Bolivia se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a crear una regulación para las criptomonedas, con el objetivo de frenar la salida de capitales a través de activos virtuales.
El compromiso figura en un memorando de políticas económicas y financieras, que acompaña un crédito de u$s1.900 millones aprobado el 17 de septiembre por la Cámara de Diputados boliviana.
Qué prometió Bolivia sobre las criptomonedas y qué quedó sin definir
El memorando del Ministerio de Economía de Bolivia agrupa la supervisión de activos virtuales junto con el control cambiario y monetario, el riesgo de las pensiones y la lucha antilavado.
Sobre el mercado cripto, el texto sostiene: "Con el objetivo de mitigar riesgos de salida indebida de capitales a través de los mercados de criptoactivos, se desarrollará un marco regulatorio y de supervisión de activos virtuales robusto con el fin de frustrar filtraciones y garantizar la resiliencia financiera".
Es una promesa, no una norma: todavía no existe ley ni reglamento. El documento no define:
- Plazos: no fija una fecha para presentar las reglas
- Autoridad: no indica qué organismo supervisará el sector
- Rango legal: no aclara si será una ley, un decreto o una norma administrativa
Por qué las criptomonedas entraron en la agenda del FMI
Con dólares escasos, muchos bolivianos recurrieron a stablecoins como el USDT, un activo digital atado al dólar, para cuidar sus ahorros de la inflación, una tendencia que el propio Gobierno reconoce.
El Banco Central de Bolivia levantó en junio de 2024 la prohibición de operar con criptomonedas, y desde abril de 2026 bancos como el estatal Banco Unión y el Banco FIE ofrecen servicios con USDT.
Un estudio del Banco de Pagos Internacionales, publicado el 21 de julio de 2026 con datos de más de 130 economías, concluyó que los flujos de stablecoins reaccionan poco a los controles de capital, a diferencia de los depósitos bancarios en moneda extranjera. Ese contexto ayuda a entender el foco del memorando en la fuga de capitales.
Bolivia integra además la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, desde su compromiso político de junio de 2025. Sin embargo, según la revisión del GAFI de junio de 2026, el plan de acción vigente no menciona de forma explícita a los activos virtuales.
En julio, el entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, planteó evaluar que el USDT circule junto al boliviano y al dólar. Espinoza fue reemplazado el 25 de agosto por Christian Morales, y hasta ahora no se conocen reglas finales para ese esquema.
En qué etapa está el crédito del FMI a Bolivia
El programa que respalda el compromiso cripto dura 36 meses y se anunció como acuerdo a nivel técnico el 29 de julio de 2026 por 1.369 millones de derechos especiales de giro, unos u$s1.900 millones, bajo el Servicio Ampliado del organismo. Falta la aprobación del Directorio Ejecutivo, que depende de que Bolivia cumpla acciones previas, según el FMI.
En el plano local, la Cámara de Diputados aprobó el 17 de septiembre, por más de dos tercios, el proyecto de ley que autoriza el crédito, y ahora lo debe tratar el Senado. El ministro de Economía, Christian Morales, aseguró que los fondos reforzarán las reservas internacionales.
En qué se diferencia el camino de la Argentina
La Argentina eligió otra vía: la Comisión Nacional de Valores supervisa a los proveedores de servicios de activos virtuales, conocidos como PSAV, y no a los activos en sí.
Además, desde mayo rige la Resolución General 5804/2025, que obliga a exchanges y billeteras a informar cada mes los movimientos de sus usuarios a ARCA.
A diferencia de Bolivia, donde algunos bancos ya venden USDT, el Banco Central argentino prohíbe por ahora a las entidades ofrecer monedas digitales, según el análisis de iProUP del 7 de agosto de 2026 sobre la regulación cripto en Argentina.
El caso boliviano muestra que, con dólares escasos, las stablecoins dejan de ser solo un tema del mercado cripto y pasan a ser un asunto de política cambiaria.
