La decisión del Gobierno de retirar del proyecto de reforma laboral el artículo que habilitaba el pago de salarios en billeteras virtuales sigue haciendo ruido.
La eliminación se conoció el martes por la noche, apenas horas antes del debate en el Senado, donde la Cámara Alta le dio media sanción al texto sin ese apartado.
El Ejecutivo explicó que dejó afuera a las fintech por una cuestión de solvencia y garantías para el trabajador, indicó el medio Ámbito Financiero.
Desde Casa Rosada aseguran que no se trató de una postura ideológica ni de presión sectorial. El argumento central es que el salario tiene carácter alimentario y requiere un nivel de protección superior.
Según detallaron, las billeteras virtuales operan como Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y no cuentan con los mismos estándares prudenciales que los bancos.
Alegan que no tienen respaldo directo del Banco Central en caso de insolvencia, no acreditan capacidad financiera para garantizar el pago de haberes si una empresa se demora en depositarlos y no poseen una estructura con responsabilidad patrimonial equivalente a la bancaria.
El artículo eliminado modificaba el 124 de la Ley de Contrato de Trabajo y habilitaba el pago de salarios en cuentas virtuales (CVU), lo que ponía fin a la exclusividad histórica de las cuentas bancarias (CBU) para la acreditación de haberes.
La decisión de finalmente sacar ese punto abrió un fuerte cruce político y empresarial. El bloque del PRO rechazó la exclusión con el lema "Libertad para trabajar, libertad para cobrar".
Mariano Francisco Biocca, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, aseguró a iProUP que "lo que estaba en juego no era la seguridad del sistema ni la estabilidad financiera, era algo mucho más simple y poderoso, la libertad del trabajador" y "terminar con un esquema de sueldos cautivos que garantiza a los bancos millones de cuentas sin competencia real".
"Las billeteras están reguladas por el Banco Central y el 100% de los fondos permanece dentro del sistema bancario. No existe vacío regulatorio. La diferencia no es técnica ni prudencial, es de poder. Y mantener la obligatoriedad bancaria no es proteger al trabajador, es sostener un privilegio", expresó.
En línea, subrayó que "permitir que cada persona elija dónde cobrar su sueldo no debilita al sistema financiero" sino que "lo empuja a modernizarse y a competir" y "cuando hay competencia, mejoran los servicios, bajan los costos y gana el usuario".
"Nuestra propuesta nunca es quitar opciones, sino sumar y que la gente elija. Más libertad no desordena el sistema: lo hace más inclusivo, más competitivo y más justo. El salario es del trabajador. La decisión sobre dónde cobrarlo también debería serlo", sentenció Biocca a iProUP.
Con la media sanción ya otorgada, el capítulo fintech quedó fuera del proyecto. Por ahora, el Gobierno priorizó un criterio prudencial.
Sin embargo, la pelea por la competencia en el cobro de salarios de 10 millones de trabajadores formales promete nuevos capítulos en el Congreso.