El Congreso de la Nación aprobó finalmente la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en medio de un clima de tensión política y fuertes protestas sindicales.
La iniciativa, bautizada como "modernización laboral", fue sancionada tras obtener 135 votos afirmativos en Diputados y 42 en el Senado, frente a 115 y 28 votos negativos respectivamente, consolidando uno de los proyectos más ambiciosos del oficialismo.
La nueva normativa introduce cambios profundos en las condiciones de trabajo. Entre los puntos más destacados se encuentran cuestiones como:
A su vez, el proyecto limita el derecho a huelga en determinados sectores considerados esenciales, un apartado que generó un fuerte rechazo de las centrales sindicales y de la oposición parlamentaria.
Otro de los aspectos altamente debatidos fue el alcance de la reforma sobre los contratos vigentes. Aunque rige el principio de irretroactividad, las nuevas reglas de desvinculación y jornada laboral impactarán en los empleados con antigüedad desde el momento de la sanción, generando incertidumbre en miles de trabajadores.
El texto definitivo, fruto de intensas negociaciones, excluyó el polémico artículo 44 y estableció un nuevo marco regulatorio sobre contratos, convenios colectivos y derechos sindicales.
Además, se establece la ampliación del período de prueba a seis meses para la mayoría de los rubros, lo que busca incentivar la contratación y la formalización de nuevos empleados.
La reforma también habilita que los convenios colectivos contemplen la creación de fondos de cese laboral como alternativa al sistema tradicional de indemnizaciones. Este esquema, similar al que se aplica en países como Chile, apunta a reducir la litigiosidad y dar previsibilidad a las empresas.
La ley además introduce cambios en el pago de salarios, horas extras y vacaciones, lo que impacta directamente en la estructura de costos de las compañías. Para sectores intensivos en capital humano, como el tecnológico y el financiero, estas modificaciones significarían una reducción de gastos operativos y mayor competitividad frente a mercados internacionales.
La aprobación de la normativa desató una huelga general de 24 horas convocada por las principales centrales obreras, que denunciaron un retroceso en décadas de conquistas laborales.