El frente judicial internacional abierto por el colapso del token $LIBRA sumó una definición de alto impacto procesal: la Justicia de los Estados Unidos resolvió desestimar la demanda colectiva iniciada en el estado de Nueva York contra el empresario Hayden Davis, cerrando de forma definitiva ese expediente en los tribunales norteamericanos.
La resolución judicial se produjo tras rechazar de manera categórica los argumentos planteados por el grupo de inversores que litigaba en territorio estadounidense. En su fundamentación, la magistrada interviniente descartó que hubiera existido una asociación ilícita entre la empresa perteneciente a la familia Davis y la plataforma tecnológica con la que se estructuró y lanzó al mercado la criptomoneda.
Al evaluar las competencias territoriales y la procedencia de la acusación, el tribunal desestimó los cargos contra el único residente del estado de Nueva York involucrado en la presentación. Con ese apartamiento clave, la jueza determinó que la causa carecía de jurisdicción aplicable en ese fuero, decidiendo desestimar la totalidad de la denuncia y ordenar su archivo formal.
El cierre del proceso civil en los tribunales estadounidenses se apoyó en la falta de sustento técnico de la acusación colectiva:
Inexistencia de asociación ilícita: El fallo judicial descartó la hipótesis de los demandantes, que intentaban encuadrar la operatoria bajo esquemas de crimen organizado o fraude coordinado entre los desarrolladores del proyecto y las firmas intermediarias
Caída del criterio de jurisdicción: Al determinarse que no existían conductas reprochables imputables al único codemandado con residencia legal en Nueva York, la presentación perdió su anclaje territorial en ese distrito judicial
Falta de tipificación de estafa directa: La jueza convalidó la postura de que el lanzamiento del activo digital no configuró una maniobra fraudulenta bajo la normativa local, desestimando la pretensión indemnizatoria de los litigantes extranjeros
A diferencia de lo resuelto en el fuero neoyorquino, la causa penal iniciada en los tribunales federales de la Argentina sigue su propio curso de instrucción procesal.
En los tribunales de Retiro, el expediente se encuentra bajo la órbita investigativa del fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene a su cargo la recolección de pruebas sobre los movimientos de fondos y la difusión inicial del token.
La causa local atravesó recientemente cambios estructurales a partir de las decisiones tomadas por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola en la Cámara Federal porteña. Tras las medidas adoptadas por el tribunal de apelaciones que apartaron a determinados querellantes, la continuidad y el ritmo de las medidas de prueba recaen de manera directa en los requerimientos que formule la fiscalía para determinar si existieron responsabilidades penales en el país.