Rafael Soto, CEO de MODO, analizó la presión impositiva que hoy pesa sobre todo el ecosistema financiero. Específicamente, habló sobre Ingresos Brutos, que afecta tanto a bancos como a fintechs; sectores que, con diferencias y similitudes, vienen hace rato catalogándolo como "asfixiante".
En diálogo exclusivo con iProUP, asegura que "es un obstáculo para el desarrollo del país", ya que "dificulta el financiamiento de las empresas y de las personas, porque incrementa los costos financieros" asociados al crédito, que "es la nafta del crecimiento del país".
"Entonces, si se está gravando la actividad financiera, en realidad estás poniendo un freno al crecimiento", remarca.
Suma a los efectos que, en su visión, este tributo genera un "impedimento al avance de la bancarización de la economía" al sostener: "Las personas terminan buscando descuentos por pago en billete que ofrece el comercio, que ve tan alta su carga tributaria que busca maneras de eludir impuestos, y eso es a través del efectivo".
Todo esto, afirma, provoca que "el desarrollo de los medios de pago electrónicos se vea dificultado", lo que termina perjudicando a las empresas y a las personas en su capacidad de pagos. Pero sobre todo del crédito, lo que está estrechamente ligado al ahorro.
Más allá de, reconoce, "un gran avance desde Nación con la exclusión de las retenciones de IVA y Ganancias para los pequeños comerciantes", lo que "ayuda a que se digitalicen más pagos", considera que "la prioridad número uno del sistema financiero argentino hoy es aumentar el crédito".
"Tiene que ser una política de Estado, en mi opinión, generar todas las condiciones para que aumente el crédito. Detrás del crédito también viene el ahorro de las personas", resalta Soto a iProUP.
"Obviamente, tiene que ver también con el nivel de ingresos de la población, pero hay que generar una cultura de ahorro y las herramientas adecuadas para que las personas puedan, efectivamente, ahorrar. Entonces, hay que atacar los dos problemas. Son dos problemas de Estado fundamentales", agrega.
Aunque piensa que "esta cuestión excede un poco a MODO", Soto subraya que, al "estar en el mundo de los pagos" le interesa que "aumente la financiación porque eso implica que el consumidor pueda acceder a más bienes a través del financiamiento, que crezca la economía y que con eso también crezca el negocio".
"El desarrollo del sistema financiero debería ser una cuestión de Estado que se debe atacar desde lo que se está haciendo ahora con la estabilización de la economía, la macroeconomía, la cuestión monetaria, la normalización de la tasa de inflación, para que se normalicen también las tasas de interés, que son el precio del ahorro y del financiamiento, y también desde la cuestión fiscal", concluye.
Cabe recordar que Ingresos Brutos es un impuesto de carácter subnacional; es decir, establecido y recaudado por cada una de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El mismo recae sobre la facturación o los ingresos brutos (valga la redundancia) de un negocio; sin considerar, en el medio, los costos o las ganancias obtenidas.
A su vez, es "plurifásico" o, en otras palabras, "en cascada": esto significa que se aplica en cada una de las etapas de un proceso productivo o de intermediación económica.
Esto genera un efecto acumulativo, ya que el impuesto pagado por un eslabón de la cadena de valor se convierte en un costo que se traslada al siguiente, y así sucesivamente, hasta llegar al usuario final.
En la actualidad, las alícuotas de IIBB arrancan desde el 3%, pero en la mayoría de los casos igualan o superan los 9 puntos porcentuales, según los últimos datos actualizados del Banco Central (BCRA).
La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Chubut, Entre Ríos, Tucumán y Catamarca son algunas de las que encabezan este podio.
En el caso específico del ecosistema financiero, el impacto de Ingresos Brutos especialmente gravoso y, en este 2025, son uno de los sectores más castigados por estas alícuotas en niveles históricamente altos.
Este marco llevó a que, a lo largo de todo el año, entidades bancarias y empresas que forman parte del ecosistema fintech, dos sectores con similitudes y diferencias, algunas muy marcadas, se "unieran" en contra de este "enemigo en común".
A principios de año, más precisamente en enero, las cuatro cámaras que representan al sector bancario (ADEBA, ABA, ABAPPRA y ABE) y la Cámara Argentina Fintech salieron a manifestar, casi de manera simultánea, su preocupación.
No solo por IIBB, sino por todos aquellos tributos (como Débitos y Créditos) que, denunciaron, "están encareciendo servicios financieros, limitando el acceso al crédito y frenando la innovación y la inversión en el sector".
"Hoy día, el único freno a la digitalización de la economía es el peso fiscal que se aplica sobre las personas y comercios que optan por pagar o cobrar con medios electrónicos. Las herramientas existentes, disponibilizadas por múltiples actores del sistema financiero tecnológico, han demostrado ser accesibles, de uso sencillo y de adopción masiva. No es un tema de disponibilidad ni capacidad de uso, sino de viabilidad ante la carga tributaria", publicó la CAF en su escrito.
También derivó en medidas concretas, como la que llevaron adelante Mercado Libre y Mercado Pago, que en julio anunciaron una modificación en la estructura de cargos para operaciones comerciales, estableciendo diferencias según la carga impositiva de cada provincia; en una decisión estrechamente vinculada con el panorama que se vive con Ingresos Brutos.
Desde ambos sectores, remarcan que las consecuencias de IIBB sobre el sector financiero se extienden a toda la economía, generando un 'círculo vicioso' de estancamiento.
Es que la alta carga impositiva se traduce en un encarecimiento del costo del crédito para los usuarios. Este impacto es especialmente crítico para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y los emprendedores, motor de la economía nacional, generadores de gran parte del empleo privado en el país.
Al mismo tiempo, la naturaleza del tributo, que grava las transacciones, se convierte en un impedimento para la digitalización y la inclusión financiera.
De esta manera, actúa como una suerte de "cepo fiscal" que frena el crecimiento del comercio digital y afecta a bancos, fintech, sin discriminar, y a sus usuarios, ya sean personas o empresas.