desde el Gobierno consideran que esta problemática debe resolverse principalmente dentro del sistema financiero y el presidente Javier Milei afirmó públicamente: "Para eso trabajan de bancos", durante una entrevista periodística reciente.