Tras la controversia en torno a las situaciones laborales de los repartidores de aplicaciones de delivery, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que regulará y mejorará las condiciones de los repartidores.
El proyecto fue presentado por el senador Omar Plaini (Frente de Todos) y plantea la creación de un registro de trabajadores y de los vehículos en los que se movilizan, sean autos, motos o bicicletas.
Además, establece que las personas jurídicas, empleadores, prestadores o aplicaciones móviles tendrán que inscribir a sus trabajadores quienes contarán con un certificado habilitante para ejercer las tareas de reparto.
En cambio, el Gobierno provincial tendrá que definir una autoridad de aplicación de la normativa, que fijará las condiciones de inscripción, identificará a los trabajadores, sus vehículos y controlará las condiciones laborales.
Otro de los ejes aprobado por el Senado y que se discutirá en la Cámara de Diputados de la provincia, es que los empleadores, personas jurídicas o plataformas deberán denunciar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para sus empleados al igual que los horarios de conexión y desconexión.
El proyecto se mete en una discusión crucial que tuvo lugar con el crecimiento del fenómeno de las aplicaciones como Rappi o Pedidos Ya, que ofrecen una variedad de beneficios laborales tales como la flexibilidad horaria.
Consta de 12 artículos, que desde el comienzo establece la creación de un Registro Provincial, Único y Obligatorio de trabajadores y trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP).
En éste, deberán registrarse las actividades "que comprendan a todas aquellas diligencias, transporte, entregas y/o retiro de sustancias alimenticias, elementos varios, correctamente embalados y sellados, hacia terceros realizadas en automóvil, motovehículo y/o bicicleta rodada".
En caso de que se apruebe el proyecto sin modificaciones, el Ejecutivo determinará las condiciones de inscripción, identificará a las personas jurídicas empleadoras, controlará las condiciones del servicio y el cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva la actividad.
A su vez, se impondrá que los empleadores fijen la ART y los horarios.
"Es necesario que la provincia de Buenos Aires cuente con un Registro Único y Obligatorio para saber de quiénes estamos hablando cuando hablamos de trabajadores que usan estas aplicaciones", comentó Plaini.
El diputado provincial por Avanza Libertad, Guillermo Castello, fue uno de los que criticó la medida e informó que votará en contra de la iniciativa cuando se trate en la Cámara Baja.
"Le van a cortar la posibilidad a muchas personas de generarse ingresos, de manera flexible en cuanto a dedicación y franja horaria. Es un gran ejemplo del odio a la libertad y el amor a la burocracia", comentó Castello.
El diputado piensa que el proyecto afectaría las condiciones laborales y "la competitividad de unos 80.000 bonaerenses, ya que incluye además a mensajeros y repartidores tradicionales".
Además, resaltó que se trata de un "proyecto absurdo, inconstitucional y contraproducente".
Y agregó: "Son prestadores de servicios, con lo cual solo se logrará que haya menos contratados por los costos adicionales y por el riesgo de la industria del juicio laboral".
"Le van a cortar la posibilidad a muchas personas de generarse ingresos, de manera flexible en cuanto a dedicación y franja horaria".
Según el diputado, el proyecto va en contra de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual "los repartidores serán empleados de un lado de la General Paz y autónomos del otro lado".
En definitiva, Castello destacó que en Suiza se aprobó una ley similar y un 80% de los repartidores abandonó la app Uber Eats. "Son medidas que terminan atentando contra la ciudadanía", opinó.