La morosidad bancaria en Argentina alcanzó niveles que no se veían desde 2004: ya trepó al 11,2% entre las familias y acumula 16 meses de suba consecutiva.
Pero el Banco Central no moverá un peso para ayudar ni a los deudores ni a las entidades que los financiaron. El mensaje del presidente del BCRA, Santiago Bausili, fue contundente y sin margen para interpretaciones: el problema existe, es real, pero el Estado no va a hacerse cargo.
En conferencia de prensa, Bausili descartó cualquier asistencia estatal para cubrir pérdidas del sector privado. "No nos vamos a hacer cargo del dinero de la sociedad, eso no va a pasar", enfatizó, y agregó que no habrá subsidios del Gobierno al sector privado por haber incurrido en esas pérdidas.
El titular del Central también intentó enmarcar el problema en sus justas proporciones para el sistema en su conjunto. En relación con la estabilidad financiera, afirmó que los problemas "no ponen en riesgo al sistema en su conjunto" y aclaró que "no deberían derivar en un desequilibrio relevante para la macroeconomía".
Sobre el diagnóstico de la situación, el funcionario fue incluso optimista: sostuvo que la mora en el sistema financiero ya registró el "pico" y remarcó que el impacto de la deuda familiar en los balances de los bancos es "marginal", destacando que algunas entidades "ya retomaron la expansión del crédito".
El otro mensaje clave del BCRA apuntó a las condiciones de fondo. Bausili consideró que el costo del capital "no es el principal problema del sistema bancario" y que lo más importante es ofrecer "un marco regulatorio claro y reglas de juego simples". Las entidades financieras, según explicó, "van a saber administrar mejor sus recursos con su propia plata".
El optimismo oficial contrasta con una fotografía del sistema que inquieta. La morosidad de las familias en el cumplimiento de sus préstamos trepó al 11,2% en febrero, acumuló 16 meses de subas consecutivas y superó los registros de la pandemia, ubicándose en máximos que no se observaban desde 2004.
La mora en tarjetas de crédito bancarias subió del 2% en enero de 2025 al 11% en enero de 2026. En el sector no bancario, las cifras rondan el 25%, con un impacto más fuerte en jóvenes y jubilados.
¿Por qué creció tanto? La mora crece porque, con una inflación más baja, las cuotas ya no se licúan y la deuda pesa más sobre los ingresos, mientras que las tasas reales positivas encarecen la refinanciación. No es, en la mayoría de los casos, un problema de mala voluntad: es un problema de timing macroeconómico que cayó sobre millones de familias al mismo tiempo.
El fenómeno responde directamente a un escenario contractivo generalizado, caracterizado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el retroceso del empleo formal privado y el persistente cierre de pequeñas y medianas empresas.
La situación no pasó inadvertida en el Poder Legislativo. El crecimiento de la mora dentro del sistema financiero argentino impulsó casi 30 proyectos legislativos destinados a crear nuevos mecanismos de rescate para personas endeudadas y consumidores afectados por incumplimientos.
Entre los impulsores de las iniciativas aparece la diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quien promueve el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal junto con Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Mónica Macha. También presentaron proyectos los diputados Germán Martínez y Pablo Carro, además de la senadora Juliana Di Tullio.
Los proyectos incorporan herramientas de condonación parcial de intereses, suspensión temporal de embargos, procesos administrativos gratuitos y eliminación de antecedentes negativos tras cancelar las obligaciones pendientes.
Un punto central: el financiamiento previsto para estos mecanismos no contempla fondos públicos. Son los bancos y entidades financieras quienes deberían absorber el impacto económico derivado de quitas y refinanciaciones crediticias. El criterio que se repite en los textos es el de "esfuerzo compartido" entre acreedores y deudores.
Otro eje fuerte de las propuestas es la prevención. Las iniciativas obligan a bancos y emisores de tarjetas a verificar previamente la capacidad de pago de los solicitantes antes de aprobar nuevos préstamos, y fijan límites concretos, prohibiendo que el pago mensual de deudas supere el 30% de los ingresos familiares disponibles.
La reacción del sector financiero ante el avance legislativo fue rápida y sin medias tintas. El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó: "Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito".
Cesario también defendió las acciones ya implementadas por las entidades y afirmó que "el sistema bancario en general se ha adelantado" a lo que hoy lo quieren hacer. Según explicó, la mayoría de las deudas actualmente en mora corresponde a créditos otorgados hace más de un año, cuya antigüedad promedio ronda entre 14 y 16 meses.
El representante bancario sostuvo además que "al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó", detectamos que había un problema, y "la deuda está refinanciada".
Es cierto que la banca privada cambió su enfoque. Donde antes aplicaban punitorios y mandaban al deudor a la Central de Deudores del BCRA esperando que pagara o judicializaban la deuda, hoy el sistema financiero opta por refinanciar, extender plazos y, en algunos casos, perdonar intereses para recuperar el capital. El problema, claro, es que esa flexibilidad no alcanza para todos ni llega sola: hay que ir a pedirla.
Ante el cierre de la ventanilla oficial, el camino pasa por el sistema privado. Los bancos públicos son hoy la opción más potente para quienes tienen deudas que quieren consolidar o reestructurar. El Banco Nación, por ejemplo, permite cancelar hasta el 100% de las deudas en otras entidades, con plazos de hasta 72 meses, y transfiere directamente los fondos a los acreedores.
La banca privada, por su parte, negocia caso a caso con un nivel de flexibilidad que hace 18 meses habría sido impensable: extensión de plazos, períodos de gracia, reducción de tasas y hasta condonación de punitorios para quienes demuestran voluntad de pago.
La condición que atraviesa todas las opciones es siempre la misma: cuanto antes el deudor se acerca al banco, antes de que la deuda se judicialice, mejores son las condiciones que puede obtener. Una vez en situación 5 del BCRA o con juicio iniciado, las opciones se reducen drásticamente.
El Gobierno dice que el pico ya pasó. El Congreso debate si hay que hacer algo. Los bancos dicen que ya lo están haciendo. Y los deudores, mientras tanto, tienen que llamar ellos primero.