El Gobierno avanzó con una medida clave para cerrar un mecanismo financiero que limitaba su capacidad de acumular reservas y permitía a operadores obtener ganancias significativas mediante arbitrajes cambiarios en el mercado local.
La decisión oficial se instrumentó mediante una normativa que impide a las mesas operar entradas y salidas de dólares para aprovechar el "canje" entre cotizaciones financieras, una brecha que habilitaba retornos cercanos al 4% por operación.
En su primera jornada de vigencia, la regulación contribuyó parcialmente a que el Banco Central lograra adquirir un volumen de reservas inusualmente elevado en comparación con los registros observados durante los últimos dos años en el mercado.
La operatoria, aunque legal, había intensificado la presión sobre las arcas oficiales al explotar diferencias entre el dólar MEP y el contado con liquidación, generando un circuito de arbitraje repetitivo con impacto directo sobre la disponibilidad de divisas.
Según operadores, el esquema funcionaba explotando brechas cambiarias, permitiendo transformar depósitos locales en moneda extranjera mediante transferencias al exterior que iniciaban el arbitraje financiero.
Un dólar depositado en el país era girado al exterior a través del mercado oficial, convirtiéndose en dólar divisa, lo que implicaba intervención del Banco Central para satisfacer esa demanda.
La autoridad monetaria debía vender dólares para concretar esas transferencias, dado que los bancos actuaban por sus clientes, trasladando presión sobre reservas internacionales en cada operación.
Una vez fuera del país, los fondos retornaban al circuito financiero local mediante la operatoria inversa, pasando de contado con liquidación a dólar MEP, capturando la diferencia de cotización existente.
Incluso descontando comisiones y costos operativos, el diferencial superior al 3% en varias ruedas hacía que la estrategia resultara altamente rentable y replicable en ciclos sucesivos.
La intervención oficial comenzó con advertencias informales dirigidas a bancos para desalentar estos arbitrajes, aunque la persistencia de la operatoria entre inversores minoristas obligó a implementar restricciones más estrictas.
A través de la Comunicación A 8417, el Banco Central dispuso que quienes transfieran divisas al exterior deberán comprometerse mediante declaración jurada a no operar bonos en moneda extranjera durante 90 días.
Esta exigencia bloquea la posibilidad de ejecutar movimientos rápidos de ida y vuelta, núcleo central del rulo, al imponer un período de inmovilización que rompe la lógica del arbitraje.
Analistas del mercado señalaron que cada giro implicaba una venta de reservas por parte del Banco Central, lo que convertía la operatoria en un factor directo de drenaje de divisas.
Cuando los bancos abandonaron la práctica, el atractivo para inversores particulares aumentó, ya que la menor competencia amplió la brecha entre cotizaciones y elevó los márgenes potenciales.
Los datos diarios reflejaron este fenómeno, con picos de volumen y demanda de dólares coincidiendo con jornadas de mayor arbitraje, evidenciando el impacto sistémico de la operatoria.
El Gobierno identificó que este flujo afectaba la acumulación de reservas al obligar al Banco Central a abastecer transferencias externas, comprometiendo su estrategia cambiaria de mediano plazo.
La decisión de cortar el rulo buscó frenar esa dinámica, reduciendo la presión sobre las reservas aunque al costo de ampliar temporalmente la brecha entre los distintos tipos de cambio.
La mesa de dinero detectó que el diferencial entre el contado con liquidación y el dólar MEP, que había promediado cerca del 2% durante gran parte de 2025, se expandió hasta superar el 4% recientemente.
El aumento del spread se profundizó tras la formalización de la regulación, que bloqueó el arbitraje y dejó atrapados dólares dentro del sistema local, generando efectos inmediatos sobre las tasas de interés en el mercado de deuda doméstico.
El trader Belisario Álvarez de Toledo remarcó en redes sociales que, desde las elecciones, la brecha no dejó de crecer y que el fenómeno obedece casi por completo al exceso de dólares locales atrapados en el sistema.
Según su análisis, la estructura del canje genera una transferencia de riqueza desde los tenedores de dólares locales hacia los emisores de deuda, quienes logran colocar instrumentos a tasas artificialmente más bajas en el mercado doméstico.
Como ejemplo, mencionó los bonos Bonares, que se negocian localmente con rendimientos cercanos al 5%, mientras que en mercados internacionales ofrecen tasas significativamente superiores, ubicadas entre el 7.5% y el 8.9%.
Esta diferencia generó spreads que en algunos casos alcanzaron los 270 puntos básicos, reflejando una distorsión relevante entre los precios locales y externos de los mismos instrumentos financieros disponibles para inversores.
Tras la implementación de la norma, la reacción del mercado fue inmediata, ampliándose la distancia entre el contado con liquidación y el MEP hasta niveles cercanos al 4.5% en las primeras ruedas.
Como consecuencia, los inversores con dólares locales enfrentan hoy mayores restricciones para transferir fondos al exterior y un mercado de deuda con rendimientos deprimidos debido al exceso de oferta de divisas dentro del sistema.
La incomodidad entre los operadores surge por múltiples factores, comenzando por la eliminación de una estrategia que generaba ganancias consistentes, afectando directamente los ingresos de quienes participaban activamente en este tipo de arbitrajes.
En segundo lugar, la medida implica una profundización de las restricciones cambiarias, lo que contrasta con el objetivo declarado del Gobierno de avanzar hacia una eventual eliminación del cepo en el mediano plazo.
El tercer factor de malestar radica en que los tenedores de dólares en el mercado local quedan en una posición desventajosa, al no poder acceder a rendimientos internacionales que sí enfrentan emisores en mercados externos.
Esto permite que tanto el sector público como el privado coloquen deuda en el mercado doméstico a costos más bajos, aprovechando la imposibilidad de los inversores de migrar libremente hacia alternativas más rentables fuera del país.
Para el Gobierno, sin embargo, la medida presenta beneficios adicionales, ya que el alto nivel del canje incentiva la venta de bonos en el mercado local en lugar de apostar por estrategias de arbitraje financiero.
El resultado es un mercado de deuda doméstico con tasas inferiores a las internacionales, fenómeno que complica la reducción del riesgo país pero al mismo tiempo impulsa un fuerte crecimiento en las emisiones corporativas locales.
Este dinamismo en el mercado de deuda contribuye a mantener un flujo sostenido de dólares dentro del sistema financiero, lo que facilita la acumulación de reservas por parte del Banco Central en un contexto de alta sensibilidad cambiaria.
La regulación se implementó en paralelo con otras medidas, como la flexibilización de plazos para liquidaciones de exportadores, combinando incentivos al ingreso de divisas con restricciones al arbitraje, redefiniendo así el equilibrio del mercado cambiario.