Tras un extenso y complejo debate legislativo, el Gobierno de Javier Milei logró aprobar el Presupuesto 2026, una de las piezas centrales de su programa económico y político para el próximo año.
El texto sancionado por el Congreso fija proyecciones ambiciosas en materia de crecimiento, inflación y tipo de cambio, que funcionarán como guía para la política económica oficial durante todo el ejercicio.
En ese marco, el Ejecutivo estableció un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar oficial mayorista de $1.423 para diciembre.
Crecimiento, inflación y dólar en el Presupuesto 2026
El Presupuesto 2026 plantea un escenario de fuerte recuperación económica, con un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar mayorista de $1.423 al cierre del período.
Estas proyecciones oficiales se ubican por encima de las expectativas del sector privado, tanto en materia de actividad como en la evolución de los precios, según los últimos relevamientos disponibles.
Mientras el Gobierno estima una inflación interanual del 24,5%, el Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central proyecta un incremento de precios del 20,2% para el mismo lapso.
En cuanto al crecimiento, el proyecto presupuestario toma como base una expansión del PBI del 5,4%, cifra superior al 4,4% que anticipan los analistas privados consultados por la autoridad monetaria.
El frente externo aparece como uno de los puntos más sensibles del programa, ya que el propio texto oficial reconoce un deterioro del intercambio comercial durante el próximo año.
Según las estimaciones incluidas, el déficit de bienes y servicios pasaría de u$s2.447 millones en 2025 a u$s5.751 millones en 2026, un dato que genera tensiones dentro del esquema macroeconómico.
Este resultado contrasta con el objetivo central del Gobierno de sostener el equilibrio externo como uno de los pilares del plan económico.
Más ajuste de subsidios y cambios en el gasto social
El Presupuesto 2026 vuelve a alinearse con la estrategia fiscal que impulsa el Gobierno y consolida un sendero de reducción de los subsidios económicos, con especial énfasis en los sectores de energía y transporte.
El planteo oficial apunta a profundizar la focalización del gasto, de modo que la asistencia estatal quede concentrada en los hogares de menores ingresos y se reduzcan los aportes generalizados.
En paralelo, el esquema de transferencias a las provincias no contempla fondos discrecionales adicionales y se limita estrictamente a los envíos automáticos establecidos por la legislación vigente.
El proyecto también incluye las partidas correspondientes al sistema previsional y a los programas sociales actualmente en funcionamiento, que el Gobierno defiende asegurando que crecerán en términos reales.
En particular, se prevé un aumento del 5% en las partidas destinadas a jubilaciones, del 17% en salud y del 8% en educación, según las cifras oficiales incluidas en el texto aprobado.
De acuerdo con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en 2026 las prestaciones sociales mostrarán un aumento real del 5,7%, incluyendo jubilaciones, planes sociales y asignaciones familiares.
Sin embargo, el informe advierte un recorte real del 13,8% en el bono extraordinario para jubilados de la mínima, que se mantendría en $70 mil, congelado desde marzo de 2024.
Recaudación en alza sin cambios impositivos
En materia fiscal, el Presupuesto proyecta para 2026 un escenario de fuerte expansión de los ingresos públicos, con un crecimiento real del 11% en la recaudación tributaria impulsado por la recuperación económica.
El Ministerio de Economía estima que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero captará $90,3 billones en impuestos durante 2026, frente a los $73,6 billones proyectados para el cierre de 2025.
El texto aprobado por el Congreso no incorpora nuevos tributos ni contempla subas de alícuotas, en línea con el compromiso oficial de evitar incrementos en la presión impositiva.
Desde el oficialismo remarcaron que el Presupuesto apunta a consolidar un marco de estabilidad tributaria, apostando a que la mayor actividad económica sea el principal sostén de los recursos del Estado.
En paralelo al debate presupuestario, el Congreso sancionó la denominada ley de inocencia fiscal, que introduce cambios en el régimen de penalidades y en los mecanismos de fiscalización vigentes.
