El Salvador habría sumado 7 unidades de Bitcoin (BTC) adicionales a sus reservas en la semana previa al 8 de octubre.
De esta forma, el país centroamericano habría ampliado su balance nacional a 7.798 BTC —más de u$s640 millones al precio de mercado— pese a las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) de limitar la acumulación estatal de criptomonedas.
La Oficina Nacional del Bitcoin, creada en 2022 para gestionar la estrategia del país, confirmó que el programa de "un bitcoin al día" impulsado por el presidente Nayib Bukele se mantiene vigente.
El mandatario reiteró que continuará acumulando BTC hasta que resulte "inasequible" con monedas fiduciarias, reforzando su visión de que el activo digital es una reserva de valor estratégica para la economía salvadoreña.
El movimiento ocurre en un contexto delicado: el FMI aprobó en febrero de 2025 una línea de crédito ampliada de u$s1.400 millones condicionada a que El Salvador limite la participación estatal en actividades relacionadas con Bitcoin.
Entre los compromisos asumidos, figura restringir la acumulación de BTC a donaciones documentadas y reducir las compras directas con fondos públicos.
Sin embargo, los registros oficiales no aclaran si las nuevas unidades provienen de adquisiciones estatales, aportes privados o simples transferencias entre billeteras controladas por el Gobierno.
La falta de transparencia sobre el origen de los bitcoins añadidos genera dudas sobre el cumplimiento de los compromisos con el FMI.
Aunque el organismo concedió una exención temporal por incumplimiento de criterios, la continuidad de la estrategia de acumulación puede tensar la relación con el Fondo y complicar futuras negociaciones financieras.
Actualmente, las reservas de El Salvador superan los u$s640 millones, aunque su valor depende de la volatilidad del mercado.
El país se mantiene como el único Estado que reconoce al Bitcoin como moneda de curso legal, una política que fue celebrada por la comunidad cripto global pero cuestionada por organismos internacionales que advierten sobre riesgos de estabilidad financiera.
Días previos, el Fondo Monetario Internacional había aprobado un desembolso inmediato de u$s138 millones para El Salvador, equivalente a u$s101,96 millones en Derechos Especiales de Giro, luego de completar la segunda y tercera revisión del acuerdo de financiamiento por hasta u$s1.400 millones.
La liberación de los fondos llegó junto con exenciones por el incumplimiento de ciertos criterios de desempeño, incluido uno vinculado con la acumulación de Bitcoin por parte del Estado salvadoreño.
Con este nuevo pago, El Salvador eleva a aproximadamente u$s690 millones los recursos recibidos bajo el acuerdo de financiamiento extendido firmado con el FMI.
El organismo destacó que el programa avanza en un contexto de fortalecimiento de las finanzas públicas, mayor transparencia y reducción de la participación estatal en actividades vinculadas con criptoactivos, a pesar de la reciente adquisición del gobierno.
El desembolso se produjo el 1 de octubre de 2026, tras la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI. La entidad precisó que los fondos quedaron disponibles de inmediato para el gobierno salvadoreño, que deberá cumplir las metas fiscales y estructurales pactadas en el programa.
El FMI reconoció que El Salvador no cumplió algunos criterios de desempeño, entre ellos el relativo a la acumulación de Bitcoin. Sin embargo, decidió conceder exenciones basadas en medidas correctivas anunciadas por las autoridades y en compromisos renovados para retomar las metas del programa.
El organismo precisó que no se contempla una mayor acumulación de Bitcoin por parte del sector público, salvo en el caso de donaciones documentadas. Según el FMI, los aumentos posteriores de las tenencias de Bitcoin reflejaron donaciones privadas documentadas, en lugar de compras financiadas por el Estado, lo que permitió que el financiamiento siguiera adelante pese a la desviación.
El acuerdo de financiamiento extendido contempla reformas fiscales, regulatorias y de gobernanza vinculadas con criptoactivos.
Entre las medidas discutidas figuran la reducción de la obligatoriedad de aceptar Bitcoin como medio de pago, la limitación de la exposición fiscal del Estado a la volatilidad de los criptoactivos y el fortalecimiento de los marcos regulatorios para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
El FMI también señaló que la participación mayoritaria en la billetera Chivo fue transferida a un operador privado.
El Salvador deberá seguir cumpliendo las metas del programa para acceder a futuros desembolsos. El FMI mantendrá la vigilancia sobre la evolución de las finanzas públicas, la exposición a criptoactivos y la implementación de reformas regulatorias.