La irrupción de las plataformas de delivery de comida cada día es mayor en buena parte de los países del planeta, en los cuáles los "repartidores" expresaron en diferentes ocasiones la necesidad de alcanzar algunos cambios laborales.
En ese contexto, el Ministerio de Trabajo español analiza una nueva regulación para los repartidores aunque el ente gubernamental sigue sin llegar a un acuerdo con agentes sociales.
El Ejecutivo sostiene la posibilidad de que los repartidores de las plataformas digitales dejen de ser autónomos informales, para estar bajo el régimen de asalariados.
En este sentido, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo del país, ya son más de 18.000 repartidores que fueron introducidos al sistema por la secretaría de Inspección de Trabajo.
Es más, según medios españoles, los riders (como los llaman en España a los repartidores) de Glovo, Amazon o Uber Eats, entre las principales cadenas de delivery, podrán exigir un plus por antigüedad en la empresa. Esto supondrá también que, en caso de despido, el trabajador deberá ser indemnizado desde la fecha que conste su primer envío, al ser un trabajo no fijo.
El gobierno español confía en que la ley reguladora de los trabajadores de las plataformas digitales saldrá a la luz más temprano que tarde, a pesar de las diferencias entre el ministerio y los sindicatos pertinentes.
La siguiente reunión entre el ministerio a cargo de Yolanda Díaz y agentes sociales se producirá el 17 de diciembre luego de que no se llegara a un acuerdo en la reunión con CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y Cepyme (Confederación española de la pequeña y mediana empresa).
A pesar de que el gobierno español se muestra optimista por las negociaciones para que los trabajadores puedan tener una regulación para fines de este año o principios del siguiente, los sindicatos son escépticos y menos optimistas para que los "repartidores puedan estar legislados y no continúen en esta situación insostenible".
Otros gremios como CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras) y UGT (Unión General de Trabajadores) expresaron tanto al gobierno español como a las organizaciones empresariales a "abordar la situación general de las plataformas digitales que eluden la normativa laboral, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo para acabar con las personas falsamente autónomas".
En este aspecto, fuentes cercanas al proyecto precisan que "CEOE y Cepyme insistieron que hasta después de fin de año no tenían nada nuevo que aportar", y remarcan que las patronales buscan tiempo para que se llegue al fin de la extensión de los ERTE (despidos temporales para casos excepcionales) para "buscar una doble negociación".
Por su parte, las agrupaciones empresariales no quieren que se cambie el Estatuto de los Trabajadores y defienden que conviertan en asalariados a sus autónomos aquellas firmas que sean condenadas por la Justicia por tener falsos autónomos en lugar de hacer una ley general que marque previamente qué tipo de relación laboral pueden tener las compañías.
Adémas, fuentes disidentes del sector sindical entienden que durante décadas las empresas de reparto pagaron las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores mientras que firmas internacionales como Glovo, Amazon o Ubereats cuentan con una menor prestación de estos servicios.
Antonio Garamendi, presidente de CEOE, expresa su apoyo a Glovo y las otras plataformas digitales y asevera que la figura del autónomo debe estar presente en éstas y ser los riders los que, concluídas las reuniones con el gobierno, escojan su propio régimen laboral.