Uno de los ejes más destacados del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso fue el anuncio de una batería de reformas: prometió alrededor de 90 iniciativas, a razón de 10 proyectos por mes. En esa 'bolsa', la reforma tributaria aparece como pieza central.
Tras el mensaje hay mucha expectativa en el ecosistema fintech, que desde hace tiempo señala al esquema impositivo actual como uno de los principales frenos para el crecimiento.
Según el último Mapa Fintech de la Cámara Argentina, el 40% de las empresas del sector considera que la presión fiscal es el mayor obstáculo para innovar y expandirse. En el mundo cripto, la preocupación es todavía más fuerte: no solo por los impuestos, sino también por las restricciones regulatorias vigentes.
Con un Congreso renovado respecto de la primera mitad del mandato de Milei, algo que se reflejó en la aprobación de la reforma laboral, el Gobierno apunta a que 2026 sea el año de las reformas estructurales. Y la cuestión impositiva figura entre los grandes "pendientes" de la gestión libertaria.
Justamente sobre esas "cuentas pendientes" habló Mariano Francisco Biocca, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, en octubre, en diálogo con iProUP, pocas horas después de confirmarse los resultados legislativos.
Desde entonces, en la entidad transmitían optimismo respecto de que el nuevo Congreso pueda "avanzar en las cuentas pendientes que el país arrastra desde hace años".
Al respecto, sostuvo que "el país necesita avanzar hacia una reforma tributaria integral, más simple y homogénea, que incentive la formalización, reduzca la carga sobre la transaccionalidad digital y favorezca la inversión y el crédito".
Resaltó, asimismo, que se trata de "una agenda estructural, que no depende de un Gobierno en particular, sino de la capacidad de los distintos niveles del Estado para coordinarse y construir un sistema más racional y equitativo".
Con la actual composición de Diputados y del Senado, y tras las recientes declaraciones de Milei ratificando su intención, y la del Ejecutivo, liderada por él, de avanzar con cambios de fondo, en el sector fintech creen que puede abrirse una oportunidad para 'corregir' lo que definen como 'desajustes' históricos.
Diego Kupferberg, analista de Banca y Fintech en Taquión, afirma a iProUP que "la expectativa es clara" y pasa por "que la discusión también contemple las fricciones que hoy limitan el desarrollo de la economía digital".
"Argentina tiene uno de los niveles más altos de uso de billeteras, pagos digitales y activos cripto en la región. Pero mantiene un sistema impositivo que grava volumen y no resultado. Esto erosiona competitividad, encarece servicios y reduce incentivos a la formalización", advierte.
Uno de los tributos que más golpea al sector es Ingresos Brutos. Las fintech argentinas pagan, en promedio, una alícuota del 6,4% en concepto de IIBB. Esto ubica a la actividad entre las más gravadas del país, por encima de rubros tradicionales como Comercio o Servicios, que suelen tributar entre 3% y 5%, según la jurisdicción.
Por otro lado, las billeteras cripto están alcanzadas por el Impuesto al Cheque. Para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), la alícuota es del 1,2%: 0,6% para quien envía y 0,6% para quien recibe.
El porcentaje fue elevado en noviembre de 2024 (antes era de 0,15%, el mismo nivel que rige para bancos y billeteras no cripto), lo que generó, desde entonces, un reclamo generalizado en la industria aún no resuelto.
En noviembre, durante la Argentina Fintech Forum, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los hombres de confianza de Milei, había anticipado que llegarían "buenas noticias" con la nueva composición legislativa "antes de fin de año". Finalmente, eso no ocurrió. Parte de la causa detrás de esto estuvo en la prioridad que el Ejecutivo le dio a la reforma laboral, aprobada tras meses de debate.
La demora también estuvo atravesada por el escándalo en torno a $Libra, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei en redes sociales. El episodio dejó en pausa un tema que, a mediados del año pasado, parecía encaminado. Esto, al punto de que dentro del sector aseguran que estaba redactado el decreto para extender a la operatoria cripto el beneficio que hoy tienen bancos y fintech.
Durante meses se comentó que solo restaban las firmas de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. El impacto internacional del escándalo cripto, sin embargo, puso el foco sobre el ecosistema y terminó frenando cualquier avance para no "perjudicar" la agenda oficial en un año electoral, como lo fue 2025.
En paralelo, está en el 'cajón' un proyecto de reforma tributaria presentado en marzo pasado por la Cámara Argentina Fintech, diseñado específicamente para la industria de activos virtuales.
La iniciativa propone, entre otros puntos, eliminar las restricciones a la exención total de las cuentas recaudadoras de PSAV inscriptos ante la Comisión Nacional de Valores (como ocurre con otros intermediarios regulados).
Además de excluir del Impuesto a las Ganancias los resultados obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas cuando provengan de la compraventa o rendimientos de activos virtuales operados a través de un PSAV registrado.
También plantea eximir del Impuesto sobre los Bienes Personales las tenencias de activos virtuales que, al 31 de diciembre de cada año, estén almacenadas o custodiadas por un PSAV inscripto ante la CNV.
Habrá que ver si estos planteos son incorporados en el proyecto oficial que el Ejecutivo envíe al Congreso. En el mundo fintech, las expectativas son altas, especialmente en un año en el que se espera que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilite a los bancos a comprar, vender y custodiar criptomonedas, una medida prevista para el primer cuatrimestre.
Se espera un fuerte diálogo entre el sector y el Gobierno en las próximas semanas. Más aún después del "marcha atrás" en relación con el cobro de salarios en billeteras, decisión que generó mucho enojo puertas adentro.
Desde el ecosistema fintech, sin embargo, relativizan el episodio como un problema de gestión y lo atribuyen más bien a una 'presión' de la banca tradicional para "sostener un privilegio histórico".
Kupferberg resalta a iProUP que "no hace falta una 'ley especial' para el sector, sino un sistema coherente con la lógica de la economía digital". "No se trata de pedir beneficios sectoriales, sino de corregir distorsiones que afectan a toda la economía digital", remarca.
"La oportunidad está planteada. La pregunta es si la reforma se animará a tocar los nudos estructurales que hoy encarecen innovar o si volverá a postergarlos", concluye.