Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados apunta directo al corazón del negocio de Mercado Pago, Ualá y otras billeteras digitales. La iniciativa busca prohibir los créditos instantáneos, fijar topes a las tasas de interés y crear un registro obligatorio bajo control del Banco Central (BCRA).
La propuesta fue impulsada por el diputado Juan Carlos Molina, de Unión por la Patria, junto a otros 14 legisladores. El texto pone en la lupa a todas las entidades que otorgan financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional: fintech, mutuales, fideicomisos y financieras de consumo.
El cambio más disruptivo es el fin de los préstamos "en un clic". Esos créditos que hoy las apps aprueban en segundos, sin pedir documentación ni analizar ingresos, quedarían prohibidos de forma automática.
El proyecto obliga a evaluar la capacidad de pago del usuario antes de aprobar cualquier crédito, y establece un límite duro: el endeudamiento total no podrá superar el 30% de los ingresos mensuales.
Según explicó Molina a iProfesional, "estos mecanismos de financiamiento tienen una fuerte correlación en tiempos de crisis y estanflación, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo, lo que provoca que cerca del 9% de las familias se encuentre en una situación de morosidad".
El diagnóstico del legislador es que las plataformas digitales facilitaron el acceso al crédito, pero también multiplicaron el sobreendeudamiento. La rapidez con que aprueban préstamos, según el proyecto, deja a miles de usuarios atrapados en espirales de deuda.
Qué límites impone el proyecto a las tasas y costos de crédito
El texto establece que las tasas de interés no podrán superar los límites fijados por la Ley de Tarjetas de Crédito. Pasarse de esos topes podría considerarse usura, con consecuencias penales.
Además, obliga a mostrar el Costo Financiero Total (CFT) desde el primer momento. Hoy, muchas plataformas informan solo la tasa nominal, sin incluir comisiones, seguros ni gastos administrativos que después inflan el monto final.
El objetivo es que el usuario sepa exactamente cuánto pagará antes de aceptar el crédito, sin sorpresas ocultas en la letra chica.
El proyecto también pone el foco en la transparencia. Las fintech deberán detallar cada cargo, cada comisión y cada punto porcentual que sume al costo del préstamo. La letra chica, en definitiva, deberá ser letra grande.
Cómo cambia la atención al usuario y qué responsabilidades tendrán las apps
El texto aprieta sobre la atención al cliente. Las plataformas ya no podrán escudarse solo en chatbots automáticos. El proyecto exige:
- Atención humana disponible para resolver reclamos
- Puntos físicos donde los usuarios puedan presentar quejas
- Validación de identidad con sistemas biométricos
- Responsabilidad total ante fallas técnicas o caídas del sistema
Ese último punto es clave. Si la app se cae y un usuario no puede pagar a tiempo, la empresa será responsable de los intereses generados por ese problema técnico.
Las fintech deberán garantizar que un usuario nunca quede rehén de un error del sistema. Los reclamos por plataformas caídas o pagos que no se procesan son frecuentes, y el proyecto busca ponerle fin a esa zona gris.
Qué reglas impone el proyecto para las empresas de cobranza
En materia de cobranzas, el texto fija límites precisos. Las empresas solo podrán hacer máximo dos llamadas por día, exclusivamente de 9 a 18 horas.
Queda prohibido usar números ocultos. También se prohíbe contactar a familiares, amigos o empleadores del deudor. Las fintech serán responsables por lo que hagan los estudios de cobranza que contraten.
Si un estudio de cobranza acosa, hostiga o presiona de forma indebida, la plataforma que lo contrató responderá legalmente por esas acciones.
El proyecto busca terminar con las prácticas abusivas que denuncian miles de usuarios: llamadas a las 6 de la mañana, mensajes intimidatorios, contactos a compañeros de trabajo. Todo eso quedaría prohibido.
Qué poder tendrá el BCRA para controlar y sancionar a las fintech
El Banco Central será la autoridad de aplicación. Tendrá facultades amplias para aplicar multas, suspender operaciones e incluso inhabilitar directivos de las empresas que no cumplan con la normativa.
Todas las entidades que otorguen crédito deberán inscribirse en un registro oficial. El BCRA podrá auditarlas, pedirles información y fiscalizar sus operaciones en tiempo real.
El proyecto también obliga a las plataformas a reportar periódicamente sus tasas, volúmenes de crédito y niveles de morosidad. El regulador tendrá acceso completo a los datos de la industria.
Las sanciones por incumplimiento no serán menores. Las multas podrán escalar según la gravedad de la falta, y en casos extremos, el BCRA podrá ordenar el cierre de operaciones.
El debate recién comienza. La pregunta que sobrevuela el Congreso es cómo regular un sector que ya es clave para millones de argentinos, sin frenar la innovación que amplió el acceso al crédito en el país.
