Tras una sesión maratónica, el Senado le dio media sanción a la reforma laboral. El proyecto consiguió 42 votos a favor contra 30 en contra, y ahora pasa a Diputados donde el Gobierno buscará su sanción definitiva antes del 27 de febrero.
La votación se dio pasadas las 4 de la madrugada de este jueves 12, después de 15 horas de debate. La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales aportaron los votos para la aprobación.
El proyecto incluye incentivos para favorecer el empleo formal con reducción de impuestos, topes a las indemnizaciones y la creación del banco de horas. También habilita convenios por empresa y pone límites al derecho de huelga en servicios esenciales.
La sesión arrancó a las 11.13 del miércoles con 38 senadores presentes. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y el presidente de Diputados Martín Menem siguieron el debate desde los palcos del recinto.
Entre los gobernadores que apoyaron la iniciativa figuran Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Martín Llayorda (Córdoba).
En las negociaciones finales, el oficialismo cedió en varios puntos. El más significativo: mantuvo la obligatoriedad de los aportes a los sindicatos, aunque con un tope del 2%. Originalmente, el Gobierno quería que estos aportes fueran voluntarios a partir de 2028.
Uno de los puntos más polémicos fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con aportes del 1% de las grandes empresas y del 2,5% de las pymes.
Las billeteras virtuales quedaron afuera como medio de pago de salarios. El oficialismo sostiene que el Banco Central debe establecer primero una reglamentación para estas plataformas.
Se incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un tema que no estaba en el temario de extraordinarias.
Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, defendió el proyecto y criticó la "legislación obsoleta" que mantiene al país "anclado en el pasado". Para la exministra, el crecimiento no pasa por la expansión del Estado sino por dinamizar el sector privado.
Desde la oposición, José Mayans, presidente del interbloque peronista, denunció que el proyecto es "inconstitucional" porque viola el artículo 14 bis de la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica. "Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día", criticó.
La senadora radical Carolina Losada respaldó la iniciativa: "Con este proyecto va a haber más inversión y más empresas. Y si aumentamos la cantidad de gente que está en blanco, va a aumentar también la masa de dinero para mejorar las jubilaciones".
Por el peronismo, Mariano Recalde señaló que la norma "no está pensada para generar trabajo" y que "vuelve a la redacción de 1929".
Con la media sanción en el Senado, la pelota pasa ahora a Diputados. El oficialismo confía en conseguir los votos necesarios y descuenta que, aunque se introduzcan modificaciones en la Cámara Baja, la aprobación final está garantizada.