La posibilidad de avanzar con una reforma tributaria volvió al centro del debate económico. Con un sistema impositivo amplio, heterogéneo y cargado de tributos que generan costos sin aportar eficiencia, especialistas y funcionarios coinciden en que la discusión debe trascender lo meramente recaudatorio.
Según fuentes oficiales y planteos realizados en encuentros con el sector privado, las medidas buscan formalizar la economía, simplificar regímenes, impulsar el empleo y reducir distorsiones. Aun así, persisten dudas sobre su implementación gradual y su impacto en contribuyentes y empresas.
Uno de los cambios más sensibles bajo análisis es la eliminación del monotributo, vigente desde 1998, para que todos los inscriptos pasen al régimen general.
Si se concreta, los monotributistas se convertirían en autónomos, con nuevas escalas de facturación y la posibilidad de aplicar deducciones de gastos personales.
En paralelo, se estudia fijar para el IVA un umbral mínimo equivalente a la Categoría F del actual monotributo, es decir, unos $3 millones mensuales, lo que permitiría aliviar la carga fiscal sobre los pequeños contribuyentes que den el salto al régimen general.
Respecto al Impuesto a las Ganancias, el proyecto prevé un único mínimo no imponible, equivalente a un salario promedio de $1,7 millones en 2025, con el objetivo de devolver previsibilidad a un tributo que sufrió múltiples modificaciones en los últimos años.
El Gobierno también trabaja en un nuevo régimen de empleo, con reducción de aportes y contribuciones para nuevas contrataciones, especialmente para trabajadores que lleven más de seis meses sin empleo o que provengan del monotributo.
Javier Fuentes, gerente de Impuestos de PGK Consultores, explica a iProUP que cualquier modificación debe partir de un equilibrio entre los contribuyentes, las empresas y el Estado.
"Es complejo implementar un sistema que sea equitativo para quienes pagan, sostenible para las empresas que producen y suficiente para que el Estado cumpla sus funciones", afirma.
Según el especialista, el rediseño debería basarse en tres condiciones estructurales:
Nivel de gasto del Estado: "Argentina venía con un Estado sobredimensionado que se fue reduciendo paulatinamente", señala.
Actividad económica instalada: la capacidad real del país para generar ingresos.
Distribución geográfica de los recursos: clave por las profundas asimetrías regionales.
A su criterio, el sistema actual está "sobrecargado de impuestos directos e indirectos que solo buscan generar ingresos", sin considerar equidad, capacidad contributiva ni realidad territorial.
Fuentes destaca que el 86% de la recaudación proviene de solo cuatro tributos: Ganancias, IVA, comercio exterior y contribuciones a la seguridad social. El resto -apenas 14%- corresponde a impuestos "altamente distorsivos".
Entre esos gravámenes, el experto menciona el impuesto a los créditos y débitos bancarios, los impuestos a los combustibles, el monotributo, Bienes Personales y otros internos que "incrementan costos, quitan liquidez a las empresas y exigen recursos administrativos adicionales".
"Son impuestos que podrían retirarse sin que se note su ausencia", sostiene, aunque advierte que debe evaluarse su efecto en precios, especialmente en los que generan cascada.
También propone revisar las tasas de IVA y la tributación de personas humanas, para estimular el consumo y recomponer la demanda interna.
La excepción, aclara, son los tributos orientados a desalentar consumos nocivos como el tabaco.
Para Fuentes, el debate es imprescindible: "Es fundamental volver a analizar la estructura tributaria. Pero el objetivo no puede ser solo recaudatorio: tiene que incentivar la capacidad instalada de fábricas, industrias y emprendedores; contemplar las diferencias geográficas; y asegurar un Estado eficiente".