Los recibos de sueldo tendrán un nuevo formato a partir de junio de 2026. El cambio llegó con el Decreto 407/2026, que reglamenta la Ley de Modernización Laboral 27.802.
La medida fue publicada este lunes 1 de junio de 2026 en el Boletín Oficial, junto con los decretos 408/2026 y 409/2026. Los tres forman un paquete normativo que busca digitalizar procesos laborales y reducir cargas administrativas.
El objetivo central del nuevo formato es mostrar con transparencia el costo laboral total que asume cada empresa por cada trabajador, diferenciándolo del salario neto que efectivamente cobra el empleado.
El Poder Ejecutivo apunta a modernizar las relaciones de trabajo y fortalecer la trazabilidad de la información laboral. La estrategia incluye digitalización de trámites y simplificación documental.
El nuevo diseño de los recibos de haberes incorporará tres bloques de información claramente diferenciados. Cada uno responde a una función distinta dentro de la relación laboral.
Primero, el recibo mostrará el costo laboral total que asume la empresa. Este monto incluye salario bruto, cargas sociales, aportes patronales y cualquier otro concepto asociado al empleo.
Segundo, detallará los conceptos vinculados a la relación laboral: descuentos legales, aportes jubilatorios, obra social, sindicato. Todo lo que se descuenta del salario bruto antes de llegar al bolsillo del trabajador.
Tercero, exhibirá el monto neto efectivamente percibido por el empleado. Es decir, lo que cobra en mano después de todos los descuentos.
La iniciativa busca que trabajadores y empresas tengan una visión completa y transparente de los costos laborales. Hasta ahora, muchos recibos solo mostraban el neto sin detallar el total que invierte la compañía.
El Decreto 407/2026 impulsa esquemas digitales para todos los instrumentos de documentación laboral. Los recibos de sueldo deberán emitirse a través de plataformas tecnológicas que garanticen trazabilidad.
El control de ausentismo por enfermedad también se digitaliza por completo. Las prescripciones médicas que ordenen reposo deberán emitirse mediante plataformas inscriptas en el ReNaPDIS (Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias) y estar firmadas por profesionales acreditados en REFEPS (Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud).
La medida modifica el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT 20.744). Cuando haya discrepancias entre el médico del trabajador y el control de la empresa, las partes podrán recurrir a juntas médicas oficiales o institutos públicos y privados de reconocida trayectoria.
El esquema digital apunta a reducir fraudes en certificados médicos y agilizar el registro de licencias por enfermedad. Cada prescripción quedará registrada en bases públicas auditables.
El Poder Ejecutivo dictó los Decretos 407/2026, 408/2026 y 409/2026 de manera simultánea. Los tres reglamentan las reformas introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802.
Este paquete normativo abarca la flexibilización de pautas documentales y el control de ausentismo por enfermedad. También estructura financieramente los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL).
Incluye un esquema de condonación de deudas previsionales para incentivar el blanqueo laboral. ANSES implementará un sistema informático de notificación del inicio y fin de trámites jubilatorios.
Los servicios independientes de reparto y movilidad de personas quedan expresamente excluidos de la LCT. Se designa a la Secretaría de Transporte como Autoridad de Aplicación de este régimen autónomo, mientras que la Secretaría de Trabajo dirimirá eventuales convenios colectivos del sector.
El decreto también modifica las pautas del Decreto 467/88 sobre asociaciones sindicales. Exige una estricta proporcionalidad entre los miembros directivos sindicales y los afiliados cotizantes reales.
Permite auditorías cruzadas automáticas con las bases públicas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Además, fija en 5% el umbral de superposición para resolver disputas de personería gremial.
Limita el uso del crédito horario sindical para no afectar la operatividad de los establecimientos industriales o comerciales. La reforma busca modernizar el marco normativo laboral vigente.