En Argentina hay unas 12.000 personas -sin contar el patrimonio empresarial- que poseen bienes personales por más de u$s 3 millones, según estimaciones a raíz del posible "impuesto a la riqueza", que quiere impulsar el gobierno uruguayo.
Este movimiento será por única vez y tendrá una tasa entre 2% y 3,5%, y su destinó será la reactivación económica por la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
En 2017 el gobierno de Mauricio Macri impulsó un blanqueo de capitales que culminó con la declaración de US$ 93.400 millones de activos en el extranjero.
Es por esto, que este grupo de argentinos, y quizás otros con un patrimonio menor pero de alto poder adquisitivo, serían el público objetivo de recientes medidas del gobierno uruguayo, que sumaron nuevos criterios para acceder a la residencia fiscal .
Este pack de medidas consta en: tener una inversión en inmuebles superior a 3,5 millones de Unidades Indexadas (UI) u$s 370.000, posterior al 1º de julio y permanecer 60 días en el año civil, o tener participación en una empresa por un valor superior a 15 millones de UI u$s 1,6 millones y generar a partir de julio al menos 15 nuevos puestos de trabajo directos en relación de dependencia a tiempo completo.
En el marco de una charla virtual, la consultora CPA Ferrere analizó este tema. La gerenta senior de Impuestos, Jimena Zeballos, presentó un ejemplo sobre la cuáles son diferencia más relevante que hay entre la tributación uruguaya y la argentina. Zeballos afirmó que, "un ciudadano argentino con inversiones por US$ 10 millones en Estados Unidos se ahorraría de pagar en impuestos u$s 225.000 al año, cómo mínimo", publicó el diario uruguayo El País.
A qué se debe esto. La gerenta senior de CPA explicó que un argentino que logre la residencia fiscal uruguaya, junto a la obtención de la baja fiscal en su país de origen, "no va a pagar impuestos por las rentas que tenga en el exterior", esto es en terceros países.
Esto sucede porque el país vecino no grava los rendimientos inmobiliarios o incrementos patrimoniales fuera del territorio, y aunque sí lo hace con los rendimientos mobiliarios en el exterior, prevalece una ‘vacación fiscal’ para los extranjeros que se radiquen en Uruguay.
Además, hace algunas semanas que debido a la percepción de falta de seguridad jurídica, la exposición financiera por haber blanqueado, el proyecto de impuesto a la riqueza, el efecto Vicentin y la ley de alquileres fueron el motivo por el que profesionales uruguayos que asesoran a clientes extranjeros observaron un aumento de las consultas de argentinos por inversiones en el rubro inmobiliario y agropecuario.
"El gobierno en un momento oportuno emite el decreto que flexibiliza las condiciones para que extranjeros puedan adquirir la residencia. No es una medida innovadora ya que recurre a una herramienta que existía, pero baja el volumen de la inversión requerida de manera que sea más fácil (obtener la residencia fiscal). Además, hay un compromiso para agilizar los plazos de obtención de la residencia legal, en una búsqueda de incentivos para que extranjeros se instalen con su familia e inviertan", expresó Zeballos.
Sin embargo, Alejandro Vallejo, gerente del área de Impuestos de CPA, se refirió en el marco del evento virtual a las ‘opciones’ que se abren para el extranjero que adquiera la residencia en Uruguay mediante un proyecto de ley enviado al Parlamento, que amplía la llamada ‘vacación fiscal’.
La ley uruguaya se rige en una exoneración para el pago de las rentas mobiliarias en el exterior de cinco años y el gobierno del país vecino plantea ampliarlo a diez años. En agregado, el extranjero podrá elegir en lugar de esa exoneración para tributar a una tasa del 7% (en vez del 12% que regiría desde el onceavo año) sin límite de tiempo, o sea por el resto de su vida. Además, este proyecto habilitaría a `extender el plazo’ de la vacación fiscal a aquellos residentes que usaron el beneficio de cinco años en el pasado.
Por otra parte, Vallejo, expresó que: "la planificación de la mudanza a Uruguay no tiene sentido y puede terminar siendo más grave en términos tributarios, si no se logra la baja fiscal del país de origen. Este paso está atado a perder la residencia legal, por lo que los argentinos interesados deben hacer un traslado real de sus actividades".
"Puedo tener una casa en Argentina pero alquilada, no disponible; también mirarán donde reside mi familia, si sigo siendo socio de algún club deportivo en Argentina, si tengo un auto o tarjetas de crédito", Concluyó Vallejos, haciendo alusión a que estas últimas acciones son las que controla la AFIP.