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En medio del crecimiento exponencial del uso de billeteras virtuales, muchas personas se preguntan hasta qué punto el Estado puede fiscalizar sus movimientos. En mayo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene firme su política de monitoreo del sistema financiero, pero hay ciertos montos que no disparan automáticamente una investigación.
Específicamente, las transferencias de hasta $500.000 no son informadas de forma obligatoria, lo que significa que no generan alertas automáticas ni inician un proceso de fiscalización inmediata.
En cambio, los bancos, fintechs y plataformas de pago tienen la obligación de reportar otras cifras más altas:
Estos movimientos sí son reportados a la agencia y pueden ser evaluados con más detenimiento, ya que podrían estar relacionados con maniobras de evasión fiscal o lavado de activos.
No necesariamente. Aunque una transferencia puntual por $500.000 no es investigada de forma automática, si estos movimientos se repiten con frecuencia o generan un saldo acumulado elevado, podrían activar mecanismos de control internos de ARCA.
Es decir, lo que importa no es solo el monto individual, sino el patrón de comportamiento financiero.
Además, en el caso de operaciones con criptomonedas, dólares digitales o activos en moneda extranjera, el organismo exige que sean valuadas al tipo de cambio oficial vigente para ser analizadas dentro del circuito formal.
Si se activa una revisión, el usuario deberá justificar el origen de los fondos.
Entre los documentos válidos, figuran:
Si la documentación no alcanza o hay inconsistencias, ARCA puede suspender la cuenta del usuario de manera preventiva y, si corresponde, emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) para que se investigue más a fondo.
Por eso, es clave mantener orden y respaldo documental sobre las transferencias, incluso si los montos no superan los umbrales que obligan a informar.
En tiempos de billeteras digitales, la trazabilidad del dinero es tan importante como su origen.